Quetzalli Carolina Vázquez
Desde hace más de una década, los gobiernos de Veracruz se han empeñado en negar la existencia de autodefensas, como si con palabras pudieran borrar una realidad que cada día se impone con más fuerza: la gente se arma porque el Estado ha fallado en garantizar seguridad, no hay policías, no hay armamento, no hay capacitación, la delincuencia organizada controla muchas zonas en el estado.
En 2013, en el sexenio de Fidel Herrera, se minimizaba el tema diciendo que eran “solo vecinos organizados” pero en Tlalixcoyan, la gente ya se había armado contra levantones, robos y otros delitos; un año después, en el gobierno de Javier Duarte el discurso fue el mismo “no hay autodefensas en Veracruz”, y tras mostrar la prensa evidencias de lo contrario, fueron por ellos y los trasladaron a la capital del estado.
En febrero de 2014, Erick Lagos, entonces secretario de gobierno, dialogó con Román Vásquez y otros autodefensas, supo del incremento en secuestro, extorsión, cobro de piso, robos y otros delitos, de policías de la zona coludidos con la delincuencia y a partir de ahí, el gobierno inició la movilización de fuerzas armadas, solicitó el apoyo del ejército e intentó desarmarlos.
En 2019, el gobernador morenista Cuitláhuac García también negó a los autodefensas y fue más allá: los llamó delincuentes, poco después el médico José Manuel Mireles, líder nacional del movimiento de autodefensas arribó al estado y, confirmó que al menos 15 mil ciudadanos se habían integrado a las autodefensas en Veracruz, dejando en ridículo al gobernador.
Hoy en 2025, con el gobierno de Rocío Nahle, la historia se repite, niegan la existencia de autodefensas en el municipio de Oteapan, al sur del estado, mientras las imágenes muestran a ciudadanos armados con lo que tienen y pueden: pistolas, rifles, machetes, palos, cualquier cosa que sirva para protegerse de secuestros, robos, extorsiones, asesinatos.
El diputado Esteban Bautista, famoso por cerrar válvulas de la presa Yuribia y dejar si agua a pobladores del sur del estado dice que “son tres personas que buscan reflectores” pero realmente son decenas de familias hartas de la delincuencia ¿Quién en su sano juicio se organiza y sale de madrugada, solo para salir en una foto? Nadie, lo hacen porque el gobierno ha sido rebasado, porque no hay seguridad, la delincuencia manda y las autoridades miran para otro lado: la gente se defiende no por gusto, sino por necesidad.
Incluso el mismo legislador reconoce que, cuando fue alcalde de Tatahuicapan, se organizó una “policía comunitaria”, que no es otra cosa más que autodefensas, ciudadanos que sin pago hacen funciones que corresponden a los gobiernos porque los gobiernos no pueden.
Mientras tanto, Rocío Nahle afirma desde su mañanera que ya recorrió la zona y que no hay autodefensas sin embargo, los hechos dicen lo contrario y aunque los gobernantes intenten borrarlos con declaraciones, las autodefensas existen, crecen y evidencian lo que nadie en el poder quiere admitir: el Estado ha fallado en dar seguridad a sus ciudadanos.
VERÓNICA GIADANS, LA FISCAL QUE NAHLE NO SE ATREVE A CUESTIONAR PESE AL DESCRÉDITO LEGAL EN QUE TIENE A VERACRUZ.
Es difícil entender por qué la fiscal Verónica Hernández Giadans sigue en su cargo, cuando casos como el de Sara Luz N., exalcaldesa de Alvarado, evidencian su ineficiencia al frente de la justicia en Veracruz, ¿Quién sostiene a la fiscal? Definitivamente alguien con más poder que la gobernadora Rocío Nahle que ha tenido oportunidad de justificar su salida y no lo ha hecho.
La expresidenta municipal de Alvarado, fue condenada en 2018 a 30 años de prisión por homicidio doloso calificado, tras ser señalada como autora intelectual del asesinato de su secretario particular, Michel M.C., ocurrido en 2013, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en una propiedad de la exfuncionaria.
