Javier Esteinou Madrid
La inhabilitación de Nexos por dos años y una multa por casi un millón de pesos impuesta por la Secretaría de la Función Públicarebasa el inquietante caso de agresión particular. El suceso, más bien, es parte de una larga cadena, desordenada pero constante, de acciones del nuevo gobierno morenista para desmantelar gradualmente la estructura de la opinión pública crítica. Varias de estas acciones no cristalizaron por la enérgica protesta que desplegó la resistencia ciudadana.
Sin embargo, desde principios de la nueva administración, el objetivo fue claro: dominar el espacio público simbólico mediante diversas estrategias ideológicas. Entre éstas destaco cinco que atañen en específico a la libertad de expresión y al ámbito de la cultura: desmantelar el sistema de comunicación y cultura heredados; negociar con los poderes fácticos ideológicos; centralizar y controlar la dinámica de la comunicación colectiva; crear un nuevo aparato ideológico morenista;y arrinconar a los medios de comunicación y cultura opositores.
Para mostrar cómo se han construido estas cinco estrategias ofrecemos la siguiente relación de los hechos.
I. Desmantelar el sistema de comunicación y cultura heredados
• El 30 de octubre de 2018 diputados del Grupo Parlamentario de Morena propusieron reducir apoyos fiscales al cine mexicano mediante la reforma al artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y la derogación del artículo 190 de la misma. Se consideró que la industria cinematográfica nacional podía sobrevivir por sí misma, sin requerir el respaldo del Estado mexicano. Con ello, se marginaba más que nada a la producción cinematográfica independiente, que se encontraba en condiciones famélicas de desarrollo.
La propuesta no progresó por la rápida capacidad de fuerza de la comunidad cinematográfica y artística en el ámbito público, logrando que Morena reconsiderara los respaldos económicos al cine mexicano.
• El 30 de julio de 2019 la fracción de Morena en el Congreso local del Estado de Hidalgo presentó una iniciativa para reformar diversos artículos del Código Electoral estatal, cuyo artículo 35 formuló que el Instituto Nacional Electoral (INE) debía asumir facultades de órgano vigilante e inhabilitador para que “sancionara a medios de comunicación que no respetaran el honor de candidatos y dirigentes partidistas”.
• El 25 de agosto de 2019, legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, aliado de Morena, se pronunciaron en el Palacio de San Lázaro por cercar a los canales de comunicación privados: “¡si nosotros no regulamos a los medios de comunicación se van a convertir en el instrumento fundamental de la derecha en el 2021 y el 2024. En 2018, solamente ganamos las elecciones, pero no hemos desmantelado los poderes fácticos, ¡no los hemos acotado!”. Dicho proyecto fue anulado por la Secretaría de Gobernación al señalar que “no era intención del gobierno de México limitar en forma alguna la libertad de expresión que se ejerce en los medios de comunicación. Lo expresado por diputados del PT fueron posiciones legislativa particular”.
• El 2 de abril de 2020 Andrés Manuel López Obrador publicó —con base en los postulados de austeridad republicana— elDecreto para la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, y análogos, con el que se cancelaban apoyos a los cineastas alternativos como el Fondo Para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), que acabó fusionado con el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) para que operaran como una sola entidad, restándoles independencia, fuerza promotora y capacidad de acción.1
La propuesta fue rechazada por muchos sectores de la sociedad civil y quedó en suspenso en el Poder Legislativo para volver a ser replanteada nuevamente en el futuro bajo mejores condiciones políticas.
II. Negociar con los grandes poderes fácticos ideológicos
• El 21 de marzo de 2019, López Obrador declaró: “es tiempo que se dé libertad a todas las confesiones religiosas y el gobierno analizará la alternativa de permitirles operar los dos principales medios de comunicación masiva”.2 Siguiendo esta orientación presidencial el 10 de abril el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó oficialmente la entrega al grupo evangélico La Visión de Dios A.C. un título de concesión única de espectro de “tipo social” para que pudiera operar una frecuencia de radio. Posteriormente, de manera complementaria, el 22 de mayo el IFT también autorizó a la misma institución otro título de concesión de “tipo único” para manejar por 30 años un canal de televisión por cable y satélite sin fines de lucro en Mérida, Yucatán.
