Mientras el gobierno de Benjamín Netanyahu intensifica los ataques contra la población civil en Gaza, México ha mantenido un negocio millonario de armas con Israel, convirtiéndolo en su segundo proveedor bélico más importante, solo detrás de Estados Unidos.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, entre 2018 y 2024 México compró más de 54 millones de dólares en armamento israelí, con un repunte explosivo en los últimos años. Tan solo en 2024, las importaciones sumaron 20.3 millones de dólares, superando incluso a países europeos como Italia y España.
El epicentro de estas adquisiciones se encuentra en Miguel Hidalgo (CDMX) y Naucalpan (Edomex), donde la Secretaría de la Defensa Nacional concentra sus arsenales. Precisamente ahí, la empresa Israel Weapon Industries (IWI), ligada al magnate armamentista Samy Katsav, ha surtido de rifles y equipo táctico al Ejército mexicano.
La controversia escaló en septiembre, cuando el gobierno de Oaxaca anunció la compra de rifles IWI Arad, decisión que desató críticas nacionales e internacionales al ocurrir mientras Israel enfrenta denuncias de genocidio en Palestina.
Pero la polémica no es nueva. En 2020, el informe internacional Comercio Mortal documentó que miles de armas israelíes y europeas vendidas a México terminaron en manos de policías estatales y municipales, utilizadas en contextos de represión, colusión con el crimen organizado y graves violaciones a los derechos humanos. Lo más grave: más del 95% de ese armamento está catalogado como de uso exclusivo del Ejército, aunque en la práctica ha sido usado por corporaciones civiles.
En medio de esta realidad, México no solo aparece como comprador, sino como cómplice silencioso de un comercio de sangre: mientras en Palestina las balas israelíes siegan vidas inocentes, en México esas mismas armas alimentan la violencia de Estado y la impunidad.
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