La inconformidad llegó hasta los tribunales… y esta vez, los jueces son los manifestantes. Exmagistrados y exjueces federales tomaron las calles de la capital para exigir el pago de sus indemnizaciones, congeladas desde hace más de dos meses tras la reforma constitucional al Poder Judicial impulsada el año pasado.
Con pancartas que rezaban “¡Justicia para quienes impartimos justicia!”, los cesados acusaron al Órgano de Administración Judicial (OAJ) de violar la Constitución al retener durante 73 días los pagos que, por ley, les corresponden.
“Emitir un oficio de buena voluntad no es cumplir con la Constitución”, señalaron en un comunicado dirigido a la opinión pública, recordando que la ley ordena entregar tres meses de salario, veinte días por año trabajado y prestaciones complementarias como pensiones y servicios médicos.
Detrás de las cifras hay rostros: más de 800 exfuncionarios judiciales —junto a sus familias— enfrentan problemas para pagar medicinas, renta, educación y alimentos, mientras el OAJ no da respuesta ni calendario de pagos.
A esto se suma un nuevo golpe: el organismo circuló un proyecto para eliminar el Plan de Pensiones Complementarias, lo que ha encendido las alarmas entre los jubilados y trabajadores en proceso de retiro, quienes calificaron la medida como una “traición a décadas de servicio público”.
Los exjueces advirtieron que mantendrán las protestas hasta que el gobierno cumpla con lo que marca la ley. “Nos despidieron en nombre de la justicia, pero hoy somos nosotros quienes la exigimos”, expresó uno de los manifestantes.
La reforma judicial que prometía “limpiar” al Poder Judicial hoy enfrenta su propio juicio: el de quienes la construyeron desde adentro y ahora se sienten despojados no solo de su trabajo, sino de sus derechos más básicos.
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