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La noción de “sexenio fallido” no es gratis: se ganó palmo a palmo, y con oídos sordos: analistas

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Tache en deporte –Río 2016 lo muestra–, en seguridad, en economía, en derechos humanos, en transparencia, en rendición de cuentas, en promesas cumplidas. Mal, también, en las encuestas: el Presidente sale en los sótanos. En la antesala del Cuarto Informe de Gobierno, especialistas y académicos interpretan que la desilusión de la ciudadanía, expresada en esos bajos índices de popularidad de Enrique Peña Nieto, se debe a su poca efectividad para resolver problemas que afectan a las mayorías. Las reformas estructurales, 13 en total, no mejoraron las condiciones de vida de los mexicanos. Además, los índices la criminalidad superan ya los registrados por la administración de Felipe Calderón Hinojosa, y los señalamientos por corrupción y conflictos de interés han sido la insignia de la cúpula en el Gobierno federal.

En el abanderamiento de la Delegación Tricolor que participa en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el Presidente Enrique Peña Nieto les dio una encomienda a los atletas: llegar ante los ojos del mundo la “transformación de México”.

A seis días de que acaben las olimpiadas, los resultados hablan de un fracaso casi total –Misael Rodríguez se apuntó ya para una medalla– de la delegación mexicana. Una derrota muy parecida a la que Peña Nieto resiente en su propia persona, de acuerdo con las encuestas: es el Presidente peor calificado desde que se tienen encuestas.

“Ustedes proyectarán, justamente, mucho de este proceso de transformación que México está viviendo. Y, repito, que no parte sólo de una iniciativa tomada por el gobierno, sino más bien de la propia sociedad, que siempre se propone superar condiciones, superar estadios y llegar a un país que depare a su población siempre mejores condiciones”, dijo Peña, el 15 de julio pasado.
El caso de las Olimpiadas de Río le han valido nuevas críticas a un Gobierno federal ya dañado por las críticas de corrupción, y éstas ahora surgen también desde los rubros de presupuesto deportivo. La decisión presidencial de poner a Alfredo Castillo Cervantes al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no ha sido vista con buenos ojos por los propios atletas. Castillo Cervantes llevó a Río a su pareja, que apareció en fotografías con el uniforme de la Delegación Mexicana, de la reconocida marca Hugo Boss.

Si bien Castillo salió a justificar que la presencia de su acompañante fue por motivos laborales, las secuelas de su mal desempeño han incidido para que los deportistas ejecuten sus disciplinas en malas condiciones. Al país aún le quedan nueve deportistas para conseguir una presea. No obstante, no hay indicios de que la Delegación olímpica mexicana pueda evitar su peor papel de la historia, y finalice con la posible ausencia de medallas.

La arquera Aida Román apuntó que los competidores en Río se vieron atrapados entre las disputas del Comité Olímpico y la Conade, “es un divorcio y nosotros estamos en medio”, dijo. E insinuó que Castillo ocupó un lugar en la delegación para una acompañante, en vez de permitir la llegada de personal deportivo: “Fácilmente hubiera estado un preparador o un fisioterapeuta que realmente necesitaba esa acreditación”, criticó.

Pero los malos resultados aparecen más allá de los deportes.

El Presidente Enrique Peña Nieto enfrenta una crisis de impopularidad a tres años y nueve meses del inicio de su Gobierno. Especialistas apuntaron que la ineficacia de esta administración para resolver asuntos que le interesan a la mayoría ha derivado en ingobernabilidad y falta de confianza en las autoridades.

Distintas encuestas han puesto en entredicho al máximo mandatario del país, al ubicarlo como el más impopular desde el Gobierno del ex Presidente Ernesto Zedillo, antes de que presente su Cuarto Informe de Gobierno en unas semanas. La última, publicada hace tres días por el Grupo Reforma, reflejó la desaprobación del 74 por ciento de los mexicanos a la manera en que Peña Nieto realiza su trabajo.

“El Gobierno federal va a dar un informe y a presumir las leyes del [Sistema Nacional] Anticorrupción, pero yo creo que la situación del Gobierno de la República es cada día más desastrosa. No se ve que este sistema vaya a combatir la corrupción de verdad”, dijo José Reyes Campillo, profesor del departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Consiente de que la corrupción se ha colocado en boca de la ciudadanía, el Presidente Peña Nieto pidió perdón el 18 de julio por la fuerte controversia que desató la “Casa Blanca”, una propiedad habitada por su familia, construida por uno de los principales contratistas del Estado, Grupo Higa.

