La violencia del crimen organizado en México ha alcanzado niveles alarmantes: en 2024, más de un millón de personas huyeron de sus hogares, un aumento del 44% respecto al año anterior, según datos de la Envipe del INEGI.
Este éxodo forzado no solo arrasa con comunidades enteras, sino que también deja un daño colateral devastador: miles de niños y adolescentes han tenido que abandonar la escuela, perdiendo su derecho a la educación.
“El derecho a aprender está siendo violentado”, advierte María Mercedes Ruiz, académica de la Universidad Iberoamericana, quien señala que estos menores no solo pierden un aula, sino también un entorno seguro donde desarrollarse.
Las historias son desgarradoras. En comunidades golpeadas por el narco, los criminales no solo extorsionan a las familias, sino que las obligan, incluso ante notario, a ceder legalmente sus propiedades antes de huir. “Si no fuera por las denuncias públicas, estos casos quedarían en el olvido”, lamenta el investigador Érik Avilés.
El fenómeno es tan grave que ahora familias mexicanas están cruzando la frontera hacia Guatemala para buscar refugio, algo impensable hace unos años.
Expertos advierten que México vive condiciones similares a una guerra, donde el crimen organizado y la militarización han generado un clima de terror. “Necesitamos programas de apoyo psicológico y estrategias comunitarias para evitar el reclutamiento forzado de menores”, urge Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia.
Mientras el gobierno sigue sin una respuesta clara, la infancia en México se convierte en la mayor víctima de una guerra no declarada.
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