La construcción de un segundo piso en Zacatecas ha encendido una batalla política y generado serias dudas sobre su legalidad y viabilidad. Con un costo de mil millones de pesos por kilómetro, la obra impulsada por el gobernador David Monreal avanza sin consenso ciudadano, sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y con la férrea oposición del alcalde panista Miguel Varela.
El proyecto, que abarca 3.3 kilómetros en el bulevar Adolfo López Mateos, fue adjudicado a las empresas Calzada Construcciones y Dragados del Sureste por 3,652 millones de pesos. Sin embargo, uno de los contratistas, Calzada Construcciones, se encuentra inhabilitado en Perú hasta 2026 por presunto fraude documental en obras públicas.
A esto se suma que dicha empresa también estuvo involucrada en la rehabilitación del malecón de Villahermosa, donde participaron personas cercanas a Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El alcalde Miguel Varela ha denunciado que la construcción podría poner en riesgo la declaratoria de Patrimonio Mundial de Zacatecas, afectando el turismo y la economía local. Mientras tanto, las excavadoras ya trabajan en una obra que, más allá del cemento y el asfalto, ha levantado una tormenta de cuestionamientos.
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