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Vizcarra logra el sí a una de sus reformas clave tras amenazar con disolver el Congreso peruano

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Por unanimidad, el Congreso peruano ha aprobado este martes por la noche una modificación de la Constitución para reemplazar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) -clave de bóveda en la grave trama de corrupción desatada en el sistema judicial del país latinoamericano- por la Junta Nacional de Justicia, cuyos integrantes serán elegidos en un concurso público en el que prevalecerán los méritos. Es exactamente el mismo planteamiento que el del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo de Martín Vizcarra y que llevaba más de 40 días bloqueado por la bancada fujimorista en el Parlamento. El presidente peruano lanzó el pasado domingo un órdago que empieza a dar sus frutos: o la Cámara daba su visto bueno a un puñado de reformas imprescindibles o lo disolvería y convocaría elecciones.

La crisis en el sistema de justicia peruano, que estalló en la prensa a comienzos de julio, desató la renuncia del ministro de Justicia y del presidente del Poder Judicial, y la detención de un juez y de operadores de justicia y del sistema electoral. También se presentaron acusaciones ante el Congreso contra el juez supremo César Hinostroza y el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

El presidente, Martín Vizcarra, convocó a los parlamentarios a una sesión extraordinaria el pasado 20 de julio para cambiar a los miembros del CNM -el ente que nombra, ratifica y destituye a jueces y fiscales-. Según los audios de la corrupción difundidos en la prensa peruana, algunos de los consejeros del CNM pactaban con magistrados los nombramientos o destituciones en función de los intereses de la red de corrupción. Todo, a cambio de beneficios.

Del rechazo a la unanimidad

A finales de julio, Vizcarra -que accedió al bastón de mando a finales de marzo, tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente- puso encima de la mesa cuatro proyectos de ley para la reforma judicial y la reforma del sistema político, que implican cambios en la Constitución. Por ello, el presidente planteó someterlas a referéndum después de que fueran aprobadas por el pleno del Congreso. Desde entonces, la mayoría fujimorista en el Legislativo había dilatado el debate de los dictámenes. Hasta el pasado domingo, cuando Vizcarra movió ficha, amenazó con disolver el Congreso si no se aprobaban sus cambios y anunció una “cuestión de confianza” respecto a las iniciativas. El mandatario hizo uso de una atribución constitucional que le permite solicitar al Congreso la ratificación de la confianza en su Gabinete.

El movimiento entraña sus riesgos: si el Parlamento deniega dos veces la confianza al Ejecutivo respecto de políticas de Estado, el presidente puede disolver el Congreso y convocar elecciones. Pero, de momento, la jugada está siendo ventajosa para los intereses de Vizcarra y su equipo: este lunes, el partido fujimorista Fuerza Popular aceleró el trámite de los dictámenes de las comisiones de Justicia y de Constitución sobre el proyecto del CNM para pudiera pasar al Pleno 24 horas después. La medida era extremadamente urgente: si no sale adelante, no habrá quien se encargue de la destitución y nombramiento de magistrados durante meses. Este miércoles está previsto que el primer ministro, César Villanueva, plantee la citada cuestión de confianza.

El cambio propuesto para la justicia peruana fue aprobado por unanimidad, con 113 votos y tras cinco horas de debate. La norma plantea que los jueces y fiscales no ratificados o destituidos no puedan reincorporarse ni al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Según los cálculos del Ejecutivo de Vizcarra, si el Congreso no aprueba las cuatro normas de reforma en octubre, éstas no podrán ser sometidas a referéndum en diciembre, aprovechando la segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales para abaratar el costo de llevar a cabo la consulta popular.

El Pais

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