Víctor Manuel Andrade Guevara*
La decisión de la Junta de Gobierno (JG), de otorgar una prórroga en su mandato, al rector de la Universidad Veracruzana, sin someterse al proceso de competencia que es usual, de acuerdo con la normatividad existente, ha generado una crisis de gobernabilidad en nuestra casa de estudios que no tiene precedente, y ha conducido a una crisis institucional de la que será muy difícil salir.
Es claro que la designación del rector, a través de una prórroga automática, sin pasar por la emisión de una convocatoria, la presentación de candidaturas y la auscultación a la comunidad, como lo establece el artículo 8º de la Ley de Autonomía, no está contemplada en la normatividad. Haber dado curso a dicha petición, por parte de la JG, y haberla sometido a consulta, resta autoridad moral y credibilidad a sus integrantes, y deslegitima de entrada, el curso de las futuras decisiones que asuman, ya que han incurrido en un comportamiento ilegal e irresponsable.
Respecto a los aspectos jurídicos y procedimentales, se han pronunciado ya distinguidos académicos de la facultad de Derecho, así como investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas y especialistas en Derecho Constitucional, dejando claro que no hay lugar para una interpretación como la que están haciendo el rector y la junta de gobierno, por lo que no abundo más sobre el tema. Sólo agregaría que una interpretación sistemática de las normas aplicables deja claro cuál era la voluntad del legislador acerca del procedimiento, y en ningún momento contempló que se pudiera hacer una designación sin pasar por el trámite ordinario. Si hubiese pensado lo contrario, habría establecido un ordenamiento específico, que detallara los pasos que se deberían seguir para aprobar una prórroga del rector en funciones, sin someterse a una competencia con otros aspirantes. El artículo 8º de la Ley de Autonomía, que define lo que debe contener el reglamento de la JG, no contempla ninguna disposición que haga pensar la posibilidad de una prórroga automática; si el legislador tenía pensado que pudiera darse esa modalidad de designación, hubiese contemplado un procedimiento específico, y, en consecuencia, la JG tendría que haberlo establecido en su reglamento; pero como sabemos, tal cosa nunca se dio.
El método de interpretación histórico, por otra parte, en caso de que hubiera lugar para la duda, conduciría claramente a respaldar lo que, hasta ahora, la comunidad universitaria en su conjunto ha considerado como una norma válida y un procedimiento legítimo para designar al rector.
Al darle prioridad al interés, y supuesto derecho del rector, la JG le ha dado la espalda a la comunidad universitaria, restándole el derecho y la capacidad de participar en la decisión de quien debería asumir la rectoría en el periodo que ya está corriendo, y de opinar acerca de cual es el estado actual de nuestra casa de estudios, así como del rumbo que se le debe dar hacia el futuro. Pasa por encima también, del derecho de los académicos de nuestra universidad, que tengan una aspiración legítima de dirigirla.
Un número considerable de entidades académicas se han pronunciado en contra de que el actual rector prolongue su mandato, sin someterse a una evaluación por parte de la JG y de la comunidad, y sin debatir con otros aspirantes, para defender su gestión y sus propuestas (aunque está impedido por ley, para participar en el proceso, debido a que sobrepasa la edad). La JG ignoró deliberadamente estos pronunciamientos públicos. El rechazo proviene, no solamente de las entidades donde ha habido conflictos o inconformidades, sino de una gran cantidad de facultades e institutos de investigación. Académicos de las facultades de Medicina, Letras, Psicología, Antropología, Historia, Instrumentación Electrónica, Matemáticas, Arquitectura (contra las órdenes de su director), buena parte de los institutos de investigación (Lingüístico-Literarias, Investigaciones Psicológicas, Física, Química, Investigaciones Cerebrales, CITRO, Salud Pública, CIIES, parte del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Contaduría, etc.), representantes estudiantiles de la UVI, 27 consejeros representantes de estudiantes de la región Xalapa, y consejeros estudiantiles de la región Veracruz. El rechazo incluye a empleados de confianza de rectoría, y otras entidades. Este rechazo en muchos casos, no sólo tiene que ver con la invalidez jurídica del procedimiento que se han sacado de la chistera, sino con un cuestionamiento a los resultados de la administración, y a un particular estilo de gestión que ha dejado insatisfechos a muchos universitarios. Sin embargo, la JG no tomó en cuenta estos pronunciamientos y convocó a un proceso de consulta que fue a todas luces ilegal, vertical, excluyente e inequitativo, y por supuesto: antidemocrático.
