Rip Van W.
Es alarmante (no solo inquietante) que la mayoría de las personas (incluidos muchos políticos y legisladores) ignoren la distinción entre la procuración y la administración de justicia. La primera tiene relación con la investigación de los delitos y la segunda con la judicialización de los mismos.
Siempre se asumió que eso no implicaba problema alguno porque la mayoría de las personas desconoce cómo se integra el sistema nervioso o el sistema digestivo pero, para ello existen especialistas que se ocupan de tales temas; sin embargo, el desconocimiento de lo que es la procuración y la administración de justicia, ha sido aprovechado por gente perversa, para esgrimir el argumento de que conviene desmantelar a los poderes judiciales locales y el federal.
Y como la gente no está obligada a conocer la diferencia a la que se ha venido haciendo alusión, inocentemente, claman porque se remueva hasta la última piedra del sistema judicial mexicano, pero, como en la política no prevalecen las buenas intenciones sino los intereses turbios, los “monreales”, los “corderos”, los “alcaldes”, los “Batres” (entre otros) se relamen los labios imaginando (y con mucha razón) que al destruir a los poderes judiciales (tanto el federal como los locales) podrán quedarse con algunos jirones.
Al respecto conviene realizar (entre otras muchas) las siguientes precisiones:
1) Las agencias del ministerio público [federales y locales] son instancias permeadas por la corrupción a un grado tal que cuando las víctimas se presentan a denunciar, casi de inmediato, los denunciados tienen conocimiento de las denuncias, por parte de quienes deberían de vigilar la secrecía de las investigaciones [claro que eso no sucede en todos los casos en que se filtra la información pero sí en muchos de ellos; ya sea a través del personal de las agencias o de los elementos de la policía ministerial].
2) Pese a lo anterior, la reforma morenista no arremete en contra de las fiscalías y los policías sino en contra de los multialudidos poderes judiciales. Y la razón es simple: dada la integración de los gobiernos locales [en su mayoría morenistas] no es necesario someter a las fiscalías sino a los jueces y magistrados de la federación y de las entidades federativas [siendo esto último la verdadera intención de la reforma].
3) Los jueces y magistrados locales, en algunas entidades del país [lamentablemente en la mayoría de ellos], arriban a esos puestos a través de compadrazgo y amiguismo y suelen desenvolverse en un ambiente de corrupción porque, además de lo anterior, en algunos casos, tienen malos salarios [y aunque eso no justifica el despliegue de actos de corrupción, sí explica la existencia de ésta].
4) El Poder Judicial de la Federación, al que no sin razón se ha acusado de nepotismo y elitismo, sí cuenta con un sistema de “meritocracia” que privilegia el esfuerzo, la constancia, la honestidad profesional y el estudio; en donde el ascenso en la llamada “carrera judicial” corresponde a la acumulación de méritos y aunque es cierto que en la cumbre de la estructura judicial (es decir, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación), los ministros arriban a sus cargos, esencialmente, por recomendaciones políticas, sin necesidad de contar con la referida “carrera judicial”, el ingreso al resto de los cargos (de oficiales, actuarios, secretarios, jueces y magistrados), está sujeto a exámenes y concursos.
Lo anterior es algo muy básico o elemental, pero intenta evidenciar que la molestia del aun presidente de México [por fortuna ya no por muchos días] no radica en contra de lo señalado en el inciso 1) que precede sino en contra de lo narrado en el arábigo 5). Y ello no requiere mucha explicación, porque el agravio que ha resentido él, no es la corrupción imperante en las agencias del ministerio público [tanto locales como federales; en las que solo quien ha padecido la arbitrariedad, el abuso y la corrupción de las mismas, comprende de lo que se habla aquí y ahora] sino lo que le ha molestado o agraviado es la autonomía e independencia con la cual se han conducido todos los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.
Cierto es que muchos de éstos son personas de un trato difícil [por decirlo de alguna manera] y algunos (as) otros (as) son hasta arrogantes, pero la corrupción no es algo común en ellos. En caso contrario Andrés Manuel López y sus seguidores no habrían desaprovechado la oportunidad de hacer públicos los casos que lo evidenciaran.
En conclusión, es vergonzoso y lamentable, que los políticos como AMLO y sus seguidores, que sí están muy conscientes de lo que en este pequeño texto se ha intentado describir, arremetan en contra del Poder Judicial de la Federación, que junto con el Ejército Mexicano, la Marina, el INE y el Servicio Exterior Mexicano, son de las pocas instituciones que merecen respeto en la República.
Ellos hacen creer a la gente que las fiscalías locales y la federal, las policías y hasta los poderes judiciales locales, son lo mismo que el Poder Judicial de la Federación (cuando aquí ya se ha intentado describir que no lo son). Tal proceder es deshonesto, perverso, ruin y bajo, porque es como quitarle una paleta a un niño.
La idea, en el fondo, es doblegar a quien ellos consideran un enemigo y no les importa hacerlo a través de la trampa, el infundio y el engaño.
Pero, como se dice coloquialmente, en el pecado se lleva la penitencia. Cuando ellos mismos padezcan el embate de jueces y magistrados improvisados, “a modo”, advenedizos y corruptos, van a lamentar haber destruido un Poder Judicial de la Federación, profesionalizado, honesto, eficiente e independiente.
La historia aguarda a AMLO y a esa caterva de políticos vendepetrias que lo mismo en el PRI, PAN, PRD o ahora en MORENA [como Bartlett, Cárdenas, Dante, Monreal, Olga Cordero, Leonel Godoy, Noroña, Batres, etc.], no han desperdiciado la oportunidad para enriquecerse al amparo del poder y peor aún, bajo el hipócrita discurso de la honestidad y la austeridad [cuando es evidente que éstas las recomiendan para sus vecinos pero no están dispuestos a experimentarlas].
