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México genera estadísticas bajo un marco altamente desarrollado: OCDE

2.8

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) determinó que el Inegi cumple con las recomendaciones que se hacen para la generación y distribución de información estadística acerca de la población mexicana.

México es el primer país miembro de la OCDE en solicitar una revisión externa que analizara y calificara sus prácticas estadísticas, con el objetivo de encontrar las fortalezas y áreas de oportunidad de los marcos jurídicos e institucionales del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Así como para resaltar las buenas prácticas del Inegi que pudieran ser aplicables para otros países miembros.

Entre las cosas que más destacaron en la revisión, estuvo la existencia de un marco y procedimientos altamente desarrollados que evidencian la independencia profesional de las autoridades del Inegi y la integridad de sus publicaciones estadísticas y sociodemográficas.

La OCDE resalta la autonomía operativa y conceptual del Inegi, así como el alto grado de autonomía en sentido presupuestal. La buena movilidad para acceder a datos administrativos, y políticas y procedimientos adecuados para la protección de estos.

México cumple, pero puede mejorar

Las recomendaciones que se hacen al Inegi son:

  • Desarrollar procesos para la innovación, calidad y metodología
  • Priorizar las intervenciones internacionales en sus procedimientos
  • Tener congruencia entre su política de recursos humanos con sus objetivos estratégicos
  • Contar con disposiciones legales que impulsen la calidad, coherencia y protección de datos en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
  • Fortalecer el acceso a los registros administrativos para generar estadísticas íntegras
  • Difundir oportunamente las estadísticas de deuda pública consolidada
  • Anticipar la publicación de los calendarios de difusión
  • Estandarizar la documentación de metodologías
  • Cuidar el marco legar para el cuidado de microdatos para evitar violaciones de las políticas con prácticas virtuales de información

El Economista

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