El pleito entre Pío López Obrador y Carlos Loret de Mola volvió a encender la arena pública justo en la víspera del arranque del nuevo Poder Judicial. El hermano incómodo del expresidente exige 400 millones de pesos a Latinus y a Loret por exhibirlo en los ya célebres videos donde aparece recibiendo sobres amarillos con dinero, recursos que Andrés Manuel López Obrador reconoció como “aportaciones para su movimiento”.
Pero la historia no termina en los videos. Pío insiste en que fueron alterados y manipulados, que el INE los desechó y que su “honor” quedó dañado. No le basta una disculpa pública: quiere dinero, mucho dinero.
Del otro lado, Loret respondió sin rodeos:
“Nos tiene demandados y pretende que cada uno le pague 200 millones. Este régimen ya se frota las manos para usar su nuevo juguete: el Poder Judicial. La amenaza es clara”.
El periodista acusa que Pío no solo busca revancha personal, sino enviar un mensaje: la prensa crítica podría acabar embargada o tras las rejas si se atreve a exhibir los pecados del poder.
El caso se convierte en un nuevo frente que exhibe la fragilidad del sistema judicial en tiempos de Morena, donde la línea entre justicia y venganza política parece desdibujarse.
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