El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, conocido defensor de la paz y los derechos humanos en Chiapas, ha generado una ola de indignación tanto a nivel nacional como internacional. La Unión Europea, Noruega y Suiza se unieron para condenar el homicidio, calificándolo como un ataque a quienes luchan por los derechos de los más vulnerables en México.
En un comunicado conjunto, estas entidades expresaron su solidaridad con la familia del padre Marcelo y con la Diócesis de Chiapas, subrayando que su asesinato pone de relieve el peligro constante que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país. “Este crimen no solo representa una tragedia personal, sino también una amenaza para la defensa de los derechos humanos en México”, señalaron.
Un defensor incansable de la justicia
Marcelo Pérez Pérez, quien dedicó gran parte de su vida a la defensa de las comunidades indígenas y a la promoción de la paz en la región, fue asesinado el 20 de octubre tras haber oficiado una misa en la parroquia del barrio Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas. Sujetos armados lo atacaron mientras se encontraba en su vehículo, un acto que ha conmocionado a la comunidad local y ha despertado el clamor por justicia.
Su labor en favor de los derechos humanos y su lucha incansable por la paz lo convirtieron en un referente no solo en Chiapas, sino en todo México. Organizaciones de derechos humanos han lamentado profundamente su muerte, calificándola como un golpe devastador para las comunidades que apoyaba.
Reacciones desde el gobierno
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó esta mañana en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional que la Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado el caso, lo que refuerza la relevancia del homicidio a nivel nacional. “La muerte del padre Marcelo ya fue atraída por la FGR, y confiamos en que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para castigar a los responsables de este crimen”, declaró Sheinbaum.
Clamor por mayor protección
En su posicionamiento, los países europeos instaron al gobierno mexicano a garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos y periodistas, para evitar que se creen “zonas de silencio” donde el miedo a la violencia impida el trabajo de quienes buscan justicia. “Es fundamental generar entornos seguros para que los defensores puedan ejercer sus actividades sin amenazas ni riesgos para sus vidas”, subrayaron.
La trágica muerte del padre Marcelo no solo deja un vacío profundo en su comunidad, sino que también pone en evidencia la urgente necesidad de proteger a quienes alzan la voz en defensa de los derechos humanos en un contexto de creciente violencia en el país.
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