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Los migrantes de la caravana no son criminales, huyen de ellos

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Mientras que miles de migrantes hondureños avanzan por México con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, ha prometido detenerlos —con el pretexto de proteger a los ciudadanos estadounidenses de “criminales” y de una “invasión” inminente— con el envío de tropas al sur de Estados Unidos y la militarización de la frontera.

El mandatario estadounidense no ha entendido que la crueldad no va a resolver la crisis actual de refugiados. Tampoco la va a resolver el aliarse con los líderes autoritarios de Centroamérica. En todo caso, esas dos estrategias solo agravan la situación migratoria, porque la criminalidad y el desgobierno son las razones por las cuales quienes forman parte de la caravana están huyendo de sus países de origen.

Lo que Trump llama una invasión es en realidad la evidencia más visible de una apremiante crisis de gobernanza y violencia en buena parte de América Central, una región que se ha alejado del Estado de derecho y encaminado hacia la corrupción y la criminalidad con funcionarios que actúan con impunidad.

Trump, por ejemplo, decidió respaldar a Jimmy Morales —el presidente autoritario de Guatemala—, pese a que está siendo investigado por posibles casos de corrupción por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo que establecieron de manera conjunta las Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco. Como respuesta, Morales revocó las visas de algunos de los investigadores de la comisión.

Actualmente, la violencia domina en Honduras, Guatemala y El Salvador. Los tres países tienen algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo, y su patrón cotidiano de asesinatos, reclutamiento forzado a las pandillas, extorsión, violencia de género y secuestros parece empezar a reproducirse también en Nicaragua.

Los grupos criminales detrás de estas atrocidades son un legado de las guerras civiles de las décadas de los setenta y ochenta y de las dictaduras militares del siglo pasado, que dejaron un legado de 75.000 personas asesinadas en El Salvador y 200.000 muertes en Guatemala. Se cree que Honduras, el país que ha sido la base de las operaciones militares de Estados Unidos en Centroamérica desde hace décadas, fue la nación más afectada por la violencia, pero a diferencia de Guatemala y El Salvador, nunca ha tenido un registro oficial de las víctimas de sus conflictos.

En esos tres países de Centroamérica, el llamado Triángulo Norte, hay unidades militares inmersas en una red compleja de crimen organizado, narcotráfico, pandillas, partidos políticos y cuerpos policiacos corruptos y clandestinos.

Por un lado, las pandillas tienen vínculos con la policía: los policías persiguen solo a los pandilleros que no les dan dinero o, si algún pandillero llega a saber demasiado de la complicidad de policías corruptos, corren el riesgo de convertirse en víctimas. Las pandillas también tienen conexión con el crimen organizado y grupos del narcotráfico, que, a su vez, tienen sus propios vínculos con el ejército y la policía.

En la década de los ochenta, las pandillas filtraron información a la policía sobre los obreros, líderes sindicales, maestros y estudiantes que participaban en protestas políticas. A cambio, la policía les concedió a las pandillas territorios para realizar sus actividades ilegales en libertad. Después de que los acuerdos de paz en Guatemala de los años noventa contribuyeron a terminar una larga guerra civil, algunos grupos clandestinos con vínculos con la policía y miembros del ejército aún utilizaron rutas, pistas de aterrizaje y helipuertos militares para transportar armas y drogas.

Las  redes de complicidad en Guatemala muestran cuán íntimamente estrechos están los distintos grupos criminales y estatales. Por ejemplo, las pandillas sobornan a la policía para que esta ignore lo que hacen en sus territorios. Esas coimas fluyen hacia los altos mandos: los policías locales le dan el soborno a sus jefes, quienes, a su vez, le dan una parte a sus superiores. En los niveles más altos, los narcotraficantes podrían comprar a un alto oficial de la policía, quien a su vez compartiría ese dinero con algunos subalternos.

Por su parte, los narcotraficantes y otros grupos criminales también le pagan a los pandilleros para robustecer el tráfico de drogas y para contratarlos en distintas funciones: como sicarios, secuestradores, extorsionistas, para incendiar lugares, robar coches o incluso reclutar a miembros de bajo nivel.

El engranaje de la violencia, los sobornos, las amenazas y la influencia de las estructuras de poder hace que la vida cotidiana sea muy peligrosa para los centroamericanos. Cualquier interacción entre pandilleros y ciudadanos ordinarios se reduce a dos escenarios. La primera: pedir dinero. Si el ciudadano se niega, es interpretado como un desafío directo al poder de las pandillas. La segunda: pedir el control sobre sus vidas. Que los ciudadanos se rehúsen a dar incluso un dólar podría convertirlos en el enemigo de una pandilla, con todos los riesgos que eso conlleva.

Los gobiernos centroamericanos conocen este entramado de complicidades. Para enfrentarlo, sus acciones van desde hacerse de la vista gorda ante el crimen, hasta aceptar lo sucedido de manera corrupta o incluso la complicidad activa. Miembros de las élites trabajan desde las entrañas y dominan estas estructuras violentas del poder. Y muchos de ellos tienen vínculos con los sanguinarios cárteles de drogas de México.

Este panorama oscuro del que muchos centroamericanos intentan escapar no es una novedad para la historia de migración estadounidense. La situación actual en Centroamérica recuerda a los horrores que llevaron a grupos de seres humanos —irlandeses, italianos, griegos, judíos, húngaros, alemanes, polacos y más— a huir del centro y sur de Europa. En lugar de soportar la violencia, crimen, discriminación, malos gobiernos y hambre que padecieron durante el siglo XIX e inicios del XX, estos migrantes se enfilaron hacia Estados Unidos. ¿El país perdió algo al recibirlos? Pensemos en todo lo que esos migrantes agradecidos han aportado a la sociedad estadounidense.

Como la gran mayoría de las personas que integraron las olas masivas de migrantes de los siglos pasados, los centroamericanos de hoy solo están buscando vivir seguros, trabajar duro y proveer para sus familias. No son criminales, como repite Donald Trump, sino víctimas de las empresas criminales que fingen gobernarlos.

Si Trump insiste en detener la entrada de refugiados a Estados Unidos, al menos debería mostrar la compasión del país que dirige e insistir que sus naciones de origen incorporen reformas que deriven en gobiernos honestos y respetuosos de la ley. El presidente estadounidense debería respaldar a la CICIG en Guatemala. Y debería escuchar el reclamo de los ciudadanos de México, El Salvador, Honduras y Guatemala que han pedido la expansión regional de la comisión antiimpunidad de las Naciones Unidas.

La caravana migrante que salió de Honduras es un llamado de ayuda para acabar con la violencia y la impunidad; para sustituirlas con Estado de derecho. Esos son los objetivos de la CICIG en Guatemala. Trump y el Congreso estadounidense deben redoblar los esfuerzos de la comisión y ayudarlos a que se convierta en una cruzada regional que controle el dominio de los grupos de crimen organizado y de las pandillas violentas que hacen que la vida diaria de los ciudadanos sea intolerable.

Por supuesto, también es necesario garantizar que se celebren elecciones justas. Pero un cambio a las elecciones no tiene sentido sin antes restablecer el Estado de derecho.

NYT

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