El 7 de octubre de 2025, la Fiscalía anunció —sin claridad ni sustento— que había logrado una “sentencia condenatoria” de 20 años de prisión, sin explicar si fue por un nuevo proceso, apelación, amparo o reclasificación del delito, de hecho ahora hablan de homicidio culposo, una figura mucho más leve que el delito original.
Lo grave no es solo la ausencia de transparencia, sino que la Fiscalía presentó esto como un logro, cuando en realidad es una derrota jurídica, perder 10 años de sentencia en un caso tan mediático no debería celebrarse, sino investigarse.
Desde que Rocío Nahle asumió como gobernadora, se habló de sustituir a Giadans, el Congreso incluso avanzó con los trámites pero, todo quedó congelado. En innumerables ocasiones ha trascendido su renuncia sin que realmente se haya concretado y, el mes pasado volvió a mencionarse el relevo, pero otra vez nada pasó.
Se sabe que Veronica Giadans fue pieza clave del exgobernador Cuitláhuac García, y operó directamente para perseguir y encarcelar a personajes incómodos para el gobierno morenista; hoy, a pesar de sus evidentes fallas, algo o alguien con más poder que la gobernadora la mantiene inamovible.
La justicia en Veracruz pierde credibilidad, y los errores de la Fiscalía se acumulan sin consecuencias, no hay que olvidar que ahí salió la versión de la muerte por infarto de la maestra jubilada Irma Hernández, tema que puso a la gobernadora en los titulares nacionales e internacionales e hizo que la señalaran de mentirosa, insensible y muchas cosas más sin embargo Nahle se ha tenido que aguantar y no se sabe hasta cuando conseguirá deshacerse de la fiscal incomoda.
LA COMPLICIDAD DE LA 4T QUE PROTEGE A CUITLÁHUAC GARCÍA
El reciente informe del ORFIS sobre la Cuenta Pública 2024 dejó al descubierto el desorden financiero y administrativo en el que terminó el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, hoy flamante titular de CENAGAS en el gobierno federal. Con un presunto daño patrimonial superior a 2,370 millones de pesos, lo que salta a la vista es la complicidad de la actual administración estatal, encabezada por la gobernadora morenista rocio Nahle, que ha preferido manejar el tema con discreción, sin señalamientos claros a su antecesor.
El informe del ORFIS apunta a irregularidades generalizadas en 174 municipios, así como en Servicios de Salud, Espacios Educativos y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), esta última, bajo el mando de Sergio Rodríguez Cortés, dependencia que acumuló un presunto daño patrimonial de más de 273 millones de pesos; Rodríguez Cortés, ampliamente conocido por su afición al dinero, tuvo a su cargo el Aquarium de Veracruz, convertido en vitrina del despilfarro bajo la administración de Cuitláhuac, su intervención, supuestamente para “rescatar” el espacio, terminó generando más observaciones por pagos inflados, contratos poco transparentes y resultados cuestionables.
A pesar de estas evidencias, la gobernadora —como muchos en Morena— ha optado por seguir repitiendo el guion de siempre: señalar solo a administraciones pasadas del PRI y del PAN como responsables de la corrupción cuando lo cierto es que el desastre financiero que dejó el gobierno de Cuitláhuac García es inocultable, y lo que indignante es que ni siquiera se atrevan a nombrarlo como parte del problema.
¿Cómo puede la ciudadanía confiar en que habrá justicia o castigo a los responsables, si ni siquiera se reconoce públicamente que el hoy director de CENAGAS dejó un gobierno estatal plagado de irregularidades, obras inconclusas y boquetes presupuestales?
La respuesta parece evidente: no habrá castigo para él ni para sus operadores más cercanos.
