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Contralora pide desalojar a periodistas del Congreso de Colima antes de responder a cuestionamientos

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 A petición de la contralora general del gobierno del estado, Águeda Catalina Solano Pérez, un grupo de periodistas fue desalojado de la sala de juntas del Congreso estatal durante la cobertura de una reunión de la funcionaria con legisladores locales.

En el encuentro con Solano Pérez participaron el diputado del Revolucionario Institucional (PRI), Federico Rangel Lozano, presidente de la Comisión Permanente; la también priista Juana Andrés Rivera, así como las diputadas Verónica Torres Rolón, del Partido del Trabajo (PT); Leticia Zepeda Mesina, de Movimiento Ciudadano (MC), y Martha Leticia Sosa Govea, de Acción Nacional (PAN).

En el momento en el que la diputada panista emitió un cuestionamiento sobre las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por el presunto manejo irregular de alrededor de 36 millones de pesos, la funcionaria solicitó que antes de responder salieran de la sala los reporteros, quienes fueron instados por personal del Congreso a abandonar el lugar.

El presidente de la Comisión General de Protección Integral al Ejercicio Periodístico (Copip), Juan Carlos Flores Carrillo, uno de los reporteros afectados directamente, calificó lo ocurrido como “un hecho muy lamentable contra la libertad de expresión”.

Expuso que la funcionaria “no sólo trasgredió la división de poderes al ordenarle a los diputados el desalojo de la sala, sino que también se violó el artículo 6 constitucional y los artículos 2, 13 y 14 de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico de Colima y, para colmo, el derecho de nuestros lectores a la información de estos temas”.

En entrevista, Flores Carrillo dijo que no abona a la transparencia el hecho de que se cataloguen como privadas reuniones donde se abordan temas que por su naturaleza deben ser públicos.

Consideró que no existía justificación para la salida de los reporteros, puesto que no se iban a tocar temas de seguridad, información que pusiera en riesgo la seguridad del Estado o datos personales.

Además, el titular de la Copip lamentó que los diputados avalaran la solicitud de la contralora, e hizo notar la ausencia de un protocolo que establezca cuáles reuniones de los diputados deberán ser públicas y cuáles privadas, por lo que se deja al libre arbitrio, aunque precisó su postura de que la mayoría sean públicas.

En la próxima reunión de la Copip, señaló, se valorará la posibilidad de interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) por violación del derecho a la información, así como a las libertades de prensa y de expresión.

Por lo pronto, en la red social Facebook Francisco Arreola Medina, consejero de la CDHEC, se comprometió a solicitar a ese organismo que investigue los hechos y se tramite la queja correspondiente.

En la última intervención que alcanzaron a testificar los reporteros que cubrían la reunión en el Congreso, la diputada Martha Leticia Sosa Govea pidió a la funcionaria una explicación sobre las irregularidades detectadas por la ASF en el manejo de 36 millones de pesos por parte del gobierno estatal, en el que se desembolsaron pagos a funcionarios que no tienen perfil académico, así como compra de equipo de cómputo que no apareció.

Asimismo, recursos económicos no reintegrados; casi 10 millones de pesos por la remodelación de la unidad deportiva Morelos, donde no hubo acta de entrega-recepción, e irregularidades por 6 millones de pesos por falta de documentación a 45 trabajadores que cobraron y no laboraron.

Antes de responder, Águeda Catalina Solano condicionó el desalojo de los representantes de los medios de comunicación.

Proceso

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