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En la muerte de niños de cáncer, la COFEPRIS actúo con dolo

Silvia Núñez

Fuer de Foco
Silvia Nuñez

El crimen que tanto Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa perpetraron en contra de enfermos de cáncer y de sida, perpetraron al engañarlos con medicamentos y pruebas de VIH-Sida falsos, ha desatado a nivel nacional y local una serie de señalamientos en contra de ambos. Estos hechos ha originado que la perredista, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, haya exigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores que actúe contra el ex gobernador, quien habría comprado medicamentos falsos durante su administración.

La legisladora reveló que acuerdo a información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual ha argumentado que una de cada 10 muertes por cáncer en el país, se presentan en el estado de Veracruz, resultado que habla de la magnitud del problema que ha enfrentado la entidad a causa de la falsificación de medicamentos.

Por este hecho, es su exigencia de que se actúe en contra del ex gobernador de Veracruz, quien funge actualmente como cónsul de Barcelona, para que sea destituido de ese cargo y sea regresado al país para que responda a las imputaciones que ha hecho en su contra que el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares.

El hecho es un verdadero acto criminal, perpetrado por mentes realmente enfermas. El problema amable lector, es que al parecer este acto no es privativo del estado de Veracruz, sino que según el ex farmacéutico veracruzano y propietario de las extintas Farmacias Las Torres, Sergio Torres Marín, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) -quien es la encargada de “ejercer” las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario- no tan sólo ha tenido conocimiento de los actos de corrupción de estos dos activos delincuentes –quienes han tenido acceso al poder logrando administrar el estado de Veracruz- sino que también ha participado en ello activamente.

En su cuenta de Facebook, el empresario denunció que en la administración de Fidel Herrera Beltrán, él fue proveedor de la Secretaría de Salud (SESVER) y derivado de ello, el estado le adeuda 40 millones de pesos, los cuales le iban siendo finiquitados a “paguitos” y con el respectivo “moche” del 35 por ciento si quería que el dinero le fuera pagado en efectivo. El gobierno estatal se quedaba con sus cheques nominativos y los cobraban completos. Pero cuando le debían 10 millones de pesos, Herrera Beltrán decidió ya no pagarle. Como parte de su estrategia de no pago, el ex gobernante ordenó una serie de acciones en su contra y logrando con ello, la quiebra absoluta de sus 45 farmacias, de las cuales tenía sucursales en la conurbación Veracruz-Boca del Río y Xalapa-.

La historia se cuenta sola, el empresario fue literalmente acorralado y con anuencia de la COFEPRIS, lo acusaron de mercantilizar medicamentos falsos y además, aleccionaron a la Casa Saba –empresa distribuidora de productos médicos, con la cual había solicitado un préstamo en el 2011 de 20 millones de pesos y a la cual la había firmado un pagaré en blanco- para que le exigiera la devolución del préstamo. Eran 50 millones de pesos los que Casa Saba argumentaba le debía el empresario. Como el estado de Fidel Herrera le debía dinero, no pudo pagarles originando el embargo de sus establecimientos farmacéuticos.

Esta historia pese a ser ajena del tema de la clonación de medicamentos y pruebas de VIH-Sida –aparentemente pero al final parte de lo mismo- nos sirve de evidencia de la forma como operaban tanto gobierno del estado de las dos administraciones anteriores y la COFEPRIS. Se hermanaron para cometer actos de corrupción de miles de millones de pesos y así, no tan sólo utilizar indebidamente el dinero etiquetado para el sector salud, sino hasta cometer la canallada de sustituir medicamentos con agua destilada para ser utilizados en el tratamiento de los niños con cáncer y llevar a cabo campañas de pruebas VIH-Sida inservibles. También nos sirve para recordar que quien fungía como secretario de Finanzas y Planeación en el período de Herrera, era Javier Duarte de Ochoa, por lo tanto, le toca doble penalización por sus actos de corrupción cometidos en ambos gobiernos.

En entrevista “banquetera” el día de hoy en los bajos del ayuntamiento de Veracruz, el gobernador del estado, notificó a los medios de comunicación que la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ya fue formalmente interpuesta por parte del secretario de Salud, Arturo Hiram Suárez Villa en contra de Fidel Herrera Beltrán, de Javier Duarte de Ochoa, de todos los secretarios y directores que fungieron como tal en ambas administraciones y todos, pero absolutamente todos, los que se hayan involucrado en la cobarde y siniestra operación de clonación de medicamentos y falsificación de pruebas de VIH-Sida. Aclaró, que esto incluye a Antonio Nemi Dib, quien actualmente se encuentra argumentando que ya lo había denunciado permitiendo que se esté dando “baños de pureza”, cuando todos conocemos su habilidad de desviar recursos del erario público a sus bolsillos, al grado de hasta instalar un medio de comunicación –súper equipado- llamado RadioVer y que automáticamente cerró en junio del 2016, después de enterarse del cambio de gobierno. Obviamente sabía que no podría obtener “jugosos” recursos para poder sostener el medio de comunicación “oficialista”, el cual en el gobierno de Javier Duarte, recibía un cuantioso convenio.

La demanda además, tendría que incluir a las empresas que se dedicaron a clonar y a distribuir pruebas de VIH-Sida inservibles, las cuales además no estaban especializadas en el tema de salud, sino que se dedican potencialmente a la importación de semillas y la maquila de textiles –ropa-. También a los controladores, quienes extrañamente jamás vieron los actos de corrupción de sus jefes.

Al parecer, con este hecho, abre la puerta para conocer los actos de descomposición de la COFEPRIS y la manera de cómo se ha desempeñado desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Esta dependencia es un órgano desconcentrado con autonomía administrativa y el comisionado es designado por el presidente de la República, pero propuesto por el secretario de Salud federal, por lo tanto, sus negligencias e incapacidades, seguramente fueron ordenadas y con conocimiento del propio gobierno federal y del presidente.

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