El Presidente negó que hubieran ilegalidades con relación a la adquisición que hizo su esposa Angélica Rivera de esa propiedad. Sin embargo, reconoció el daño a su imagen y a su familia. “Tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio Presidente de la República. En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada ‘casa blanca’ causó gran indignación”, recordó.

Esta semana la pareja presidencial reincidió en una escándalo por un inmueble, esta vez en Miami: El departamento 404 del Ocean Club en Key Biscayne, que ha sido prestado a la pareja presidencial por el empresario mexicano Ricardo Pierdant, quien se dice ser amigo de Peña.

El empresario no sólo presta su inmueble, sino que incluso pagó el primer año de los impuestos de otro departamento de Angélica Rivera.

“La Primera Dama Angélica Rivera ha reconocido anteriormente que compró la unidad 304 del mismo edificio en 2005 por 1.8 millones, pero no se había revelado el arreglo con Pierdant. Ella compró su departamento con un crédito bancario en 2005, mientras estaba casada con el productor televisivo José Alberto Castro. Aunque el acuerdo con el banco le permitía hacer pagos en cuotas por la propiedad hasta 2035, liquidó los 1.3 millones que le restaban de adeudo en 2011, dos meses después de haber contraído matrimonio con Peña Nieto”, dice una investigación de Univisión.

El mes pasado el Congreso aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) un compendio de siete leyes que buscarán mermar la incidencia de la corrupción, sin embargo, los académicos consultados se mostraron escépticos de que pueda dar resultados a gran escala. Se estima que la corrupción le cuesta a México el 15 por ciento del Producto Interno Bruto, de acuerdo con un informe del Banco de México del 2015.

LA INSEGURIDAD

La inseguridad es una de las demandas más generalizadas de la población en México. Y crímenes de lesa humanidad como las desapariciones, feminicidios y homicidios han cobrado auge con la administración peñista.

El mandatario suma más desaparecidos en tres años y cuatro meses que todo el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Bajo el periodo de la administración actual 13 mil 771 personas han sido desaparecidas, 299 más en comparación con las registradas durante toda la gestión de Calderón, indican las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).

En el caso de los homicidios, aumentaron en los primeros seis meses del año en 3.7 por ciento con relación al mismo intervalo del año pasado. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 16 mil 800 averiguaciones previas por homicidio entre enero y junio de este año.

Se estima que en México siete mujeres son asesinadas al día. Sin embargo, sólo cuatro estados han emitido una Alerta por Violencia de Género: Estado de México, Michoacán, Morelos y Jalisco. Actos que han puesto en duda la voluntad de la Secretaría de Gobernación para evitar que nuevas muertes de esta naturaleza sucedan.

Antia Mendoza Bautista, directora de Seguridad y Paz Ciudadana (Seypaz), apuntó que la crisis de inseguridad tiene su origen en la debilidad institucional: “Las instituciones han sido penetradas, cooptadas, por la delincuencia específicamente, frente a las instancias de seguridad”.
Explicó que si los alcaldes y gobernadores se venden al crimen organizado, eso será una debilidad que se suma a la falta de capacitación de los policías.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto propuso como una solución a la ola delictiva la creación de la Gendarmería. Ésta inició operaciones en agosto del año pasado. Y su puesta en marcha fue desorganizada.

“La Gendarmería nace después de múltiples cambios en su construcción conceptual. Y a eso me refiero porque al principio se hizo una propuesta de que se formara con 40 mil agentes, y se fue modificando esta idea conforme se dieron cuenta, realmente, de las condiciones de la realidad. Por último quedaron sólo 5 mil agentes”, dijo Mendoza.

El Tercer Informe de Gobierno publicado en julio del año pasado resaltaba que en menos de un año la división había efectuado 12 mil 637 acciones tácticas en 13 entidades federativas. Mendoza refirió que el primer problema que muchos mandos medios de la Gendarmería enfrentaron era saber qué tenían que hacer.

