Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo
El pasado viernes viajé a Tuxpan, al Tribunal Unitario Agrario, para atender el
caso de una ejidataria a quien un pequeño rufián pretende despojar de su parcela.
Cuenta con la complicidad del comisariado ejidal y de un abogado de la
Procuraduría Agraria. La víctima, una mujer de escasos recursos, fue demandada
por la posesión de su tierra bajo un contrato de arrendamiento con firmas
falsificadas: las de su madre, ya fallecida, y la de su hermano. Los testigos de esta
farsa son exintegrantes del comisariado. Uno de ellos llegó a decir con cinismo:
“Como está muy jodida, no tendrá ni abogado”.
No gastaron en su defensa: la Ley Agraria prevé que, si él demandante carece de
recursos, la Procuraduría Agraria le asigne un abogado. Ellos se aseguraron de
que fuera un funcionario proclive al despojo, un “especialista” en arrebatar tierras
a campesinos de la zona norte.
Decidí apoyar a esta mujer bajo la modalidad “pro bono”, como se diría en el
derecho anglosajón. Conocí a su esposo hace años y, además, crecí escuchando
las historias de injusticia en el campo, pues mi padre trabajó 41 años y 3 meses
en la extinta Secretaría de la Reforma Agraria. La historia se repite: grupos que,
bajo aspiraciones caciquiles, se enquistan en el poder. En este juicio, que ya roza
los dos años, observé cómo el grupo que controla el comisariado desde hace tres
administraciones ha manejado, a su conveniencia, más de 11 millones de pesos
provenientes de la parcela escolar ejidal, dedicada principalmente a naranja y
limón persa. Todo esto bajo el amparo tácito de la máxima: “A mí que no me digan
que la ley es la ley”.
¿Qué encontré en el Tribunal Unitario Agrario? El desastre heredado por la
reforma judicial: un mes de inactividad por la renuncia del secretario de acuerdos,
más quince días de vacaciones. El rezago es monumental, y en nuestro caso no
había un solo acuerdo desde abril. La “austeridad” ha llegado al extremo de
asfixiar al Poder Judicial Federal, que ya ni para copias tendrá.
Sobre la ciudad, me pregunté: ¿qué es Tuxpan hoy? Un puerto petrificado. Su
centro histórico luce igual que hace 28 años, pero con edificios deteriorados, un
mercado municipal al borde del colapso y, lo más inquietante, rostros marcados
por la angustia. Mujeres y hombres que viven con zozobra, miedo a los poderes
fácticos ilegales y un pánico que les ha robado la alegría.
Luego fui a Poza Rica, al juzgado familiar. Allí, el personal regresaba de
vacaciones. La escena era la misma que en cualquier juzgado del estado:
hacinamiento, falta de espacio, exceso de trabajo y un presupuesto insuficiente.
En Veracruz, los partidos políticos reciben más recursos que el Poder Judicial
estatal; una práctica que data de los años ochenta, diseñada para mantenerlo
sometido al Ejecutivo. Su presupuesto: apenas el 2% del total estatal.
Poza Rica, producto de la hiperindustrialización petrolera, fue una ciudad sin
centro donde abundaban más cantinas que escuelas o bibliotecas. Hoy, el
sindicato de PEMEX, antaño hegemónico, se desvanece junto con sus plazas
sindicalizadas, cediendo espacio a nuevos poderes fácticos ilegales. Como en
Tuxpan, la sociedad vive bajo un terror cotidiano.
Hace un año, en Papantla, se habló de drones, bombas molotov y petardos con
clavos. Todo parece responder a la teoría del caos: desestabilizar para imponer
un nuevo orden, sometiendo o cohabitando con el poder municipal. Veracruz vive
su propia mutación política: ya no es el pistolerismo ni el cacicazgo tradicional,
sino un híbrido donde los grupos fácticos ilegales ejercen poder político y
económico, y mandan mensajes claros: ellos son el verdadero gobierno, y pueden
doblegar al estatal y al federal.
La petrificación es general. En el sur, ciudades como Santiago Tuxtla, San Andrés
Tuxtla y Catemaco llevan tres décadas sin desarrollo. Sus alcaldes, sin importar
el partido, practican el nepotismo, patrimonialismo y cleptocracia. Son ciudades
del “abarrote”, sin atractivo turístico ni renovación alguna.
Las preguntas son inevitables: ¿a quién conviene el caos? ¿Quién lo impulsa?
¿Cómo reaccionará el gobierno estatal? ¿Se petrificará igual que sus ciudades?
De regreso, en el monopólico ADO, recordé 1986 al ver un video del grupo Flans.
Sonaban “No controles”, “Me enamoré de un fan”, “Las mil y una noches” y “Te vi
en un bazar”. En aquel entonces se podía recorrer todo el estado sin temor. Hoy,
los ciudadanos viven bajo un toque de queda autoimpuesto. Un Estado fallido dejó
de brindar seguridad. La gran tarea: ¿cómo reconstruir el Estado en medio de este
caos, sin ley ni autoridad que garantice orden y seguridad a los veracruzanos?
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