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La crisis del PRI, en voz de varios: EPN pagó favores a los Duarte, a Borge, a Moreira, y ahora lo paga

Peña Nieto

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está en crisis. El saldo de la elección del pasado 5 de junio en siete estados motivó la salida del anterior dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y su reemplazo con el ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, considerado un “desconocido” que tuvo que empezar a recorrer México para presentarse a la militancia.

Los resultados de los comicios, si bien previstos como complicados, sorprendieron aun así tanto en el Comité Ejecutivo Nacional del partido como en la Presidencia de la República, donde todavía hasta las seis de la tarde de ese domingo las encuestas de salida y los datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) les permitían esperar al menos nueve victorias.

Luego llegaron las noticias de las derrotas en Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Aguascalientes y Puebla, que fueron siete de las 12 entidades en disputa y, las cuatro primeras, lugares donde el Revolucionario Institucional no había perdido en sus más de 80 años de historia.

Para el CEN anterior, la principal causa de la debacle fue clara: hubo un castigo por parte de los electores, sobre todo a los gobernadores priistas con los más conocidos casos de corrupción y endeudamiento de las finanzas públicas, como Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz; César Duarte Jáquez, en Chihuahua, y Roberto Borge Angulo, en Quintana Roo.

El caso de Veracruz, sobre todo, ilustró el fracaso de la estrategia de la anterior dirigencia nacional para tratar de evitar las pérdidas y distanciarse de Duarte de Ochoa cuando, en febrero pasado, se promovió que el mandatario tomara licencia.

“Pero ¿qué pasó? Vino a Los Pinos, alegó lo que a su parte consideró y se quedó en su cargo, y nos hizo todo el daño que nos tenía que hacer”, dice una fuente del Comité Ejecutivo Nacional.

El motivo de esa falta de sanciones, plantea el entrevistado, es el “compromiso económico” que le generó al actual Presidente Enrique Peña Nieto el financiamiento de su campaña en 2012 en esos y otros estados –distinguidos también por el aumento en sus deudas públicas.

“Un grupo de priístas, empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la corrupción”, agrega la fuente consultada, quien narró la percepción de una parte de la dirigencia nacional con la condición de no ser citada.

La Comisión Nacional de Justicia del PRI recibió el mes pasado una solicitud para suspender los derechos políticos a los tres gobernadores más problemáticos (los dos Duarte y Borge); procedimiento considerado por la anterior presidencia partidista como parte del trabajo necesario para, ahora sí, tratar de marcar distancia antes de la elección de 2018.

La nueva dirigencia del tricolor, sin embargo, no ha dado respuesta. Por lo que, de continuar sin prevenir de nuevo un castigo de los electores por las constantes denuncias de corrupción, consideran priistas consultados, lo que les espera es la derrota en la elección presidencial de 2018.

El PRI se convirtió en un partido “de gobernadores” a partir de 2000, cuando perdió por primera vez la Presidencia de la República y quedó vacío el espacio de la figura central que históricamente controló a esa institución política.

De acuerdo con el historiador del Colegio de México (Colmex), Lorenzo Meyer Cossío, esta ausencia de un poder central priísta se combinó con la debilidad de las presidencias de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, incapaces de controlar la creciente corrupción de los gobernadores.

“Como el cambio en el 2000 significó, entre otras cosas, una Presidencia relativamente débil, que tuvo que pactar mucho con los gobernadores, y los gobernadores, de ser personas encargadas del Poder Ejecutivo a nombre del Presidente, se convirtieron en los auténticos jefes, sobre todo en estados donde no había habido transición, donde seguía siendo el PRI el único partido”, explica Meyer Cossío.

Con ese poder los encontró la renovación por la Presidencia de la República en 2012, cuando mandatarios como los Duarte tenían dos años en el cargo y cerraron filas alrededor del entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

“Y ahí se combinó el fracaso de Fox y luego de Calderón, el fracaso de la transición, con estos gobernadores fuertes que aguantaron el embate y se lanzaron a la recuperación del poder (en 2012)”, explicó el historiador en marzo pasado, con motivo del 87 aniversario del tricolor.

Después de la recuperación de la Presidencia, Peña Nieto debía equilibrar el poder entre las diferentes facciones, como los antiguos liderazgos y los integrantes de su equipo. Pero, en opinión del priista Esteban Ruiz Carballido, quien acaba de impugnar la designación de Enrique Ochoa Reza como dirigente nacional, este equilibrio no se dio y el mexiquense se rodeó casi únicamente de integrantes de su viejo círculo en el Estado de México y de ex mandatarios cercanos, como el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, hoy Secretario de Gobernación.

