Desde que Emilio Lozoya regresó a México y admitió haber recibido sobornos de Odebrecht, el exdirector de Pemex ha sostenido que una parte del dinero se lo entregó a legisladores para que aprobaran la reforma energética y aunque esa acusación fue desmentida por los propios excolaboradores de la firma brasileña, hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) no ha movido un dedo para confrontar ambas versiones.
La justicia mexicana no ha solicitado ninguna ayuda a sus contrapartes en Brasil para indagar más sobre el caso después de que el equipo legal de los exdirectores de Odebrecht pusiera en duda las confesiones ofrecidas por Lozoya Austin a la FGR, de acuerdo con el listado de las solicitudes de asistencia jurídica internacional realizadas por la fiscalía al que tuvo acceso Quinto Elemento Lab.
Las versiones de Lozoya Austin señalan al panista Ricardo Anaya como un presunto culpable de recibir dinero para votar a favor de la reforma y mientras la FGR inició un proceso contra el excandidato presidencial con base en esas acusaciones, Anaya Cortés ha rechazado las incriminaciones calificándolas de mentiras.
Tras ser extraditado desde España y para reducir su castigo, Lozoya Austin accedió a colaborar con la FGR y en agosto de 2020 denunció que varios millones de dólares fueron destinados tanto a financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto como para sobornar a senadores y diputados para que aprobaran la reforma energética.
Los inculpados negaron las acusaciones de Lozoya Austin, y los propios exejecutivos de Odebrecht, que también están colaborando con la justicia brasileña para reducir sus condenas, rechazaron que hayan dado dinero para financiar campañas o comprar legisladores. El equipo legal de los exdirectivos dijo en noviembre pasado que habían sobornado a Lozoya Austin para hacer negocios con sus plantas en Veracruz y Tula, pero no para influir en las elecciones o en las votaciones parlamentarias.
La inacción de la FGR para dilucidar si efectivamente hubo sobornos para los legisladores contrasta con el interés mostrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando supo que los brasileños contradecían y ponían en duda las confesiones de Emilio Lozoya, el testigo estelar y único exfuncionario del gobierno de Peña Nieto involucrado hasta ahora en la trama de corrupción de Odebrecht.
“Me llamó la atención que no se usó el dinero para las campañas, para la campaña presidencial, y que no se usó el dinero para sobornar a los legisladores que aprobaron la reforma energética, eso es lo que dice el representante de Odebrecht. Entonces, hay que esperarnos, hay que ver qué resultados hay”, dijo López Obrador en su conferencia matutina cuando Quinto Elemento Lab y EL UNIVERSAL publicaron las versiones de Odebrecht que refutaban a Lozoya Austin.
Han pasado casi 10 meses desde que el Presidente pidió paciencia para conocer los resultados de las indagatorias adicionales, pero desde entonces la fiscalía no ha solicitado ninguna ayuda jurídica a Brasil para ahondar en la investigación del caso. Desde que Lozoya Austin empezó a colaborar con la FGR, sólo una petición se ha hecho a Brasil (el 29 de octubre pasado) y ninguna solicitud se ha formulado desde el 3 de noviembre, cuando el abogado del exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, puso en duda las versiones del exdirector de Pemex. Portavoces de la FGR declinaron hacer comentarios para conocer si ha habido avances en los últimos meses y tampoco estuvo disponible el representante legal de Meneses Weyll, Carlos Kauffmann, quien había dicho que su cliente estaba dispuesto a realizar nuevas aclaraciones si las autoridades mexicanas lo necesitaban.El caso de la fiscalía contra Anaya Cortés se sustenta en los dichos de Lozoya Austin, quien afirma que una persona cercana al exdirector de Pemex entregó 6.8 millones de pesos al exlegislador panista en 2014.
Según Lozoya Austin, los sobornos para Anaya Cortés y otros legisladores fueron entregados por instrucciones del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien también negó públicamente los dichos del exfuncionario diciendo: “Son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus actos”.
En general, la FGR ha sido poco activa en los últimos años para realizar pesquisas apoyadas por sus contrapartes internacionales: de las 52 solicitudes de asistencia jurídica hechas desde 2017, 36 ocurrieron en el sexenio anterior, mientras que la FGR apenas ha tramitado 16 solicitudes, según la última información disponible a abril pasado.
A diferencia de México, otros países han avanzado con más velocidad en la integración de los casos y procesos judiciales en el caso Odebrecht. La información que han recabado por medio de peticiones internacionales ha sido clave para llevar a la cárcel a los culpables.
El Universal
