En Campeche, el gobierno de la morenista Layda Sansores parece haber declarado la guerra abierta al periodismo incómodo. La Fiscalía General del Estado (FGECAM) envió un oficio a la empresa Producciones Telemar, S.A. de C.V., exigiendo que revele los nombres de los reporteros, editores y directivos responsables de notas críticas hacia la mandataria.
El documento, recibido el 15 de octubre, solicita la identidad de los periodistas “para integrar una carpeta de investigación por el delito de calumnia”. Si la empresa no entrega la información en cinco días hábiles, enfrentará sanciones económicas y procesos legales.
El hecho, calificado por analistas y comunicadores como un acto de censura directa, tiene un contexto aún más inquietante: las notas en cuestión se refieren precisamente a las presiones y actos de censura del gobierno de Sansores contra otros medios locales.
Entre ellas, destacan las publicaciones sobre el caso del diario Tribuna de Campeche y el periodista Jorge Luis González Valdez, quienes desde julio enfrentan una vigilancia judicial sin precedentes: un “censor oficial” revisa sus contenidos antes de publicarse, y González es acompañado permanentemente por un agente como parte de las medidas cautelares impuestas por una jueza que considera que hablar de Sansores puede “lastimar su dignidad”.
A esta lista de atropellos se suman los casos de los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez Camal y Hubert Carrera Pali, del medio La Barra Noticias, obligados a ofrecer disculpas públicas a la gobernadora por supuesta “violencia política en razón de género”.
Para Telemar, el oficio de la Fiscalía no deja lugar a dudas: “refuerza la percepción de que las instituciones del gobierno buscan limitar la libertad de expresión y acallar la cobertura periodística crítica”.
En un comunicado, la empresa llamó a respetar el artículo 6 constitucional, que garantiza la libertad de expresión en México, y denunció que las medidas adoptadas por la autoridad “generan un clima de miedo y autocensura entre los medios locales”.
Mientras tanto, en Campeche, cada nota crítica parece costar más cara: quien escribe, edita o simplemente pregunta corre el riesgo de ser investigado.
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