Dieciocho estados, encabezados por gobiernos demócratas, han levantado la voz contra una de las medidas más polémicas del recién iniciado mandato de Donald Trump. Este martes, interpusieron una demanda en respuesta a la orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la enmienda 14 de la Constitución estadounidense.
El decreto, firmado por Trump apenas horas después de asumir la presidencia, establece que los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o con estatus legal temporal no podrán acceder automáticamente a la ciudadanía. Según los estados demandantes —incluidos Nueva York, California y Colorado— esta acción es “ilegal” y una violación directa de la Constitución.
¿Qué implica esta medida?
La eliminación de la ciudadanía por nacimiento afectaría directamente a miles de niños, quienes quedarían sin acceso a documentos esenciales como pasaportes y números de Seguro Social. Esto complicaría su acceso a derechos básicos, así como su posibilidad de trabajar legalmente en el futuro.
“Trump no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional”, argumentaron los demandantes, señalando que la medida podría causar un daño “inmediato e irreparable” a millones de personas en el país.
Un debate constitucional candente
El derecho a la ciudadanía por nacimiento, protegido desde 1868, establece que toda persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Aunque Trump ya había amenazado con revocar este derecho en su primer mandato, nunca llegó a materializar la propuesta.
Expertos señalan que cualquier cambio en esta garantía requeriría un proceso constitucional complejo. “Modificar la enmienda 14 implicaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados”, explicó el historiador Scott Bomboy.
Impacto en cifras
Si bien no existen datos precisos sobre el número de niños afectados, el Pew Research Center estima que en 2022 había 1.3 millones de adultos nacidos en Estados Unidos cuyos padres eran indocumentados.
Además, un informe del Servicio de Investigación del Congreso indica que aunque la interpretación actual de la enmienda 14 reconoce a los hijos de inmigrantes indocumentados como ciudadanos, el Tribunal Supremo aún no ha abordado esta cuestión de manera definitiva en la era moderna, lo que podría abrir la puerta a desafíos legales.
Repercusiones políticas y sociales
La demanda presentada contra Trump marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre estados demócratas y la administración republicana en temas migratorios. Mientras algunos sectores conservadores celebran la medida como un paso hacia el control de la inmigración, organizaciones civiles y comunidades afectadas temen las graves consecuencias que esta política podría tener para millones de familias.
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