La violencia política volvió a teñir de sangre a Michoacán. Roberto Ramírez Zárate, síndico morenista del Ayuntamiento de Penjamillo, fue ejecutado a balazos la noche del domingo en plena carretera Numarán-Penjamillo, una zona marcada por la presencia del crimen organizado.
El funcionario circulaba en su vehículo Nissan Sentra color guinda cuando fue interceptado por un grupo armado que le disparó repetidamente hasta hacerlo perder el control del auto, que terminó fuera del camino. La Guardia Civil y autoridades locales confirmaron su muerte en el lugar.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la principal línea de investigación apunta a una venganza vinculada al narcotráfico. Penjamillo, ubicado en la frontera con Guanajuato, se encuentra en medio de la guerra territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima, dos de las organizaciones criminales más violentas del país.
El asesinato ocurre en un municipio sumido en el abandono institucional. Apenas este mes, la alcaldesa morenista María Martínez Ruiz ordenó dar de baja ocho patrullas por estar “inservibles”, dejando prácticamente sin fuerza operativa a la policía local. Para colmo, el Ayuntamiento también denunció el robo o desaparición de documentos de sus vehículos oficiales.
La ejecución del síndico expone, una vez más, el vacío de autoridad que consume a Michoacán, donde los cárteles marcan la ley y los funcionarios pagan con su vida el costo de gobernar territorios sin Estado.
Un país donde ser servidor público ya es una sentencia.
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