Salvador García Soto
Para la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, los derechos de las personas con discapacidad en México, cerca de 9 millones de personas que representan el 7.2% de la población nacional, no son una prioridad. De hecho, la juzgadora que formó parte de la anterior Corte y que repitió en la actual, considera que los discapacitados mexicanos no tienen por qué ser consultados cuando se aprueben leyes que los involucren o afecten sus derechos, ya sea en Congresos estatales o en el Congreso federal, como si la discapacidad con la que viven los volviera, en la visión de la ministra Batres, ciudadanos de segunda.
Porque eso es lo que propuso el pasado 7 de octubre Lenia Batres, ante el pleno de la Corte, en su proyecto de resolución de la acción de constitucionalidad 182/2024, en el que la ministra propone que la Corte debe validar leyes o reformas legales que se refieran a las personas con discapacidad y sus derechos, aunque los Congresos que las redactaron y aprobaron no hayan consultado a la población discapacitada, en los casos de que esas legislaciones “les beneficien” a las personas que viven con una discapacidad.
Con esa propuesta que desató manifestaciones de protesta afuera de la Corte el día que fue presentada, la ministra no sólo exime a los Congresos estatales o federal de realizar la consulta obligatoria que marca la ley para cualquier legislación nueva o cualquier reforma legal que involucre, afecte o beneficie a los discapacitados mexicanos, algo que desde 2016 fue validado por la Suprema Corte que determinó la obligación constitucional de consultar siempre a las personas con discapacidad, a partir del cumplimiento al artículo 4.3 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que se tradujo en la integración de este derecho en el sistema constitucional mexicano.
Después de analizar y debatir cerca de 40 asuntos en los que se combatió la falta de consulta al sector de la población, la Suprema Corte estableció como criterio sustancial, que cada vez que se prevean disposiciones legales que incidan directamente en los derechos de las personas con discapacidad, existe la obligación de consultarles previamente a la toma de decisión del Poder Legislativo, es decir antes de que las iniciativas o reformas sean votadas.
Sin embargo, lo que dice la ministra Batres es que cuando las leyes que aborden temas de discapacidad “les beneficien” a los discapacitados, no debe llevarse a cabo esa consulta, porque según ella de 50 impugnaciones que ha revisado y fallado la Corte en este tema, solo 3 eran leyes que afectaban los derechos sobre discapacidad, y las otras 47 en realidad les beneficiaban, y a partir de eso pide eliminar este criterio constitucional de la consulta previa obligatoria, y añade que si los discapacitados no están de acuerdo con alguna ley ya aprobada, podrían impugnarla, algo que se dificultaría para esos grupos vulnerables que no siempre tienen ni la movilidad, ni las capacidades o recursos para interponer una impugnación legal.
El proyecto de Lenia Batres no sólo significa un retroceso rechazado por las organizaciones que defienden derechos de los discapacitados, porque desconoce que las personas con discapacidad pueden y deben opinar sobre sus necesidades y que solo ellas pueden expresar si las medidas legislativas realmente representan un beneficio efectivo para sus derechos o si, por el contrario, alguna ley o reforma que se quiera aprobar afecta e inhibe la protección de sus derechos. La ministra propone, en los hechos, que México regrese al “modelo rehabilitador” que establecía que los discapacitados eran “sujetos pasivos de la ayuda que les brindara el Estado”, y abandonar el “modelo social”, al que se avanzó en 2016 con los criterios de la Corte, que busca eliminar todas las barreras en la sociedad que impidan el pleno ejercicio de los derechos de quienes viven con discapacidad.
Fue tal el revuelo y la preocupación que causó en la población discapacitada mexicana el planteamiento regresivo y anticonstitucional de la ministra Batres Guadarrama, que el presidente de la Corte, a petición de varios de los ministros, decidió suspender la discusión de su proyecto de constitucionalidad y ordenó convocar a audiencias públicas para escuchar a los grupos y organizaciones de discapacitados que protestaron y se inconformaron con este proyecto. Ayer se llevo a cabo la primera audiencia y personas con discapacidad, como Esther Díaz, de la Asociación de Mujeres por la Inclusión, dijo que cambiar el criterio de consulta obligatoria a los discapacitados afectaría los derechos sustantivos de los casi 7 millones de mexicanos que tienen alguna discapacidad.
“Al desplazar ahora el énfasis sobre el contenido de la norma, y no hacia el proceso de su elaboración, se genera un vacío que debilita el cumplimiento de los artículos 4.3 y 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que obliga al Estado mexicano a realizar consultas activas y estrechas con las personas con discapacidad antes de adoptar medidas legislativas que puedan afectarlos”, dijo la dirigente de mujeres discapacitadas.
