Global

Colombia registra casi 90 asesinatos de líderes sociales desde la firma de la paz

3

En la Colombia que trata de consolidar la paz tras la firma de los acuerdos con las FARC, hace 11 meses, la violencia contra los líderes sociales, activistas y representantes de las comunidades campesinas aún no se ha detenido. Desde esa fecha, el 24 de noviembre de 2016, se han registrado 89 asesinatosde defensores de los derechos humanos y 282 ataques, según cálculos de la Fundación Paz y Reconciliación.

El último se produjo el martes de esta semana en el municipio de Tumaco, en el suroeste del país, donde recrudece la guerra por el control de los cultivos de coca y el narcotráfico. La víctima fue José Jair Cortés, del Consejo Comunitario del territorio de Alto Mira y Frontera, organización que había denunciado la masacre de siete personas durante una protesta cocalera el pasado 5 de octubre por la que fueron relevados más de 100 policías. Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo repudiaron el asesinato y exigieron esclarecer lo sucedido.

La muerte de Cortés es un síntoma de la todavía precaria estabilidad del campo colombiano por dos razones. A la indefensión que sufren los líderes comunitarios se añaden en este caso las circunstancias específicas del lugar donde ocurrió. Tumaco, en el departamento de Nariño, es uno de los territorios más inestables del país. En ese puerto del Pacífico existe una disputa entre 11 grupos criminales. Entre ellos se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que acordó un alto al fuego con el Gobierno hasta enero, el cartel del Clan del Golfo y las Guerrillas unidas del Pacífico. Los otros departamentos más afectados son el Cauca, Antioquia y Caquetá, apunta Ariel Ávila, subdirector de la fundación, quien además adelantó en Caracol Radio que los responsables de la última agresión pueden ser carteles mexicanos que operan en la zona.

En este contexto, el presidente del Gobierno, Juan Manuel Santos, convocó para este jueves al Consejo Nacional de Garantías de Seguridad “para analizar los hechos que han afectado a la seguridad de líderes sociales”. Esta comisión, creada a principios de 2017 durante la primera fase de aplicación de los acuerdos de paz, está integrada por los ministros de Defensa, Interior y Justicia, el fiscal general, el procurador, el defensor del pueblo, el comandante de las Fuerzas Armadas, el director de la Policía, tres expertos y dos defensores de los derechos humanos. Su objetivo consiste en “el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores de los derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”.

El País

About the Author

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *