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El exnegociador de las FARC en paradero desconocido critica el desarme de la guerrilla

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Negoció los acuerdos de paz con el Estado colombiano. Fue el número dos de las FARC y su figura pública más relevante junto con Rodrigo Londoño, Timochenko.Hoy Iván Márquez, en paradero desconocido desde agosto, se arrepiente del paso más trascendental de ese proceso, el abandono de las armas, y critica los términos del desarme. En una carta, suscrita también por otro excomandante de la antigua guerrilla, Óscar Montero, El Paisa, acusa a las autoridades de “traicionar” lo pactado y demuestra haberse alejado de la disciplina del partido político nacido de la organización insurgente, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

“El acuerdo tuvo una falla estructural que pesa como pirámide egipcia que fue haber firmado, primero, la dejación de las armas, sin haber acordado antes los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros”, se lee en la misiva, remitida el pasado 22 de septiembre a la Comisión de Paz del Senado y conocida ahora.  “Ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe del Gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda Vélez [Tirofijo, cofundador de las FARC] siempre nos había advertido de que las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos”.

Márquez, que renunció a asumir su acta de senador a pesar de que los acuerdos garantizan a la formación 10 escaños durante dos legislaturas, mezcla algunas acusaciones concretas con soflamas genéricas. Rechaza la detención del excomandante de Jesús Santrich, a la espera de extradición a Estados Unidos por un delito de narcotráfico. Afirma que el proceso “fue destrozado por depredadores sin alma”, aunque dice mantener su compromiso con la paz. Ataca al expresidente Juan Manuel Santos. Trata incluso de hacer propia la causa de los defensores de los derechos humanos y líderes sociales, víctimas de un goteo de asesinatos sobre todo en las zonas rurales donde el Estado aún no ha logrado imponerse. Pero sus palabras sobre el desarme son el reflejo más preocupante del camino que, al menos por el momento, ha decidido emprender.

A finales de junio de 2017, la guerrilla más antigua de América escenificó su adiós a las armas después de más de medio siglo de conflicto, 220.000 muertos y seis millones de desplazados. Ese fue el aspecto más delicado de la negociación, también en el plano psicológico. En el horror de la guerra el fusil encarnaba para muchos combatientes, que a menudo habían nacido dentro de la organización y no conocían otra realidad, una suerte de seña de identidad. La noche del 27 de junio, en el campamento de Mesetas, en el centro de Colombia, se respiraba un clima de expectación y cambio de época.

Más de un año después, las FARC son un partido político, han entrado en las instituciones, cerca de 13.000 exguerrilleros han comenzado su reinserción en la sociedad. La aplicación de los acuerdos ha estado rodeada de obstáculos, retrasos, hay grupos disidentes que se han convertido en mafias de narcotraficantes a secas. Con todo, el nuevo mandatario, Iván Duque, asegura que está comprometido con el proceso de paz, aunque a medio plazo planea algunas modificaciones.

El Gobierno recordó el martes a Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín, y a El Paisa, que ambos “están en deuda con la Justicia Especial para la Paz (JEP), que preguntó sobre su compromiso o no de continuar con los acuerdos”. Así se pronunció el Alto Comisionado Miguel Ceballos. “Si bien ellos dan un primer testimonio de querer continuar con el proceso, es muy importante que le contesten al juez natural que es la JEP”, continuó en referencia al tribunal encargado de juzgar los crímenes del conflicto armado. “Ya hay ocho de ellos posesionados en el Congreso, y esas personas representan a un partido político, que merece el respeto de sus propios miembros, en este caso de Iván Márquez y alias El paisa, quienes no manifiestan si van a seguir haciendo parte de ese partido”.

La dirección de la FARC manifestó que “en la carta se expresan opiniones personales legítimas, con las que se puede o no estar de acuerdo” y rechaza “la matriz de opinión sobre su presunta salida del acuerdo”. El partido, no obstante, se desmarca de la carta y señala que la implementación de los acuerdos está marcada por “avances indiscutibles, alteraciones sustanciales e incumplimientos manifiestos”. “No son posibles aún”, considera la formación, “dictámenes definitivos a la luz de los balances sobre los resultados arrojados por la fase de implementación temprana; hay espacio político y tiempo histórico para continuar la brega por la materialización efectiva de lo acordado”.

El País

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