Ayer, en medio de esta primera audiencia, la propia Lenia Batres trató de explicar su proyecto insistiendo en que no limita los derechos de consulta de los discapacitados y en su intervención afirmó que, de cualquier modo, el proyecto ya había sido aprobado por la mayoría de ministros, algo que, ahí mismo y delante de la ministra, fue desmentido por los otros ministros que aclararon que el asunto no ha sido aún resuelto por el pleno de la Corte y que para eso se está consultando a la población.
Así que la intentona de la ministra Batres de limitar y desconocer derechos ya conquistados desde 2016 por los discapacitados mexicanos, se ha topado con el rechazo de ese sector vulnerable de la población y con el sentido común y la sensibilidad de otras ministras y ministros que frenaron el asunto, ante las protestas que hubo afuera de la Corte, y pidieron que se abrieran las audiencia para escuchar a los afectados. Tal parece que hay cosas que no cambian, como las posturas polémicas, desinformadas o de plano inconstitucionales que sostenía Lenia en la pasada Corte y que vuelve a sostener en la Corte nueva, donde ahora pretende ser ella, quien decida qué es lo que beneficia o no a los 7 millones de mexicanos que viven con una discapacidad.
Esperemos que después de estas consultas se imponga el sentido común y el criterio constitucional que ya se estableció, desde hace casi 10 años, que sólo las personas con discapacidad pueden determinar, con su opinión directa, la forma en que se protegen y salvaguardan sus derechos en las leyes mexicanas y no que sean los ministros o ministras quienes decidan si una ley les beneficia o no a ese sector. Quitarles la posibilidad de opinar antes de que se apruebe una ley que los involucra, sería conculcar y suprimir el derecho de consulta de los discapacitados y eso equivaldría a pisotear la dignidad de esos mexicanos e ignorar los lemas que han abanderado la lucha de estos grupos vulnerables que exigen y merecen su inclusión total en la sociedad. “Todo con nosotros, nada sin nostros” o también, como repetían ayer en las audiencias de la Corte, “Nada sobre nosotros, sin nosotros”. ¿Le quedará claro eso a la ministra Batres y sus propuestas regresivas?
NOTAS INDISCRETAS… El artero asesinato del líder de los limoneros de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, es un buen reflejo de cómo está el país en la realidad. Porque a este joven de 36 años, que también presidía la Asociación Nacional de Citricultores, lo mataron por denunciar la corrupción de los coyotes e intermediarios que pretendían pagarles precios muy bajos a los productores de limón y al mismo tiempo por denunciar también la extorsión y el cobro de derecho de piso del crimen organizado a la producción limonera. La conmoción que hay en esa zona de la tierra caliente es mucha, porque Bernardo se había convertido en un líder valiente que no aceptaba el coyotaje y la intermediación que castigaba el precio a los productores y que tampoco se callaba ante las extorsiones del narco michoacano. Lamentablemente no hubo autoridad, ni federal ni estatal que atendiera las denuncias del valiente Bernardo o que le brindara protección ante los poderosos y peligrosos enemigos a los que combatía, y lamentablemente este joven que tuvo el valor de no callarse corrió con la misma suerte que en este país corren todos aquellos que se atreven a denunciar: madres buscadoras, activistas ambientales, defensores de derechos humanos, periodistas, sacerdotes, y todo aquel mexicano que, aun con miedo y a costa de su vida, no se callan ni aceptan las reglas del crimen organizado que, ya sea en forma de sicarios que extorsionan o de coyotes que castigan a los productores agrícolas, se llevan ellos las mayores ganancias. Y qué rabia y tristeza da ver cómo los pocos valientes que quedan en México van cayendo uno a uno asesinados por las balas de las mafias locales y nacionales, ante la incapacidad, la indolencia y a veces la complicidad de los gobernantes locales y federales que protegen a esas mafias criminales. Y más coraje e impotencia da que el crimen de Bernardo Bravo, ocurriera justo dos días antes de que se celebre, con un evento conmemorativo, el aniversario 211 de la Constitución de Apatzingán, promulgada en ese mismo lugar donde mataron a este joven productor de limón, por el llamado Congreso de Anáhuac y con las ideas y sentimientos del generalísimo José María Morelos y Pavón. Esa fue considerada la primera Constitución mexicana que, aunque nunca entró en vigor, porque se creó en plena lucha de independencia, fue la precursora y antecedente de la Constitución de 1824. Justo en Apatzingán, hace 211 años se estableció, además de la soberanía popular, la división de poderes, la abolición de la esclavitud y la igualdad de todos los mexicanos ante la ley. Y en materia de libertades y derechos, decía aquel documento redactado por Morelos y los demás constituyentes, que los mexicanos tenían derecho a la libertad, la seguridad y la propiedad individual. Más de dos siglos después se celebrará a ese documento histórico, mientras a los mexicanos valientes, honestos y productivos, como lo fue Bernardo Bravo, los siguen asesinando impunemente y no hay para ellos ni seguridad, ni libertad… Los dados no mienten. La Serpiente de la violencia criminal sigue mandando en México.
El Universal
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