A cambio de la entrega de estas infraestructuras comunicativas las iglesias evangélicas se comprometieron a convertirse en “los soldados del presidente”: así se sumaron a su causa más de 7000 congregaciones de feligreses; es decir, cerca de 30 millones de adeptos religiosos.3 Uno de los primeros apoyos ideológico-políticos de los sectores evangélicos fue distribuir 10 000 ejemplares de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes en templos y casas, entre familiares, amigos y vecinos con el fin de fomentar una “transformación espiritual” que ayudara a la reconstrucción del tejido social y la pacificación del país.4
• El 23 de abril de 2020, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto presidencial por el cual se autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir un impuesto menor de los concesionarios radio y televisión por concepto de reducción de los tiempos fiscales, con el fin de apoyar a la industria privada de la radiodifusión. De esta forma, por decisión presidencial unilateral se regaló un porcentaje de los tiempos fiscales del Estado a las grandes televisoras monopólicas del país a cambio de que mostraran en sus pantallas y diales una imagen favorable de las políticas del gobierno en turno, pues se disminuyó el monto del pago del impuesto en especie que debían cubrir los empresarios de la radiodifusión, pasando de 18 minutos diarios en televisión, a sólo 11; en radio se aminoró de 35 minutos diarios a 21.5
• El 2 de agosto de 2020, ante la crisis educativa derivada de la pandemia,el gobierno negoció con las principales televisoras privadas —Televisa, Tv Azteca, Imagen Tv y Milenio Tv— para que a partir del 26 de agosto impartieran clases por televisión para 30 millones de alumnos, desde preescolar hasta bachillerato. A cambio de esta acción el Estado les entregó a los consorcios audiovisuales 450 mdp del presupuesto federal (15 pesos por alumno) para apoyar su situación financiera.6
Semejante proyecto educativo de emergencia pudo haber tenido mayor eficiencia pedagógica si tal monto económico se hubiera destinado a la implementación de Internet y a respaldar a los medios de comunicación de servicio público —Canal 11, Canal 14, Canal 22, Tv Congreso, Tv UNAM, Ingenio Tv, Canal de la Ciudad de México, etc.— muy mermados por el gobierno. Es fundamental considerar que una de las misiones medulares de los medios públicos es precisamente la difusión de la cultura y la educación.7
III. Centralizar y controlar la dinámica de la comunicación colectiva
• El 13 de noviembre de 2018 se intentó trasladar a los medios de difusión públicos a la Segob al modificar la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluyendo a última hora, esta atribución: “a la Secretaría de Gobernación le corresponde […] proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”. Con ello, se cancelaban las anteriores facultades de la Segob —mediante el artículo 27, fracción XXVII, de dicha Ley— que indicaban que sus atribuciones solo eran “formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información”, y las capacidades reconocidas en el mismo artículo, fracción XXI, que le permitían “vigilar que las publicaciones no atenten contra derechos de la vida privada, los niños o la paz”.8
Tal modificación permitía que los medios de comunicación públicos quedaran subordinados al centro del control político, restándoles la raquítica autonomía que tenían frente al gobierno en turno como canales de Estado. Sin embargo, la iniciativa gubernamental no prosperó por la fuerte y veloz movilización de múltiples sectores ciudadanos ante la opinión pública nacional e internacional.
• A partir del segundo trimestre de 2019 se redujo la pluralidad del grupo de periodistas aceptados para asistir a las “mañaneras” en Palacio Nacional. Así, gradualmente se seleccionó a un grupo específico de asistentes matutinos, varios de los cuales no eran comunicadores. Los “comunicadores rebeldes” o “incómodos” ya no fueron seleccionados como asistentes para no perturbar el desempeño político del Ejecutivo ante las cámaras y micrófonos en cobertura nacional.
La “mañanera” dejó así de ser un espacio de información y orientación cotidiana del gobierno ante la ciudadanía para transformarse en un arma mediática de propaganda que busca fijar diariamente su agenda política e ideológica.9
IV. Crear el nuevo aparato ideológico del gobierno
• Desde diciembre de 2018 el flamante gobierno prometió impulsar una nueva Ley de Comunicación Social para sustituir la normatividad de 2018 creada por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza durante el régimen de Enrique Peña Nieto, conocida popularmente como la “Ley Chayote”, que legalizó la corrupción mediática, al permitir que se pudiera sobornar el trabajo periodístico (embute) y así difundir información que beneficiara a los intereses gubernamentales dominantes.10 No obstante tal compromiso, a casi dos años del triunfo de Morena no se ha creado la nueva ley para regular el comportamiento de los medios de comunicación colectivos.