Sin embargo, la magnitud del daño es tal que será imposible cubrirlo con discursos, rodarán cabezas indudablemente, sería absurdo pensar que se llegue a tal grado que no las haya aunque probablemente no serán las cabezas más altas; los más vulnerables o los menos protegidos políticamente cargarán con la culpa, mientras los verdaderos responsables siguen ascendiendo en la estructura federal.
Veracruz necesita rendición de cuentas real y eso empieza por dejar de fingir que la corrupción nació y murió con los gobiernos del PRI y el PAN porque mientras no se reconozca que el morenismo también huele a dinero mal usado el saqueo seguirá disfrazado de transformación.
NO TODO ESTÁ PODRIDO TAMBIÉN HAY BROTES DE HONESTIDAD EN EL GOBIERNO DE VERACRUZ.
Es justo señalar cuando las cosas se hacen mal, pero también es necesario reconocer cuando se hacen bien y, en medio del desastre financiero que dejó la administración estatal anterior, el informe del ORFIS sobre la Cuenta Pública 2024 también destaca que 41 ayuntamientos de Veracruz no presentan daño patrimonial, lo cual demuestra que sí hay autoridades locales comprometidas con el buen manejo del dinero público.
Además, una de las sorpresas positivas fue el caso del desaparecido Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), que no tiene observaciones, esto se debe en buena parte a la labor administrativa de Renata Gabriela Muñoz, quien fungía como titular del Organo Interno de Control del mencionado organismo, ella logró que los recursos asignados se ejercieran con orden y transparencia a pesar de su complicada situación institucional, evidenciando así que cuando la persona capaz y correcta es colocada en el lugar correcto, las cosas salen bien.
En un contexto donde lo común es la opacidad y el despilfarro, estos ejemplos merecen ser mencionados, la rendición de cuentas también se construye reconociendo a quienes sí hacen las cosas bien y ese es el caso en las cuentas públicas de los ayuntamientos de Orizaba, Acajete, Acatlán, Cabada, Aquila, Atlahuilco, Benito Juárez, Cazones de Herrera, Chacaltianguis, Chicontepec, Colipa, Cosautlán de Carvajal, Fortín, entre otros.
ISSSTE XALAPA; UN NIDO DE LADRONES QUE DAÑAN A SUS DERECHOHABIENTES.
¡Urge la intervención de las autoridades federales en el ISSSTE de Veracruz! Es inaceptable que una institución que debe proteger a los trabajadores y pensionados esté siendo utilizada como botín por una red de funcionarios corruptos.
El mes pasado mes de septiembre, una empleada fue sorprendida destruyendo documentación oficial relacionada con jubilaciones, lo que constituye un delito federal pero que busca encubrir las graves irregularidades cometidas durante la gestión de un exfuncionario detenido en mayo pasado por presuntamente intentar despojar de dinero de su jubilación a una extrabajadora jubilada.
Lo más preocupante es que varios funcionarios fueron testigos, recibieron notificaciones internas, y no hicieron nada más que levantar un acta, lo que revela el nivel de impunidad con el que se maneja una red que no solo roba pensiones, sino que despoja a familias enteras del dinero que por ley les corresponde.
Se han documentado casos donde se desvían fondos de pensión a cuentas ajenas, se usan actas falsas o concubinatos simulados para robar pensiones de personas sin familiares registrados, los afectados son ignorados o mal orientados para evitar que denuncien y los funcionarios de alto nivel encubren y se preocupan más por despedir trabajadores para abrir espacios y colocar a alguien de confianza que les apoye con las operaciones de robo y despojo de pensiones.
Denunciar formalmente los afectaría pues las autoridades federales descubrirían ilícitos en los que ellos mismos están involucrados.
Se trata de una mafia institucional que se extiende incluso hacia Puebla y Tlaxcala, donde también hay funcionarios implicados, una situación que lleva años ocurriendo en el issste de Xalapa Veracruz y de otros municipios, casos que no se investigan ni se castigan; no hay garantías de protección a los derechohabientes y no se debe permitir que quienes han trabajado toda su vida sean víctimas del sistema que debería protegerlos.
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