México sigue siendo uno de los países más peligrosos para periodistas y defensores de derechos humanos, pero el Mecanismo de Protección del gobierno federal solo aprueba seis de cada diez solicitudes de ayuda.
Desde 2020, se han presentado 1,139 peticiones de protección, pero solo 640 han sido aceptadas. La realidad es alarmante: periodistas y activistas que enfrentan amenazas de muerte reciben únicamente botones de pánico, contactos de emergencia con tiempos de respuesta deficientes y medidas insuficientes para garantizar su seguridad.
La activista María Teresa Molina, madre buscadora en Tamaulipas, denunció que el mecanismo la obligó a regresar a una zona peligrosa a pesar de recibir amenazas directas. “Estoy como en una cárcel, encerrada en mi propia casa”, lamentó.
El periodista Carlos Arrieta también reveló que tuvo que pagar gasolina y alimentos para los escoltas que le asignaron y que incluso intentaron extorsionarlo a cambio de mayor protección. “Si algo me pasa, al menos sabrán dónde está mi cuerpo”, denunció.
En 2024, México concentró más del 30% de los casos de periodistas desaparecidos en el mundo y fue el tercer país más peligroso para la prensa, solo detrás de Palestina y Pakistán. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional han alertado sobre las fallas del mecanismo y la falta de una estrategia real de protección.
El gobierno sigue sin ofrecer respuestas efectivas, dejando a activistas y periodistas en la incertidumbre, mientras la violencia contra ellos no cesa.
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