Chicontepec, 29 de mayo de 2024 – En un operativo que ha generado controversia, la señora Aristea, hermana del presidente municipal de Chicontepec, en colaboración con el DIF municipal, organizó el traslado de aproximadamente 120 personas a la sede del Registro Agrario Nacional (RAN). Tres autobuses, cada uno con alrededor de 40 personas, fueron utilizados para este propósito, cobrando a cada individuo una tarifa de 1000 pesos.
Uno de los ejidos involucrados en esta operación es el ejido Cerro Prieto. Los autobuses partieron a las 3:30 p.m. hacia su destino, escoltados por una camioneta en la que viajaban la señora Aristea y la señora Esthela Cessa. La presencia de la camioneta en medio de los autobuses ha sido interpretada como una medida de resguardo para el vehículo y sus ocupantes.
Las actividades realizadas bajo la supervisión de Esthela Cessa Flores empleada directiva del RAN Veracruz y Ulises Espinosa Utrera, a través de una organización denominada “Coordinadora de Comisariados Ejidales”, han sido objeto de críticas. Esta organización, que aparenta ser una entidad dedicada a la defensa de los derechos ejidales, ha sido acusada de ser una fachada para la obtención de beneficios económicos y el control político en favor del partido en el gobierno.
Según diversas fuentes, las acciones discrecionales de esta coordinadora están orientadas a generar ingresos significativos y consolidar el poder político y las ambiciones de sus dirigentes, principalmente Esthela Cessa. La situación ha generado preocupación entre los habitantes de los ejidos en el Estado y ha levantado sospechas sobre el verdadero propósito de estas movilizaciones al RAN.
La opacidad en la gestión de éste tipo de traslados y las altas tarifas cobradas a los ejidatarios han suscitado críticas y demandas de transparencia. Se espera que las autoridades pertinentes investiguen estos hechos y muchos más y determinen si hubo y hay algún tipo de abuso o irregularidad en los procesos por parte de Esthela Cessa Flores.
El caso ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en las actividades relacionadas con el registro de tierras ejidales, así como la importancia de asegurar que las acciones de las organizaciones supuestamente dedicadas a la defensa de los derechos agrarios sean realmente en beneficio de los ejidatarios y no de intereses particulares.
Mientras tanto, en éste caso en particular la comunidad de Chicontepec permanece atenta a las investigaciones y exige respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades competentes.
