Mientras la polémica sobre la reforma judicial crece, el más reciente informe de la organización México Evalúa pone en duda que la elección de jueces en 2025 logre disminuir la impunidad. Según datos revelados por la ONG, actualmente solo el 3.6% de las carpetas de investigación llega ante un juez, y cada juez penal atiende un promedio de 356 causas al año, un incremento respecto a los años anteriores, lo que evidencia la presión en el sistema judicial.
Susana Camacho, de México Evalúa, señaló que uno de los factores clave para este bajo índice de judicialización es la falta de capacidad en la investigación criminal, responsabilidad directa de las fiscalías. Además, la ONG advirtió que involucrar a la Guardia Nacional en la investigación de delitos, como prevé la reforma, podría distorsionar la justicia penal, ya que esta institución carece de enfoque en derechos humanos y seguridad ciudadana.
El informe también reveló que los procesos más rápidos, como los acuerdos reparatorios, requieren en promedio 214 días, mientras que los juicios orales alcanzan hasta 553 días. Esto cuestiona la promesa de una justicia rápida que la reforma promete, pues, de acuerdo con Mariana Campos, directora de México Evalúa, se necesitan reformas profundas en la distribución de recursos y una mejor capacitación en las fiscalías para asegurar una justicia expedita y efectiva.
Con la elección de jueces a la vista, el sistema de justicia en México enfrenta críticas sobre su verdadera capacidad de enfrentar la impunidad, un problema que, hasta ahora, permanece sin resolver.
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