La reciente “tómbola judicial” en México ha desatado una ola de críticas y preocupación entre juristas y académicos. Este sorteo, que determinará qué jueces y magistrados serán sometidos a votación popular, ha sido calificado como un ataque frontal a la independencia del Poder Judicial.
Jueces como Marlén Ángeles, con una trayectoria de 20 años, han expresado su indignación y frustración ante esta medida que, según ellos, menosprecia su trabajo y dedicación. Abogados constitucionalistas como Francisco Burgoa y Miguel Carbonell han coincidido en que se trata de un hecho sin precedentes y altamente perjudicial para el Estado de Derecho.
“Es un atropello que busca destruir la independencia judicial y convertir a nuestros tribunales en botín electoral”, afirmó Burgoa. Carbonell, por su parte, lo calificó como “uno de los capítulos más infames de la historia constitucional reciente”.
La comunidad jurídica ha advertido que esta medida no solo afecta a los jueces y magistrados involucrados, sino que también pone en riesgo la calidad de la justicia en México. Al someter a los jueces a procesos electorales, se corre el riesgo de que sean influenciados por intereses políticos y que se pierda la imparcialidad necesaria para impartir justicia.
La “tómbola judicial” ha generado un amplio debate sobre el futuro del Poder Judicial en México y ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar la independencia de los jueces para asegurar un Estado de Derecho sólido.
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