Sinaloa cumple un año sumido en una guerra interna que ha dejado 1,833 cadáveres y una sociedad quebrada por la violencia. El conflicto estalló tras la traición que sacudió al Cártel de Sinaloa: el presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, entregado a Estados Unidos por su propio ahijado, Joaquín Guzmán López.
Desde entonces, las calles del estado se han teñido de sangre. Entre septiembre de 2024 y julio de 2025, los homicidios repuntaron hasta colocar a Sinaloa entre las entidades más violentas del país. Nueve de cada diez asesinatos fueron cometidos con armas de fuego, prueba de que el terror se ha instalado como rutina.
La paradoja es brutal: mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum apenas atina a justificar y minimizar, fue el propio Zambada —ya culpable de narcotráfico en Nueva York— quien pidió calma y moderación a la población sinaloense. “Mi cliente hace un pedido a la población de Sinaloa para que mantenga la calma, actúe con moderación y evite la violencia”, declaró su abogado, en un mensaje que suena más a autoridad que el discurso oficial.
Pero la paciencia ciudadana se agotó. Este domingo 7 de septiembre, cientos de personas vestidos de blanco marcharon por Culiacán con pancartas, exigiendo seguridad, justicia y la localización de sus desaparecidos. Fue un grito desesperado frente a un Estado ausente.
La respuesta oficial fue tan fría como alarmante: el propio gobernador Rubén Rocha Moya admitió que en Sinaloa “no hay paz”. Una confesión que revela el tamaño del fracaso gubernamental frente a una violencia que ni siquiera las plegarias de “El Mayo” han podido contener.
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