Pese a esta falta de equilibrios, y aun después del escándalo por la adquisición de la “casa blanca” presidencial y la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, el PRI logró mantener la mayoría en el Congreso en la elección federal intermedia de 2015.

“Pero viene la elección de 2016, y se vuelve muy complicado”, dice Ruiz Carballido. “En tres estados [Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo] donde los gobernadores son muy cuestionados por la corrupción; Tamaulipas, un estado muy castigado por la delincuencia organizada, que era imposible que el PRI sostuviera”, agrega.

Los triunfos del PRI en entidades que había perdido sexenios anteriores, como Sinaloa, que en junio pasado le ganó al PAN, o Oaxaca, que tenía una alianza de cuatro partidos, exponen, de acuerdo con diversos análisis, que el electorado mexicano “castigó” a los partidos que los gobernaban, y no únicamente al tricolor. En algunas entidades, el PRI perdió incluso contra ex priistas, como el hoy Gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, postulado por una alianza PAN-PRD y que, suponen las mediciones del tricolor, les arrancaron incluso los votos considerados “duros”, como los de la burocracia estatal.

Aun así, Beltrones Rivera –ex Gobernador de Sonora, ex legislador y cercano al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– anunció su salida de la dirigencia nacional el 20 de junio pasado y, en su mensaje, aludió al “castigo” recibido en el PRI por los casos de corrupción de los gobernadores.

“Es imprescindible, diría que es urgente y prioritario, que reforcemos la rendición de cuentas de los servidores públicos, legisladores y gobernantes que emanan de las filas del PRI, que oigamos y atendamos las demandas de castigo a la corrupción y a la impunidad”, dijo Beltrones en su posicionamiento ante la Comisión Política priísta.

“Requerimos hacer efectivo el papel político del partido como vigilante de la gestión de los Gobiernos priistas, con facultades estatutarias para actuar con determinación y a tiempo para reconocer y premiar aciertos; corregir errores y sancionar conductas irresponsables”, agregó.

Tres semanas después, el entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, renunció su cargo y, el 12 de julio, fue nombrado nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a través de una convocatoria impugnada por diversos militantes.

“El presidente del PRI renuncia y la lógica no se impone; la lógica de que tendría que venir un cuadro priista, muy reconocido, de amplia trayectoria, a tratar de darle equilibrios al PRI, que pudiera venir a aglutinar a todos los grupos del PRI que andamos sueltos, no se da”, dice Ruiz Carballido.

“Y se sacan de la manga a un personaje no conocido en el PRI, sin trayectoria ni experiencia en el ámbito partidista y, lo más grave, que es la parte de la impugnación, con un registro proveniente de una convocatoria viciada y sin cumplir él mismo con un número de requisitos”, agrega.

Ochoa Reza –quien se propuso recorrer las 32 entidades en 100 días– ha enfocado parte de su actual mensaje en el combate a la corrupción e incluso el día de su toma de posesión dedicó la última parte de su discurso a “reflexionar” sobre el daño que los saqueos y la impunidad le habían hecho al partido.

“No cabe duda que el elemento más adverso a la clase política hoy en México son las acusaciones de corrupción y de impunidad”, dijo Ochoa Reza desde el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede priista.

“Cuando uno de nuestros militantes le falla a la sociedad y se corrompe, lastima profundamente al partido y a todo el resto de sus militantes y simpatizantes; nos lastima a todos. Es inaceptable tapar el sol con un dedo, debemos reaccionar. El PRI tiene que ser garante de la honestidad de sus gobiernos. Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización, incluso su destitución”, agregó.

En el círculo de Manlio Fabio Beltrones –que aún busca la candidatura presidencial– el discurso de Ochoa Reza, sin embargo, no es suficiente. Quieren que, antes de 2018, haya una estrategia de control de daños que incluya más que la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el “blindaje” de Roberto Borge.

El PRI, comenta la fuente del CEN consultada, podría colaborar en el mismo propósito procesando la denuncia interpuesta el pasado 20 de julio por una corriente que pidió la suspensión de derechos como militantes priistas a Duarte de Ochoa, Duarte Jáquez y Borge Angulo. Denuncia que, en cambio, se encuentra sin avances debido al alto “nivel” de los acusados.

Sin Embargo

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