Se ha conformado ya un movimiento que incluye a todos estos sectores, destacando la organización estudiantil “Nido Universitario” y la “Red de Académicos por la Legalidad”, que se han manifestado en Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica. Los aspirantes y otros universitarios han impugnado la decisión legalmente, y este procedimiento está en curso, de tal manera que no se puede hablar de una autoridad universitaria legalmente instituida de manera definitiva, aunque preocupa la nueva configuración del poder judicial, que obedece a los intereses políticos del partido en el poder, y cuyos integrantes carecen de un apego a la legalidad y a la justicia.
Llama la atención, en efecto, que el Dr. Martín Aguilar, estudioso destacado de los movimientos sociales y de los procesos de democratización, haya originado este curso de acción que está conduciendo a un callejón sin salida para la Universidad Veracruzana. De igual forma, resulta sorprendente que el Dr. Isunza Vera, miembro de la cada vez más disminuida JG, convalide procesos antidemocráticos, contrarios a la participación y la rendición de cuentas, traicionando la trayectoria que inició en la lucha contra la reelección de los directores en Humanidades. No sorprende en cambio, que el dirigente de la FESAPAUV, que ha prolongado también de manera ilegal su mandato al frente del sindicato, durante casi 30 años, respalde la ilegal prórroga. En su momento deberemos discutir los académicos de la UV la necesidad de reformar y democratizar también a nuestra organización sindical que padece un charrismo indigno para los universitarios.
El Dr. Martín Aguilar y la actual administración, además, deben una explicación acerca del motivo por el cual, retiraron de última hora la iniciativa de nueva Ley Orgánica de la Universidad, que elaboró su equipo, y fue aprobada por el Consejo Universitario, cuyo objetivo principal era eliminar el requisito de la edad máxima para ser rector.
En cuanto al estado que guarda nuestra universidad, y los logros de la actual administración, es necesario dar un debate serio, basado en el análisis de las propias metas que se propuso el rector, y a partir de indicadores objetivos que nos permitan ponderar si nos hemos estancado, hemos retrocedido, o si hemos avanzado y en qué medida, considerando el entorno, los fines sustantivos de la universidad: la docencia, la investigación, la extensión y la vinculación, así como los aspectos administrativos y financieros. En una siguiente entrega, abordaré estos temas.
Al llevar hasta sus últimas consecuencias la petición de la prórroga del mandato, por la vía de los hechos, designando ilegalmente al rector, y a espaldas de la comunidad, sin importarles el daño institucional que están ocasionando, los integrantes de la JG han llegado a un punto de no retorno. El timing ha favorecido hasta ahora este curso de acción, porque los universitarios estuvimos involucrados en procesos de evaluación y se atravesaron las vacaciones, de tal suerte que, por un tiempo, estuvieron libres de presiones. De cualquier forma, ello no impidió que, al reanudarse las actividades, se exhibiera la falta de legitimidad del rector y de la junta, al grado en que no pudo presentar su informe de labores ante el Consejo Universitario legalmente instalado. Por otra parte, al no haber tomado protesta en los términos que marca la normatividad, se continuó la cadena de ilegalidades en la designación del rector, de tal manera que ahora tenemos un rector sin legitimidad y una JG, carente de credibilidad y autoridad moral. Por más acciones de control de daños que puedan implementar, se caerá en una parálisis institucional y un ambiente conflictivo, que está dañando severamente a nuestra universidad. Por supuesto, no espero que esto importe mucho, pues, como lo han demostrado numerosos personajes del actual gobierno, la ley es lo último que preocupa, y si es necesario destruir instituciones, con tal de satisfacer los intereses personales, pasan por encima de lo que sea, haiga sido como haiga sido.
Ante una crisis tan grave, toca a la comunidad universitaria, especialmente al Consejo Universitario, máxima autoridad de la UV, dirimir esta situación, debatiendo con seriedad y responsabilidad el estado en que se encuentra nuestra casa de estudios, y lo que debemos hacer para recuperarla. Entre otras cosas, tendremos que discutir la necesidad de reformar el mecanismo para designar al rector, incluyendo la posibilidad del voto universal y secreto de todos los universitarios.
* Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales.
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