Una ley recién estrenada amenaza con convertirse en el candado más severo contra la prensa y el derecho a saber en México. La organización Propuesta Cívica interpuso cuatro amparos contra la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, publicada el pasado 16 de julio, al considerar que es un golpe directo a la libertad de expresión y al acceso a la información.
El punto más polémico es el artículo 51, que prohíbe de manera absoluta la difusión de cualquier información vinculada a operaciones o productos de inteligencia. Para Propuesta Cívica, esta medida equivale a censura previa, lo que en los hechos silencia a periodistas de investigación y abre la puerta a represalias legales contra quienes se atrevan a incomodar al poder.
“Se trata de una restricción generalizada e injustificada que choca con el principio de máxima publicidad de la información”, señaló la organización en un comunicado. Además, subrayó que la norma contradice la Constitución mexicana, la Ley General de Transparencia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen de manera expresa la libre circulación de ideas e información.
Con más de 14 años defendiendo a periodistas y defensores de derechos humanos, Propuesta Cívica advirtió que esta ley usa la bandera de la seguridad pública como excusa para limitar derechos democráticos.
La pelota ahora está en la cancha del Poder Judicial, al que la organización llamó a resolver los amparos aplicando los más altos estándares nacionales e internacionales. Porque, en un país con altos niveles de violencia y corrupción, callar la prensa equivale a blindar la impunidad.
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