Un profundo descontento recorre los pasillos y las facultades de la Universidad Veracruzana (UV), la máxima casa de estudios del estado. Un creciente y articulado movimiento, compuesto por académicos, investigadores, estudiantes y exrectores, ha alzado la voz en contra de lo que califican como una “ilegal” e “ilegítima” prórroga en el mandato del actual rector, Martín Aguilar Sánchez, por un periodo adicional de cuatro años.
El epicentro de la controversia se sitúa en la decisión de la Junta de Gobierno de la UV de otorgar, a finales de agosto de 2025, una extensión del periodo rectoral de Aguilar Sánchez, que originalmente concluía el 31 de agosto de 2025. Esta medida, según los inconformes, contraviene la Ley Orgánica de la universidad y vulnera los principios de democracia, transparencia y legalidad que deben regir la vida institucional.
La ilegalidad como principal argumento
El principal estandarte del movimiento es la presunta ilegalidad del acto. Académicos y juristas pertenecientes a la disidencia argumentan que la Ley Orgánica de la UV no contempla la figura de la “prórroga” o extensión de mandato para el cargo de rector, sino un proceso de designación a través de una convocatoria pública y abierta. Sostienen que la Junta de Gobierno se ha extralimitado en sus funciones, creando un precedente que atenta contra la autonomía universitaria.
Este movimiento ha tomado forma bajo la organización denominada “Red UV por la Legalidad”, que ha aglutinado a una parte significativa de la comunidad universitaria crítica. A través de manifestaciones, tomas simbólicas de instalaciones, comunicados y foros de discusión, han hecho públicas sus demandas y su rechazo a la continuidad de Aguilar Sánchez.
Las demandas clave del movimiento
Las exigencias del movimiento en contra de la prórroga rectoral son claras y se han mantenido consistentes en sus diversas manifestaciones públicas. Las más representativas son:
- Anulación de la Prórroga: La demanda central e irrenunciable es que se dé marcha atrás y se anule el acuerdo de la Junta de Gobierno que extiende el mandato del rector Martín Aguilar, por considerarlo un acto viciado de origen y carente de sustento legal.
- Destitución del Rector y de la Junta de Gobierno: Exigen la salida inmediata de Martín Aguilar Sánchez de la rectoría y la disolución de la actual Junta de Gobierno, a la que acusan de actuar de manera parcial y en contra de los intereses de la comunidad universitaria.
- Nombramiento de un Rector Interino: Proponen que, una vez anulada la prórroga, se designe a un rector interino que garantice la estabilidad institucional y se encargue de conducir a la universidad hacia un proceso de sucesión legítimo.
- Emisión de una Nueva Convocatoria: La demanda fundamental es que se restituya el procedimiento legal para la designación de rector, es decir, que se emita una nueva convocatoria pública, abierta y transparente para que los aspirantes que cumplan los requisitos puedan presentar sus proyectos y la Junta de Gobierno elija a la persona idónea para el periodo 2025-2029.
- Respeto a la Legalidad y a la Democracia Universitaria: Más allá de la sucesión rectoral, el movimiento exige un compromiso férreo con la legalidad, la transparencia en la toma de decisiones y el fortalecimiento de los mecanismos de participación democrática al interior de la Universidad Veracruzana.
Voces críticas y un clima de tensión
Entre las voces más visibles del movimiento se encuentran las de exrectores como Sara Ladrón de Guevara, Víctor Arredondo Álvarez y Raúl Arias Lovillo, quienes han calificado la prórroga como una “torpeza jurídica” y un “retroceso” para la vida institucional de la UV. A ellos se han sumado investigadores eméritos y una base estudiantil que ha protagonizado marchas y protestas en los distintos campus de la universidad.
Por su parte, la administración de Martín Aguilar Sánchez y la Junta de Gobierno han defendido la legalidad de la prórroga, argumentando que se trata de una medida que busca dar “continuidad institucional” y “estabilidad” a los proyectos iniciados. A través de comunicados oficiales, han sostenido que la figura de la prórroga sí está contemplada en la normatividad universitaria, aunque sus detractores insisten en la falta de un procedimiento claro para su aplicación.
El conflicto ha escalado al ámbito legal, con la interposición de diversos recursos de amparo por parte de académicos y colectivos universitarios que buscan que sea el poder judicial quien determine la legalidad del acto. Mientras tanto, el clima en la Universidad Veracruzana es de tensión e incertidumbre, con una comunidad dividida y un diálogo que, hasta ahora, parece estar roto. El futuro inmediato de la máxima casa de estudios de Veracruz dependerá de la resolución de esta pugna por la legalidad y la legitimidad en su gobierno.
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