“Yo tuve oportunidad de dar clases a la primera generación durante un diplomado y desconocían cuál iba a ser su mandato”, dijo la especialista. Finalmente, esta división terminó por encargarse de proteger ciclos de producción de económica. “Decidieron que iban a dedicar [a la Gendarmería] a proteger ciertos rubros económicos, turismo, ganadería, [energía, etcétera], pero realmente no hubo una planeación estratégica. Pues se nota desde el principio que fue una propuesta organizacional bastante débil. Incluso, hasta cierto punto vacía”, apuntaló la especialista en seguridad.

ATAQUES AL MEDIO AMBIENTE

Los daños ambientales durante la administración de Enrique Peña Nieto han sido considerables. Una constante concesión de las Secretaría de Economía (SE) a las minas derivó en que el 13.5 por ciento del suelo nacional esté en manos de estas empresas. Pese a que sólo entregan el 0.9 por ciento del PIB, de acuerdo con datos ofrecidos por el investigador Francisco Cravioto en el foro “Construcción Ciudadana para el Buen Gobierno del Agua”.

La Reforma más grande del sexenio, la Energética, no terminó de abonar a la protección del ambiente, bajo la idea de que atraería mayor inversión en energías renovables para la generación de electricidad.

México tiene por meta que el 25 por ciento de la generación bruta de electricidad corresponda a energías limpias para el 2018. Una meta que se ve lejos de alcanzar si se considera que las fuentes de generación eólica, hidráulica, solar y geotérmica, unidas, no representan más del 15 por ciento.

Mientras tanto, el carbón, el combustóleo y el petróleo, los tres combustibles fósiles, generarán el 85 por ciento de la electricidad, de acuerdo con el informe anual 2015 de la Comisión Federal de Electricidad.

“Tenemos un Estado con esta idea obsoleta de que la única forma de generar energía es a través de los combustibles fósiles, por eso los esfuerzos en materia energética se dan principalmente para mejorar y amplificar la estructura que nos permite explorar y explotar los recursos fáciles, llámense gas, petróleo y en menor medida carbón. La Reforma Energética abre un espacio para poder potenciar las energías renovables. Sin embargo, seguimos viendo que México no está aprovechando esa oportunidad”, dijo hace unas semanas a este medio Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace.

REFORMAS Y POCOS RESULTADOS

Al momento se han aprobado 13 reformas estructurales. En su discurso Peña Nieto ha dicho que la mayor parte de ellas están dirigidas a modernizar el país a través de impulsar la economía. Sin embargo, el fenómeno de la pobreza no se ha reducido.

Entre el 2012 y el 2014, los pobres aumentaron de 53.3 millones en 2012, a 55.3 millones en 2014, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“Sucedieron las reformas y no pasó nada. ¿Por qué? Porque el saldo de su gobierno a dos años de terminar es lamentablemente de una percepción de un gobierno cleptómano. O sea la gente tiene la percepción de que es un gobierno ladrón”, dijo Gerardo Coutiño Montes, economista de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
El especialista refirió que el panorama económico mundial jugó en contra de las expectativas de crecimiento mexicanas, que dependen d los índices internacionales de precios del petróleo.

La empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) registró en el primer semestre del año una pérdida de 145 mil 479 millones de pesos, lo que representa 21.4 por ciento menos que el mismo periodo del año pasado.

Asimismo, los recortes de presupuesto más grandes han sido aplicados a la empresa al servicio del estado. En febrero, un recorte de 100 mil millones de pesos fue anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En cuanto a mejorar la desigualdad, Coutiño consideró que esta responsabilidad, en manos del Estado, no fue cumplida. “Somos uno de los países más desiguales del mundo”, dijo.

En la nueva medición de la pobreza, la del 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aseguró haber realizado cambios en la forma de recolección de esta información sobre los ingresos de los mexicanos.

Algo que se traduciría en resultados que muestren que hay menos pobres por medirlos de diferente manera, sino fuese porque el Coneval decidió retrasar la publicación de este informe, por no ser comparable con los de años anteriores.

“Lo más importante en un país democrático es que las dependencias de Gobierno tengan independencia de criterio hacia el Ejecutivo. Porque están fuera de los vaivenes ideológicos y de ocurrencia. Me parece muy bien del Coneval. Y muy mal del Inegi, yo le cuestionaría por qué lo hace”, dijo Coutiño.

También detalló que en México hacen falta políticas integrales para abordar las problemáticas en temas como la seguridad, derechos humanos y el bienestar social. En todos los casos, dijo el investigador, ha existido un impedimento común: la permanencia de actos de corrupción.

Sin Embargo

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