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Ninguna entidad federativa respeta el estado de derecho; Guerrero, la peor: WJP

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n ninguna de las 32 entidades federativas mexicanas se respeta el Estado de Derecho; Guerrero resultó la peor entidad federativa en esta materia, seguida por Baja California Sur, el Estado de México, Sonora, Puebla, Quintana Roo, Morelos, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit.

Estos datos provienen del Índice de Estado de Derecho en México 2018, que presentó hoy la organización World Justice Project (WJP), y que evaluó el desempeño de los gobiernos estatales respecto a una serie de ocho factores principales y 42 subfactores entre otros los pesos y contrapesos institucionales al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el respecto a los derechos fundamentales, la seguridad o los sistemas de justicia.

“Tenemos un Estado de Derecho tan frágil, tan prácticamente inexistente que no podemos hablar de democracia”, deploró la activista Marieclaire Acosta Urquidi, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), durante la presentación del documento.

Si bien está reprobado en todos los ámbitos del Estado de Derecho, el país obtuvo sus calificaciones más bajas en los rubros de “derecho a la vida y la seguridad”, “investigación penal eficaz”, “ausencia de corrupción en el legislativo”, “los organismos de poder son un contrapeso eficaz” o “participación ciudadana”.

La CDMX, la más corrupta

En el informe presentado hoy –que fue elaborado con base en 25 mil 600 entrevistas a mil 500 especialistas– la Ciudad de México resultó la entidad con la peor medición en materia de corrupción, apenas por encima de Guerrero o Estado de México. En la capital, el reporte destacó abusos por parte de los funcionarios del poder judicial, los policías y los diputados, así como altos niveles delictivos.

Guerrero se colocó en el último lugar de cinco de los ocho factores evaluados, sobre todo en materia de inseguridad, corrupción, justicia y limitaciones al poder del gobierno estatal; y ninguna entidad obtuvo una calificación mayor a 0.5, lo que significa que todos los gobiernos fracasaron en la implementación del Estado de Derecho.

El año pasado, el WJP colocó a México en el lugar 92 de 113 países evaluados en materia de Estado de Derecho, y registró un derrumbe de cuatro lugares respecto al año anterior debido a los niveles de violencia y de corrupción, y al inoperante sistema de procuración de justicia en el país.

“La única manera de contener esta espiral de violencia es volver a construir un proceso civilizatorio, desde el Estado. Crear un nuevo discurso, porque el modelo de (Felipe) Calderón fracasó: dijo que cuando vean la fuerza del Estado, los grupos criminales se replegarían. No pasó”, opinó la investigadora Ana Laura Magadaloni Keppel, directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Insistió en la debilidad de las fiscalías y su mala coordinación con las policías locales, pero también denunció la ausencia de programas de reinserción para quienes salen de la cárcel.

“Quiénes hablamos de estos temas no somos víctimas de ello, de las extorsiones de la policía o del Ministerio Público. Me pregunto ¿Cómo articular las voces de las principales víctimas de la violencia, del sistema? porque desde Polanco o Las Lomas no se va a entender”, abundó.

“El índice es como un termómetro, tienes fiebre, pero no sabe de qué estás enfermo”, aseveró Layda Negrete, investigadora en el WJP. “Busquemos las mejores fiscalías y copiémosla, aquí en México o afuera”, abundó.

Purga institucional

Acosta aseveró que, para salir de la violencia, las instituciones deben purgarse de “las redes de corrupción tan grande que impiden que se desarrollen las capacidades investigación”, mientras que las autoridades deben abandonar su “narrativa siniestra” que aminora la importancia de las víctimas o las vincula con la delincuencia.

La activista recordó que “la violencia se redujo” en los países donde se implementaron comisiones de la verdad “robustas” –como la que se pretende crear para esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa– y que estas comisiones lograron identificar a los autores intelectuales de los grandes crímenes.

Acosta estimó que el fortalecimiento de las instituciones es un eslabón que “no está en la cabeza” del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. “El dinero irá al combate a la pobreza y a la desigualdad, es una decisión acertada pero no se puede descuidar el fortalecimiento institucional (…) a lo mejor con esto no ganarás la siguiente elección, pero habrás logrado tu cuarta transformación”, abundó.

Proceso

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