Quetzalli Carolina Vázquez
Veracruz arrastra una deuda democrática: legislar la revocación de mandato incorporada desde 2021 en la Constitución estatal, pero que sin ley reglamentaria no es funcional.
El Congreso ha incumplido con su obligación y más allá de tecnicismos legales, esta omisión plantea una pregunta ¿evitan legislar porque temen que los veracruzanos, hartos de inseguridad y corrupción, opten por sacar del poder a la gobernadora Rocío Nahle en 2027?
El Tribunal Electoral del Estado dio vista al Poder Legislativo para cumplir con su responsabilidad y para concretar la ley reglamentaria otorgó un plazo de 180 días que se han convertido en más de mil y que podrían llegar a 2 mil porque a los legisladores veracruzanos no les importa atender el tema.
De acuerdo a declaraciones del coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Marcelo Ríos, no hay proyecto cercano para legislar entonces, aún cuando el derecho ya existe en la Constitución, el problema es que sin la ley local, el mecanismo no es operativo.
Veracruz vive una crisis profunda, la inseguridad se desborda, la violencia arrecia y la impunidad se instala como norma; los ciudadanos están inconformes y en este contexto, no legislar el marco legal para la revocación de mandato es cerrar la puerta a que la ciudadanía evalúe a sus gobernantes en condiciones formales, legales y transparentes.
En Veracruz ya circulan voces que hablan de trabajar desde ahora para una posible revocación contra Rocío Nahle en 2027, esto no es una fantasía política, es una señal del clima de inconformidad ciudadana que se vive.
La revocación de mandato no es una amenaza para la gobernadora, es un derecho del pueblo, no legislarla es una deuda con la democracia.
NAHLE Y SU SUPUESTO ORDEN FINANCIERO.
Rocío Nahle anunció con todo el circo mediático el aumento salarial a trabajadores del gobierno estatal como si fuera un logro extraordinario de su administración, cuando en realidad es un ajuste que se hace cada año.
No se trata de un “esfuerzo financiero histórico”, como ella y sus aplaudidores a sueldo lo quieren vender, tampoco es el resultado de un ordenamiento financiero; se trata de un aumento del 6% similar al que les otorgó el año pasado el gobierno de Cuitláhuac García.
No hay necesidad de pretender engañar a la gente, si realmente hubiera orden financiero, el incremento sería mayor así que, el aumento salarial a los trabajadores no es algo que haya que aplaudirle, es una obligación mínima para tratar de compensar los diminutos sueldos que otorga su gobierno donde hay profesionistas recibiendo 5 mil pesos quincenales.
Del anuncio que hizo este martes la gobernadora Rocío Nahle, lo que sí representa un beneficio real es la apertura de guarderías para los hijos de los trabajadores y nada más.
HAY PRESIDENTES MUNICIPALES QUE INVIERTEN EN AGUA Y OTROS QUE LA DEBEN.
La Presidenta de la República Claudia Sheinbaum pidió personalmente a los presidentes municipales del país, invertir en temas de agua al menos el 30% de los recursos que reciben del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que es uno de los ocho fondos que conforman el Ramo 033, que aporta recursos a los municipios derivado de impuestos.
El FAIS tiene como objetivo el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto grado de rezago social y zonas de atención prioritaria urbanas y rurales, para contribuir a reducir el rezago en infraestructura social básica.
Aunque la petición se aplicará para el próximo año, hay quienes ya empezaron a invertir en programas que permitan dotar de vital líquido a sus gobernados, tal es el caso de los municipios de Ixhuacán de los Reyes, Tatatila y Texistepec, entre otros.
Así como hay autoridades interesadas en atender las necesidades de la población, hay otras que dejarán grandes problemas en el tema de agua pues tienen adeudos con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y quienes los sucedan en el cargo se enfrentarán a ese grave problema.
A LA ALCALDESA DE COLIPA ¿POR QUÉ LA DEJARON IR?
El fin de semana trascendió un cateo en un rancho supuestamente propiedad de un sobrino del narcotraficante Caro Quintero, donde presuntamente estaba la alcaldesa de Colipa, Gabriela Alejandra Ortega Molina, a quien las fuerzas federales habrían retenido por varias horas.
La alcaldesa dice que no estuvo, el secretario de gobierno Ricardo Ahued y la gobernadora Rocío Nahle la respaldan, el dirigente estatal de MORENA Esteban Zepeta se desmarca de la munícipe morenistas y una serie de versiones han circulado tras el cateo de la
propiedad que se encuentra bajo investigación por desaparición forzada y posibles vínculos con el narcotráfico.
Lo interesante de esto sería saber ¿por qué, si realmente estuvo ahí durante un cateo federal, la dejaron ir?, porque eso, sería una señal de complicidad, de protección política, y quizá también de colusión de las propias fuerzas federales que participaron en el operativo.
La joven morenistas que gobierna Colipa no fue detenida ni presentada a declarar, lo que apuntaría a un Estado que ya no solo tolera la impunidad, sino que la ejecuta activamente.
No sería la primera vez, la Marina y el Ejército, ya han sido señalados por corrupción, desapariciones y encubrimiento, este caso, entonces, no sorprende, pero sí exhibe con crudeza que la justicia en México sigue dependiendo del cargo, las relaciones y el cálculo político.
¿Estuvo o no estuvo? Quizá nunca lo sabremos, pero si estuvo, y se fue como si nada, alguien muy arriba le abrió la puerta y eso, más que un escándalo, debería ser una alarma nacional.
Comentarios y sugerencias WhatsApp 228 496 6621
