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El Gobierno francés corre en auxilio del castigado monopolio de EDF

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Al gigante monopolio de Electricité de France (EDF) se le ven ya enteros los pies de barro. Eso opinan los analistas y los inversores, que este lunes han castigado la acción hasta derrumbarse el 11%. Ha sido la reacción inmediata al anuncio del pasado viernes de ampliar su capital en 4.000 millones de euros, de los que 3.000 se hará cargo el Estado, que posee el 85% de la propiedad. Con una deuda de 37.000 millones y sin una estrategia a largo plazo, los analistas sostienen que la ampliación solo resuelve el problema para tres años, solo suficiente para que las agencias de calificación no la vapuleen también.

En EDF, el 90% de los votos de su Consejo de Administración los controla el Estado. Y seis de sus 18 miembros pertenecen a los sindicatos, lo que origina complejas negociaciones previas a cada decisión. Son dos datos de un “modelo que no es sostenible en el futuro”, comenta por teléfono el colombiano Juan Camilo Rodríguez, analista de Alphavalue y experto en el sector energético francés. Por eso, la ampliación “es solo un arreglo a corto plazo, pero no aborda los problemas de profundidad”.

Además de la estructura accionarial, el modo de funcionamiento y la deuda, los problemas para EDF residen en las constantes bajadas de los precios de la electricidad. Han bajado en un año de 40 euros por megavatio a 29. Para que el monopolio francés no pierda, el precio mínimo debe subir a 50 euros, pero en el próximo quinquenio ocurrirá lo contrario: seguirá bajando en toda Europa porque disminuirá la demanda, como coinciden en augurar todos los expertos.

Otra gran incertidumbre es el brazo nuclear de EDF. La compañía gestiona los 58 reactores instalados en el país más nuclearizado del mundo. Exigen un gasto enorme de mantenimiento y modernización, cuando el futuro del parque está sometido a debate. Este mismo lunes, el presidente François Hollande ha dicho que EDF tendrá que proponer en dos años “el cierre de algunas centrales” y “la prórroga de otras” porque Francia se ha obligado a reducir al 50% su producción nuclear de aquí a 2025.

Pero aún es más grave estratégica y financieramente el desarrollo futuro del sector atómico francés –con sus armas nucleares de fondo- que incide directamente en el porvenir de EDF. La apuesta del gigante es el desarrollo del reactor de tercera generación EPR (European Pressure Reactor), mucho más potente que los actuales, pero el doble de caro…si un día llega a funcionar. La nuclear Areva, que pronto pasará bajo control de EDF tras registrar pérdidas de 5.000 millones anuales, lleva intentándolo en Finlandia con ocho años de retraso y una inversión de 10.000 millones (el presupuesto inicial fue de 3.000).

EDF también ha querido intentarlo, porque del futuro del EPR depende también el futuro de la presencia de Francia en proyectos atómicos en Polonia, India, Egipto, Arabia Saudí o Latinoamérica. Pero para eso tiene que salirle bien un contrato firmado en 2009 con Reino Unido para construir dos EPR en Henkley Point por 24.000 millones de euros.

Las tensiones internas que ha despertado este megaproyecto se acaban de cobrar la cabeza de Thomas Piquemal, desde hace seis años director ejecutivo de finanzas del grupo. “La empresa no tiene medios para financiar el proyecto. Debiera renunciar”, asegura Juan Camilo Rodríguez, como otros expertos del sector.

El Estado, por el contrario, quiere seguir a toda costa. Francia se juega mucho en ello. “¿Qué dirían otros países como India, África del Sur o Polonia que desean lanzar su programa nuclear? Dejaríamos la vía libre a nuestros competidores americanos, chinos o rusos. ¿Y con qué conocimientos renovaríamos nuestro propio parque nuclear?”, se pregunta el ministro de Economía, Emmanuel Macron, en una entrevista con Le Journal du Dimanche.

Ha sido precisamente Macron el que ha diseñado la ampliación de capital de EDF. Los 3.000 euros del Estado procederán de su renuncia a dividendos durante dos años y de parte de la privatización de los aeropuertos de Niza y Lyon. A cambio, la compañía tendrá que reducir sus gastos de explotación en mil millones y rebajar de 12.500 a 10.500 sus planes de inversiones.

Los recortes no incluyen nuevos despidos a sumar a los 3.300 anunciados en enero. Al menos eso ha prometido este lunes el presidente de la compañía, Jean-Bernard Lévy. El líder de Fuerza Obrera, Jean-Claude Mailly, uno de los sindicatos sentados en el Consejo de Administración, le ha dicho que la ampliación es “una buena noticia”, pero que vigilará para que los empleados no resulten perjudicados en nada.

Fuente: El País

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