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Trump redobla la presión sobre los palestinos con el cierre de su legación en Washington

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Donald Trump ha dado otra vuelta de tuerca para intentar torcer la voluntad de los palestinos, que se niegan a aceptar un plan de paz del presidente de Estados Unidos que juzgan escorado hacia los intereses de Israel. La Administración del presidente republicano ha informado este lunes a los líderes de la Autoridad Palestina del inmediato cierre de la oficina de representación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington, que hace las veces de misión diplomática. El Departamento de Estado confirmó que la decisión se debe a que “la OLP no ha dado pasos para avanzar hacia el inicio de negociaciones directas con Israel”

La nueva medida de presión de Trump se suma a la declaración de Jerusalén como capital de Israel y al traslado de la Embajada estadounidense a la Ciudad Santa, así como al recorte de los fondos que EE UU aporta al sostenimiento de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos y a la cancelación de ayuda humanitaria para mantener hospitales y servicios sociales esenciales.

El motivo esgrimido por la diplomacia estadounidense es que la OLP habría iniciado los trámites para tratar de que la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación por crímenes de guerra contra Israel. Algo que, para EE UU, figura entre los motivos para cerrar la oficina de representación palestina. Para Washington, los palestinos “han condenado un plan de paz que ni siquiera han visto”.

El secretario general de la OLP, Saeb Erekat, ha denunciado en un comunicado la “peligrosa escalada” en las medidas de presión de la Administración del presidente Trump. Washington ya decretó un cierre temporal de la misión palestina en noviembre del año pasado.

Husan Zomlot, representante diplomático palestino en EE UU ha confirmado que Palestina va a urgir a la CPI para que abra dicha investigación por crímenes de guerra contra Israel. El enviado fue llamado a consultas por la Autoridad Palestina el pasado mes de mayo tras el traslado de la Embajada de EE UU desde Tel Aviv a Jerusalén. El enviado ha llamado a los palestinos residentes en EE UU a colocar banderas palestinas en sus casas en todo el país. “Cada casa será ahora nuestra Embajada”, enfatizó en Ramala ante la prensa.

Zomlot calificó de “declaración de guerra temeraria a los palestinos” la clausura de la oficina de la OLP en EE UU. “Los contactos políticos están suspendidos desde hace meses, pero seguíamos prestando servicios consulares”, reconoció el representante de la Delegación General palestina.

“Hemos sido informados oficialmente de que la Administración estadounidense cerrará nuestra Embajada en Washington como castigo por seguir trabajando con la CPI (Corte Penal Internacional) contra los crímenes de guerra israelíes y que arriarán la bandera palestina, lo que significa mucho más que un nuevo golpe por parte de la Administración (del presidente, Donald), Trump”, puntualizó a su vez Erekat, número dos de la OLP y negociador jefe palestino.

“Se trata de una nueva muestra de la política de castigo colectivo practicada por la Administración Trump contra el pueblo palestino, al que ya cortó la ayuda financiera para servicios humanitarios, incluido en los sectores de la sanidad y la educación”, agregó Erakat. “Estados Unidos busca desmantelar el sistema internacional para tapar los crímenes israelíes”, señaló, en alusión a la preocupación suscitada en el Gobierno israelí tras la presentación de pliegos de cargos palestino desde 2015 ante la CPI. La guerra de Gaza de 2014 y la expansión de los asentamientos de colonos israelíes figuran entre los expedientes presentados en La Haya, cuyos magistrados también prevén indagar sobre crímenes de guerra atribuidos a milicias palestinas en Gaza.

Erekat ha recalcado que las autoridades palestinas “continuarán este camino para conseguir justicia y compensaciones para las víctimas”, al tiempo que ha pedido a la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, que acelere la apertura de la investigación. “Los derechos del pueblo palestino no están en venta; no sucumbiremos a las amenazas de EE UU”, concluyó

Nabil Sahat, asesor internacional del presidente palestino, Mahmud Abbas, ha manifestado en Ramala que “el cierre de la misión es un nuevo chantaje de Trump” y que no se aceptará “negociar bajo extorsión”. “Nuestras relaciones históricas se recuperarán previsiblemente tras las elecciones parlamentarias de noviembre en EE UU o tras la derrota de Trump en las urnas dentro de dos años. No tenemos más remedio que esperar”, admitió el veterano negociador palestino,

Según anticipó el diario estadounidense The Wall Street Journal, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, a quien el pasado agosto se dispensó un privilegiado tratamiento durante una visita oficial de cuatro días al Estado judío, iba a anunciar el respaldo incondicional de EE UU a Israel ante un foro político derechista en Washington: “Estaremos siempre al lado de nuestro amigo y aliado”,

La OLP, presidida por el mandatario palestino Mahmud Abas está considerada por la comunidad internacional como el organismo que representa al pueblo palestino. El cierre de su misión diplomática palestina en Washington es el último varapalo de una serie de medidas punitivas del presidente estadounidense. El Gobierno palestino, congeló por su parte las relaciones con las autoridades norteamericanas desde que Washington reconoció unilateralmente, en diciembre de 2017, a Jerusalén como capital de Israel.

La semana pasada Trump ordenó cancelar la entrega de 25 millones de dólares (21,6 millones de euros) donados a la red de hospitales de Jerusalén Este, según anunció un portavoz del Departamento de Estado.  Los centros sanitarios de la parte oriental de Jerusalén –con mayoría de poblaclón palestina y ocupada (1967) y anexionada (1980) por Israel– son también hospitales de referencia para los más de cinco millones de palestinos de Gaza y Cisjordania. “Estamos sufriendo una asfixia financiera”, reconoció este lunes Walid Nammur, coordinador de los seis hospitales afectados por los recortes, “que se va a traducir necesariamente en retraso en la atención a los pacientes necesitados de tratamientos vitales y urgentes. La última decisión pone en peligro la vida de cinco millones de palestinos”.

El País

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