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Costa Rica encara la cuarta semana de huelga en el sector público sin acuerdo a la vista

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El Gobierno de Costa Rica y los sindicatos del sector público han fracasado este domingo en el último intento por alcanzar un acuerdo que ponga final a la huelga más larga que vive el país centroamericano en casi dos décadas. El movimiento de protesta cumplirá a primera hora del lunes tres semanas, con alteraciones en los servicios estatales y pérdidas aún sin determinar en el principal motor de la economía tica -el turismo-.

Los dirigentes sindicales han rechazado en las últimas horas el acuerdo preliminar anunciado en la madrugada del sábado junto a una comisión designada por el presidente Carlos Alvarado (centroizquierda) y que había contado con la Iglesia católica como intermediario para facilitar el acercamiento entre ambas partes. El documento mencionaba el fin de la huelga y la apertura de negociaciones paralelas a la reforma fiscal, pero una mayoría de bases gremiales insisten en que el Ejecutivo debe desistir del proyecto que impulsa en el Congreso para enfrentar la mayor crisis fiscal desde 1980. Las agrupaciones de trabajadores hospitalarios sí avalaron el acuerdo, pero el bloque sindical intenta mantenerse unido en su pulso con el Gobierno, que, a su vez, cuenta con el apoyo de parte de la oposición.

Aunque la huelga no ha paralizado todos los servicios públicos ni la actividad económica en su conjunto, sí ha afectado al día a día de miles de estudiantes de centros estatales, de asegurados que perdieron citas médicas y de operaciones programadas desde tiempo atrás. También hay ciudadanos perjudicados por los bloqueos intermitentes en las calles en distintos puntos del país e importantes sectores económicos golpeados en proporciones que ni los empresarios ni el Gobierno han dimensionado aún.

Daño al turismo

Uno de los sectores más afectados es el turismo, auténtica joya de la economía costarricense: de él depende más de uno de cada cuatro trabajadores. Hasta la fecha, las pérdidas en ese sector rondan los tres millones de dólares, según los cálculos de Sary Valverde, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), en declaraciones a EL PAÍS. Los ingresos, siempre según sus cifras, han caído hasta en un 20% en hoteles, restaurantes y tours.

La empresa de cruceros Celebrity ha descartado atracar en la costa del Pacífico tico. Otros dos cruceros en el Caribe sí lo han hecho, pero sus pasajeros han tenido que salir del puerto escoltados por la policía. “Se pregunta uno si esta es la imagen que se querían llevar los turistas sobre nuestro país. Es un golpe fuerte para una industria clave. Esperemos que no afecte la temporada alta que empieza en noviembre”, dijo Valverde sobre el sector que representa el 40% de las exportaciones y que preveía registrar un crecimiento del 5% este año. Esa previsión queda en cuarentena ante la disrupción ocasionada en las tres últimas semanas.

La Cámara Costarricense de la Construcción informó el viernes del despido de 300 trabajadores por parte de sus empresas asociadas, ante el parón provocado por las dificultades para conseguir la materia prima necesaria para la elaboración del asfalto. Las alteraciones en los puertos también preocupan a los productores de piña, fruta de la cual Costa Rica es el mayor exportador del mundo. El presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, acusó a los sindicatos de afectar el funcionamiento del país solo para defender los “privilegios” de los trabajadores públicos, dada la política de recorte de gastos que contiene la reforma fiscal.

Aunque los sindicatos no lograron paralizar el país como se lo propusieron, la huelga sí ha provocado alteraciones en distintos puntos del país. Durante la primera semana de paros, en el Caribe se registraron actos vandálicos que la Policía atribuyó al clima de inestabilidad provocado por la huelga. El Gobierno también denunció el intento de sabotaje del servicio en la empresa estatal de combustibles (Refinadora Costarricense de Petróleo, Recope) y los trastornos también han afectado al transporte y han provocado, puntualmente, desabastecimiento en algunas gasolineras.