El único avance consumado fue la emisión del “Acuerdo por el que se estableció la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal”, que regula la entrega de la publicidad oficial del Estado a los medios de comunicación, especialmente privados. Este acuerdo significa un vacío normativo y establece lineamientos administrativos insuficientes para definir la distribución de la publicidad gubernamental. De modo que con ello se consiente la continuidad del ejercicio de muchos antiguos vicios político-informativos, especialmente de naturaleza discrecional, para apoyar publicitariamente a algunas empresas de prensa y radiodifusión y a otras no.
El ejemplo más claro de este vacío normativo con los medios nos lo da el presupuesto: durante 2019 el gobierno federal redujo el gasto propagandístico,11 pero mantuvo las malas prácticas de concentración, discrecionalidad y falta de transparencia en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la distribución. Así, del total del monto erogado en tal periodo, el 40 % de los recursos —poco más de 1 253 mdp— se concentró solo en cinco empresas de un total de 564 medios de comunicación. De esta forma, el Grupo Televisa, S. A. B recibió el 11 %; Estudios Azteca, S. A. obtuvo 11 %; La Jornada, Demos Desarrollo de Medios, S.A de C.V. percibió el 8 %; Medios Masivos Mexicanos, S. A de C. V. percibió el 8 %; el Grupo de Radiodifusora S. A. de C. V. el 4 %.12
De igual forma, la administración morenista fue muy generosa con dos periódicos del sureste, cuyos dueños eran amigos de mucho tiempo de López Obrador: la cadena Por Esto –Centro de Cultura Nuestra América, de Mario Menéndez Rodríguez, y el diario Tabasco Hoy –Organización Editorial Acuario, de Miguel Cantón Zetina, que obtuvieron contratos por 60 millones 821 mil pesos y 50 millones 923 mil pesos, respectivamente.13
Todo esto refleja que las viejas prácticas de manipulación comunicativas de los gobiernos pre-morenistas prosiguen en el actual gobierno, ocasionando desigualdad, opacidad y brechas entre medios de comunicación privados y públicos.14
A partir del 24 de octubre de 2019 las autoridades del nuevo gobierno se comprometieron a crear la Ley de Medios Públicos en los foros públicos “Análisis sobre el sector de la radiodifusión en el marco de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024” y “El Papel de los Medios Públicos del Estado Mexicano” organizados por el frente político de Morena y otras fracciones en la Cámara de Diputados.15 Pese a tal compromiso dos años después sigue sin elaborarse esta ley.
Tal ausencia regulatoria prolongada permite que los medios de comunicación del Estado sigan bajo control discrecional y se usen como canales oficialistas, infraestructuras de propaganda, órganos de ideologización, instituciones de legitimación, etc.; no como medios de Estado de comunicación de servicio público.
• Desde principios del sexenio morenista se evitó retomar el proceso de anulación de la contra reforma constitucional de 2017 sobre los derechos de las audiencias, permitiendo que continuara el ejercicio de la propaganda encubierta al impedir distinguir entre información y propaganda especialmente en los períodos electorales; y la publicidad comercial simulada a lo largo de todo el año, al evadir diferenciar entre información y publicidad. Esta situación permite que los medios de difusión privados hagan negocios de propaganda oculta con los candidatos a los comicios y que los partidos políticos, incluyendo a Morena, puedan desbalancear el equilibrio de la dinámica de comunicación electoral mediante publicidad política indirecta que no fiscaliza el INE.
V. Arrinconar a los medios de comunicación opositores
• De 2019 a la fecha no ha cesado la descalificación pública contra los medios de comunicación opositores durante las conferencias mañaneras. Los calificativos son conocidos: fifís, neoporfiristas, neoliberales, reaccionarios, neoconservadores, orgánicos, etcétera. Entre los medios más desacreditados figuran Reforma, El Universal, Milenio, Excélsior, Proceso, Siempre. También fueron descalificadas las televisoras Televisa y Televisión Azteca.16 De igual forma, fueron estigmatizados órganos de difusión internacionales como los periódicos El País, The New York Times, Washington Post, Financial Times, Wall Street Journal, entre otros.17
• Desde principios de 2019, el aparato gubernamental acorraló a diversos órganos críticos de comunicación, con especial énfasis en la revista Siempre, a la que le retiraron toda la cuota de publicidad oficial del gobierno federal por su posición contestataria. La revista sobrevivió porque suprimió la versión impresa y continuó su difusión en formato digital.
