El Poder Judicial enfrenta una de las crisis más severas de su historia tras el recorte presupuestal de más de 13 mil millones de pesos para 2025. Esta decisión no solo ha encendido un debate político, sino que ha generado un impacto directo en los salarios y prestaciones de miles de trabajadores del sector.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, desmintió las acusaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló a los ministros de proteger privilegios a costa de los trabajadores. “Ojalá que sus asesores le expliquen con la verdad. No estamos conservando ningún privilegio; este recorte afecta a toda la base trabajadora”, afirmó.
Un golpe a los derechos laborales
Laynez Potisek detalló que la reducción presupuestaria no solo compromete la operación de programas esenciales, sino que también viola el artículo décimo transitorio de la reciente reforma judicial, que garantizaba la protección de los derechos laborales de todos los trabajadores del Poder Judicial.
“Por más medidas de austeridad que implementemos, no hay manera de evitar el impacto en la nómina. Necesitamos una ampliación presupuestal urgente para garantizar que nadie pierda sus derechos”, enfatizó el ministro.
La narrativa oficial y el riesgo para la independencia judicial
La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió que el recorte es parte de una estrategia para debilitar la independencia del Poder Judicial. En un comunicado, señalaron que desde el oficialismo se ha construido una “falsa narrativa” que busca dividir a los trabajadores y juzgadores al acusar que los privilegios de los ministros son los responsables de los recortes.
“El recorte pone en riesgo no solo a los trabajadores, sino a la capacidad del Poder Judicial para cumplir con sus funciones esenciales. La independencia judicial está siendo atacada”, subrayaron.
Repercusiones sociales y políticas
La reducción presupuestaria ha generado incertidumbre entre los trabajadores, quienes temen la cancelación de programas y la pérdida de derechos adquiridos. Mientras tanto, las tensiones entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial alcanzan un punto crítico, con expertos alertando sobre el debilitamiento institucional.
¿Qué pasará con el Poder Judicial? La disputa por los recursos podría definir el futuro de uno de los pilares de la democracia en México.
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