Recope es una de las cinco instituciones en las que más apoyo ha tenido la huelga, junto a los maestros, trabajadores de los hospitales, el Instituto Costarricense de Electricidad -aunque no se interrumpió el suministro- y la entidad que administra los puertos del Caribe, que han tenido que ser controlados por las fuerzas de seguridad para evitar interrupciones en la llegada de productos al país. Los porcentajes de apoyo a la huelga varían mucho entre la versión sindical y la gubernamental.

Tijeretazo fiscal

“Estamos unidos. Lo que recibimos esta tarde fue un plantón del Gobierno, que salió huyendo”, dijo este domingo Albino Vargas, un veterano dirigente sindical que acusa al presidente Alvarado de estar “secuestrado por los neoliberales”. Fuentes del Gobierno dudan de la capacidad del bloque sindical de sostener unido la huelga por mucho tiempo más y cuestionan el liderazgo de los dirigentes y su intención real de diálogo. “Lo que sigue es que la reforma fiscal siga avanzando con toda la fuerza en la Asamblea Legislativa porque necesitamos sanear las finanzas”, afirmó la ministra de Planificación, Pilar Garrido.

El Ejecutivo considera indispensable aprobar en octubre el proyecto de estabilización de las finanzas públicas para frenar el crecimiento de la deuda (que ya supera el 50% del PIB). El proyecto legislativo aportaría unos 390.000 millones de colones (casi 680 millones de dólares), un tercio de lo necesario para dejar en cero el hoy abultado déficit fiscal, del 7% del PIB. La reforma propone un aumento de la carga fiscal y un fuerte recorte del gasto que pasa por limitar el crecimiento del salario de un buen número de trabajadores estatales (el 15% de la fuerza laboral). Este tijeretazo, junto con la puesta en marcha de un impuesto del 1% a varios productos de la canasta básica son los principales motivos aducidos para los paros.

La huelga tuvo el apoyo del único diputado de izquierda, José María Villalta (Frente Amplio) y despertó también simpatías en el Partido Restauración Nacional (PRN), de base religiosa evangélica y convertida en tercera fuerza política en el Legislativo tras las pasadas elecciones. Sostienen que la reforma golpeará más a la clase media y a quienes viven por debajo del umbral de la pobreza (uno de cada cinco costarricenses). El Gobierno, por su parte, remarca que 80 de cada 100 colones recaudados por el fisco con este proyecto provendrán de los sectores más acaudalados.

Préstamo de emergencia

Alvarado, que llegó al poder en mayo con el progresista Partido Acción Ciudadana (PAC), gobierna con un equipo económico más cercano a las tesis de mercado. Para sacar adelante el plan fiscal cuenta con el apoyo de las fuerzas tradicionales: Liberación Nacional (PLN, la mayor bancada legislativa) y Unidad Social Cristiana (PUSC).

La aprobación definitiva del paquete fiscal, sin embargo, aún depende de la posibilidad de aumentar la carga fiscal que recae sobre grandes empresas o cooperativas. La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, admite que la reforma es “insuficiente” e imperfecta, pero insiste en que es necesaria por los ingresos que daría al fisco y por la señal de saneamiento financiero ante los mercados internacionales, que han elevado el interés que exigen a Costa Rica ante la creciente desconfianza sobre el estado de las cuentas públicas.

Ante la falta de liquidez, el Gobierno firmó el miércoles un préstamo de emergencia de 860 millones de dólares con el banco central tico. El crédito, por tres meses, obliga a Costa Rica a emitir moneda y pone, de esa forma, en entredicho la estabilidad de precios y el tipo de cambio. “Estoy comprometido a hacer absolutamente todo lo necesario para evitar una crisis económica”, dijo el martes el presidente Alvarado, consciente de que ciertos sectores temen llegar a una situación como la que hoy atraviesa Argentina o como la que vivió la propia Costa Rica en la década de los ochenta, cuando la pobreza se disparó hasta el 40% de la población.

El País

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