• En mayo de 2020 diversos reporteros y periodistas críticos con el funcionamiento institucional de la Agencia de Información del Estado Mexicano (Notimex) declararon haber sido agredidos por manifestar que dicho organismo operaba como un aparato ideológico de Estado y por señalar la existencia de conflictos laborales internos.18 Diversos integrantes de la Junta de Gobierno y del Consejo Editorial Consultivo de Notimex renunciaran en bloque a sus cargos debido a la falta de condiciones y garantías para llevar a cabo su labor.19
Por último, no olvidemos que las cinco estrategias aquí analizadas ocurren en un contexto de grave peligro y amenaza para el ejercicio del periodismo a nivel nacional. Según la organización Periodistas sin Fronteras, de diciembre del 2018 hasta agosto del 2020 más de 16 comunicadores han sido asesinados en la República. México se sitúa ahora en el lugar 144 de 180 países del índice de Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019.20 Según Human Rights Watch, a este panorama dramático hay que sumar las más de 650 amenazas, ataques u otras formas de agresión contra comunicadores mexicanos en lo que va del sexenio lopezobradorista, quedando impunes el 90% de tales delitos.21
Epílogo: ¿de la “Ley Chayote” a la “Ley Morena”?
Las estrategias aquí registradas parecen dar cuenta de que el nuevo gobierno pasó de la fase de instrumentación de la “Ley Chayote” donde se le pagaba (embute) a los informadores para evitar que criticaran al Estado, a la etapa de aplicación del modelo de comunicación de lo que podríamos llamar la “Ley Morena” en la que “si no estás conmigo, estás contra mí” y, por lo tanto, cerco tu libertad de expresión con múltiples mecanismos estatales autoritarios. En lugar de auspiciar el amplio debate público plural, abierto y respetuoso que es el fundamento de la democracia y la civilidad, se limitan y persiguen las posiciones críticas; en lugar de responder con datos, cifras, hechos y argumentos a los diagnósticos críticos, se intenta asfixiar a medios y espacios culturales con mecanismos despóticos, como la resolución de la SFP contra nexos.22
El proyecto de inclusión, pluralidad, justicia y democracia morenista —decenas de veces repetido en las “mañaneras”— sigue sin cumplir la promesa de respeto a la libertad de expresión y al pensamiento diverso. Por lo contrario, los “avances” en este sentido parecen darse exclusivamente por los caminos de la “verdad estatal” dominante.
Javier Esteinou Madrid
“Profesor Distinguido” de la Universidad Autónoma Metropolitana.
1 Al respecto ver estos tres artículos publicados el 3 de abril del 2020: Paulo Cantillo, “López Obrador decreta extinguir fondos, fideicomisos y contratos análogos de la APF”, Excélsior; Lidia Arista, “Gobierno extingue 281 fideicomisos para echar mano de 250,000 mdp. Guardados”, Expansión Política; y Manuel González Vargas, “Qué implicaciones tiene la extinción de fideicomisos decretada por López Obrador”, Infobae.
2 Ver: “Punto de acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que, en respeto al principio de laicidad contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la prohibición expresa de la Ley de Asociaciones Religiosas, no otorgue concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni permita la adquisición, posesión o administración de cualquiera de los medios de comunicación masiva a asociaciones religiosas o a ministros de culto”, Gaceta Parlamentaria, No. LXIV/1SPO-111/92399, Senado de la República, México, 28 de marzo de 2019, p. 8.
3 Al respecto ver: Raymundo Riva Palacio, “Los soldados de la 4-T”, El Financiero, México, 3 de julio de 2029; y Abner Chávez, “Evangélicos hacen suya a la 4-T”, Excélsior, México, 7 de julio de 2019.
4 Bernardo Barranco, “La polémica distribución de la Cartilla moral”, periódico La Jornada, Sección Opinión, Ciudad de México, México, 10 de julio de 2019.
5 “Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica”, Diario Oficial de la Federación (DOF), No. 25, Secretaría de Gobernación, Gobierno de México, Ciudad de México, México, 23 de abril de 2020.
