La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un golpe directo al negocio del huachicol fiscal y el contrabando de combustibles: a partir del 15 de octubre, toda pipa y transporte de hidrocarburos deberá portar un código QR visible, un candado digital que promete destapar la red de corrupción que por años operó a la sombra.
El esquema se presentó como un cambio de era en la lucha contra el robo de combustibles. Si en el sexenio de López Obrador el enemigo eran los ductos perforados, hoy el problema se encuentra en el contrabando disfrazado de importaciones legales. Según Sheinbaum, en marzo de este año se descubrió la llegada de un buque tanque que declaró transportar un producto, pero en realidad contenía otro combustible, lo que destapó una red de vacíos legales en aduanas y permisos temporales usados para meter gasolina “pirata” al país.
El nuevo sistema implica que la Guardia Nacional podrá detener e incautar cualquier unidad sin QR o con código apócrifo, con la intervención inmediata de la FGR. El plan también involucra a la Secretaría de Energía, la CRE, Profeco y SEMARNAT, en lo que la mandataria llamó una “normatividad integral”.
Además, Sheinbaum adelantó que su gobierno prepara la rehabilitación de los viejos ductos de Pemex y la modernización del sistema de monitoreo Escada, con el objetivo de cerrar todas las grietas por donde el negocio multimillonario del huachicol ha sobrevivido.
La medida llega con doble filo: por un lado, promete mayor transparencia y control en el sector energético; por otro, abre la pregunta incómoda de cómo fue posible que por décadas este contrabando operara con la venia —o ceguera— de las autoridades.
El reloj corre y, a partir del 15 de octubre, el QR será el nuevo detector de combustible limpio o “pirata” en las carreteras mexicanas.
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