La violencia desmedida en la Sierra de Petatlán ha alcanzado un punto de no retorno. En La Palma, un pequeño pueblo que ha sufrido durante años el acoso de La Familia Michoacana, la situación es crítica: ganado casi extinto, viviendas devastadas por bombas lanzadas desde drones y un saldo de seis muertos que marca la pauta de un infierno cotidiano.
Hace un año, los sicarios de este grupo criminal llegaron a La Palma con un ultimátum claro: sométanse o sufran las consecuencias. Hoy, la comunidad se enfrenta a la destrucción total, mientras 50 familias han huido para salvar sus vidas, y quienes permanecen viven con el miedo constante de ser las próximas víctimas.
La gota que colmó el vaso fue el asesinato brutal de Jaime Ramírez Bravo, hermano del comisario local, el pasado 10 de agosto. Este crimen desató la furia contenida de los habitantes, que, junto con vecinos de otras comunidades igualmente asediadas, bloquearon la carretera Acapulco-Zihuatanejo el 12 y 13 de agosto, exigiendo a la gobernadora Evelyn Salgado una respuesta contundente ante la violencia.
El gobierno ha prometido aumentar la seguridad en la zona con más presencia policiaca y militar. Sin embargo, los pobladores, desconfiados y cansados de promesas vacías, han dado un ultimátum: si no ven resultados, considerarán dos opciones desesperadas—solicitar asilo en Estados Unidos o, en un giro trágico de los acontecimientos, unirse a otro cártel para expulsar a La Familia Michoacana.
La historia de terror en La Palma es solo un capítulo en un libro de horror que se repite en otras comunidades de la Sierra de Guerrero. En El Durazno, por ejemplo, el acoso comenzó hace dos años cuando más de 100 sicarios llegaron a reclutar jóvenes para sus filas. La negativa de estos fue respondida con tortura, matanzas y una persecución implacable que dejó un saldo de siete muertos, entre ellos un menor de 15 años.
Las autoridades han respondido con arrestos aislados, pero la impunidad prevalece. Mientras tanto, los criminales han tomado el control de precios de alimentos, gas y transporte, y continúan explotando los recursos naturales de la región.
Arturo García Jiménez, experto en procesos sociales de la Sierra, advierte que el problema de la violencia en Guerrero tiene profundas raíces en el campo, donde la gente común es la más afectada. Con 25 mil personas desplazadas forzosamente en la última década, Guerrero se ha convertido en una tierra de nadie, donde el gobierno ofrece poca o ninguna solución real a la tragedia que se despliega.
Para los habitantes de La Palma, el tiempo se agota. Si no se toman medidas efectivas, el futuro pinta sombrío: un éxodo masivo hacia Estados Unidos o la amarga decisión de aliarse con otro grupo criminal para sobrevivir. Guerrero, una vez más, se enfrenta a la cruda realidad de un estado donde la ley es solo una ilusión y la violencia, una constante.
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