6 Ver: “Gobierno y televisoras firman convenio para la transmisión de clases en el nuevo ciclo escolar”, El Financiero, Redacción, México, 3 de agosto de 2020; Oscar Steve, “Gobierno federal se alía con Televisa y Azteca para iniciar con el ciclo escolar: clases por televisión inician el 24 de agosto”, Webdia Xataka, Webedia LATAM , México, 3 de agosto de 2020; “Entre dudas de padres y maestros, Roldán, Nayeli, SEP lanzará clases por tv y radio; pagará 450 mdp. a televisoras”, Animal Político, Ciudad de México, México, 4 de agosto de 2020,
7 Armando Reyes, “Televisión y educación”, revista Siempre, núm. 3504, México, 7 de agosto de 2020.
8 “Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, Cámara de Diputados, México, 17 de junio de 2009, p. 8.
9 “La ‘mañanera’ de AMLO es un montaje con reporteros a modo, denunció Brozo: recibe furiosos ataques”, Infobae, Sección Nacional, Ciudad de México, México, 13 de mayo de 2019.
10 Sobre las controversias en torno a la llamada “Ley Chayote” ver: “El Senado aprueba la Ley Chayote para regular la publicidad oficial”, Animal Político, México, 25 de abril de 2018; y Christian Martínez, “Con Ley Chayote el control de los medios seguirá en la Segob”, Vanguardia.mx, Saltillo, 2 de mayo de 2018.
11 El gasto total en publicidad oficial fue de 3 245 mdp, lo cual representa cerca de una tercera parte del gasto ejercido durante el primer año de Peña Nieto (9 632 mdp.) y poco más de la mitad de Calderón (7 381 mdp.).
12 Mathieu Tourliere, “Cinco medios se repartieron 40% de la publicidad oficial del gobierno de AMLO en 2019: informe”, revista Proceso, Ciudad de México, México, 2 de julio de 2020. A esto cabe agregar la asimetría entre instituciones del gobierno federal: de las 117 instituciones que destinaron gasto para publicidad oficial en el mismo período, sólo tres de ellas concentraron el 67 % del presupuesto del total —es decir, poco más de 2 170 mdp.
13 Ibid.
14 “Primer año de gobierno de AMLO: el gasto en publicidad oficial a la baja, pero persisten las malas prácticas”, Article 19, México y Centroamérica, México, 2 de julio de 2020.
15 “A regular la publicidad gubernamental…”, revista Proceso.com.mx, Redacción, Ciudad de México, México, 21 de octubre de 2018;, Suzzete Alcántara, “Medios públicos no se pueden convertir en aparato de propaganda de Morena: PAN”, periódico El Universal, Sección Nacional, Ciudad de México, México, 29 de enero de 2019.
16 Nancy Flores, “AMLO: articulistas de El Universal son conservadores, igual que de Televisa, TV Azteca, Excélsior y Milenio”, revista Contralínea, México, 22 de abril de 2020.
17 “Los periódicos más famosos del mundo mienten: AMLO”, LatinUS, Sección México, México, 15 de mayo de 2020.
18 Ver: “Notimex ataca a periodistas y organiza campañas de desprestigio en redes sociales”, Aristegui Noticias, Redacción, Ciudad de México, México, 12 de mayo de 2020; “Artículo 19 denuncia acoso a periodistas desde Notimex”, La Octava, Redacción, Ciudad de México, México, 12 de mayo de 2020; Jorge Bravo, “Notimex: los datos que oculta el conflicto”, El Economista, México, 5 de junio de 2020.
19 “Renuncian en bloque a Junta de Gobierno y Consejo Editorial de Notimex”, La Silla Rota, Redacción, México, 26 de julio de 2020.
20 Ver al respecto: “Periodistas asesinados en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, El Economista, México, 2 de agosto de 2020; “Crece el número de periodistas asesinados en el sexenio de López Obrador”, Infobae, México, 3 de agosto de 2020.
21 José Miguel Vivanco, “El luto del periodismo en México”, Human Rights Watch, México, 11 de agosto de 2020.
22 “La resolución de la SFP es un mecanismo de censura al grupo editorial que ha sido crítico de las políticas del gobierno federal”, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Ciudad de México, México, 24 de agosto de 2020.
