Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo
La figura de la revocación de mandato, es un mecanismo más de la democracia directa en los sistemas presidencialistas, con la vertiente de la “parlamentarización del presidencialismo”; puesto que esta figura proviene de los sistemas parlamentarios, cuyo motivo es la “pérdida de confianza de un gobierno”, y se somete a elecciones en cualquier momento gubernamental, sobre todo cuando el gobierno en turno enfrenta una crisis, la moción la hace el parlamento para someter a nuevas elecciones.
En el caso mexicano, la reforma constitucional giró en torno a esta frase del expresidente AMLO: “en una verdadera democracia debe regir la máxima de que el pueblo pone y el pueblo quita”, fue así como el congreso de la unión, y 17 congresos locales (Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y la Ciudad de México) en 2019 aprobaron la figura de la revocación de mandato en el Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Desde la ciencia política, únicamente se puede someter a la revocación de mandato a los titulares del poder ejecutivo, que, en el caso mexicano, solamente serían los presidentes, gobernadores y alcaldes. No hay espacio para que los congresistas se sometan a un proceso revocatorio, esto lo aclaro porque desde el gobierno de Veracruz con supina ignorancia sobre el tema, se recomendó que se aplicará ese procedimiento al congreso de la unión.
Dentro de la minuta que aprobó el senado de la república, afirmó lo siguiente: “Esta decisión se basó principalmente en que uno de los pilares fundamentales de Morena es su vocación democrática, independencia y autonomía; no estamos sometidos, no representamos intereses perversos o minorías rapaces ni nos encontramos vinculados a un poder fáctico, pues reconocemos al pueblo como único soberano… En el Senado de la República tenemos claro que la consolidación democrática se traduce en hacer de la ciudadanía un actor preponderante en la toma de las decisiones que le conciernen y afectan directamente.” (sic).
Pero, ¿cómo funciona en el plano federal la revocación de mandato?
La revocación de mandato podrá ser solicitada por ciudadanas y ciudadanos que representen al menos el 3% de la lista nominal de electores siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.
La solicitud la hace una asociación civil, no un partido político, después de que pasaron 3 años de gobierno, y la revocación se somete en el cuarto año de gobierno, en el mes de marzo, en caso de reunir las firmas necesarias, se diseña un boleta electoral, y para que sea vinculante la revocación tiene que votar el 40% de los que estén en la lista nominal, en el caso mexicano en el 2028 se producirá la segunda revocación de mandato de la presidenta de la república, y tendrán que votar aproximadamente 42 millones de electores para que se cumpla este requisito.
Pero, ¿qué pasa en Veracruz con la revocación de mandato?, como se observó no participó en la reforma constitucional en 2019, sino que legisló constitucionalmente hasta el año 2021, pero le puso el 10% de las firmas de quienes integran la lista nominal en 107 municipios, a diferencia del plano nacional, que sólo es el 3%, este porcentaje debió armonizarse en el estado, en donde sólo serían 180 mil, y no las 600 mil firmas que nos impuso la mayoría morenista, es algo que el congreso local está desacatando lo que reformó su partido y su expresidente en el año 2019; esto tiene una lógica: defender a los gobernantes ineptos de morena que ha tenido en los dos últimos gobiernos estatales.
Han pasado 6 años, 3 congresos locales y no quieren legislar sobre la revocación de mandato, primero se negaron a hacerlo en el 2019, y después lo hicieron hasta el año 2021, con la finalidad de que ninguna asociación civil pudiera solicitar la revocación de mandato del inútil exgobernador; si a esto se le agrega, que no hay ley secundaria que establezca las reglas de la propia revocación, pues si se le solicita directamente al OPLE, no se podría realizar, porque no está habilitado jurídicamente para organizar una consulta, ya que existe un vacío normativo, y sólo puede actuar dentro del marco legal.
Dado lo anterior, recurrí al TEV para interponer un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, el 3 de febrero de 2025, señalando la omisión legislativa del actual congreso, cuya sentencia TEV-JDC-18/2025 fue favorable el 1 de abril de este año, en donde se obligaba al congreso para que hiciera la ley secundaria; pasaron más de 6 meses y decidí recurrir nuevamente al TEV para que el congreso local cumpliera su sentencia, y allí ya se le está solicitando sanciones en contra de los diputados locales, y aún no hay resolución.
Ante la negativa del congreso local, se decidió ir a la plataforma change.org para solicitarle al poder legislativo local que hiciera la ley secundaria, hasta el momento de escribir esta columna el número de firmas lleva más de 900 personas en muy pocos días. Y como una iniciativa ciudadana, Alejandro N. propuso que hicieran una recolección de firmas en la Plaza Lerdo en la ciudad de Xalapa, en donde asistió la ciudadanía expresando sus críticas al gobierno estatal en turno: “soberbia”, “burla a los veracruzanos”, “carcajadas de que no hay seguro para desastres”, y un sinfín de comentarios, lo obvio es que como nunca, la sociedad veracruzana está realmente enojada con sus gobernantes.
La respuesta de la señora Rocío N, fue llamarles “carroñeros” a quienes solicitamos las firmas y a quienes firmaron la petición para que se le destituya del cargo; y si le dijera, tal y como esta escrito en esta columna, que el “carroñero mayor” fue AMLO, y los “carroñeros pequeños” son los integrantes de su partido que integraron el poder legislativo en 2019, por querer que la sociedad si está harta de sus malos gobernantes se les pueda destituir del cargo, y más cuando no ganó la encuesta de su partido, y el obtener 2 millones de votos fue gracias al algoritmo que la hizo ganar en el OPLE de Veracruz.
Finalmente, por congruencia partidista está obligada a someterse a la revocación de mandato, ya que es un derecho constitucional de los veracruzanos.
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