La historia de Luis, un joven de 17 años que acudió por primera vez a una manifestación para exigir seguridad, hoy destapa uno de los capítulos más oscuros en el manejo de las protestas por parte del Gobierno capitalino: tortura, amenazas de desaparición, fabricación de delitos y un aparato institucional que —según denuncian— se volcó para encubrir a policías agresores.
Luis no fue detenido: fue cazado. Así lo relata él mismo al recordar cómo oficiales de la SSC lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, lo arrastraron a una patrulla y ahí comenzó una jornada de terror:
“Me dijeron que si querían, mañana yo no despertaba. Que podían desaparecerme a mí y a mi familia”.
El joven —que trabaja vendiendo tacos junto a su mamá y sueña con entrar a la Marina— asegura que los policías le exigieron su dirección y lo golpearon hasta que desbloqueó su celular. “Ya teníamos órdenes de agarrar a cualquier pendejo”, escuchó decir a los oficiales.
Mientras el Gobierno capitalino presume cifras de policías heridos en protestas recientes, el incremento de la violencia institucional es evidente. Y Luis terminó en el centro de un operativo que, según él, buscó amedrentar y fabricar culpables para justificar los enfrentamientos.
Incomunicación, golpes y humillaciones
Tras su detención, Luis pasó 24 horas incomunicado en la Agencia del MP Cuauhtémoc-1: sin comer, sin baño, sin asesoría legal. Asegura que él y otros detenidos fueron obligados a sentarse en orines.
La médico legista no completó su valoración porque “no había radiólogo”. Luis salió con lesiones cervicales, un esguince, golpes en la cara y moretones en el cuerpo. Ni una pastilla para el dolor.
La Fiscalía de Justicia para Adolescentes intentó imputarlo por homicidio calificado y tentativa de homicidio.
La abogada Azucena Arredondo desmonta la acusación con una sola frase:
“No llevaba arma, no aparece en videos, no está vestido de negro, no golpeó a nadie. Fue una imputación fabricada”.
“Me puse en modo mamá-abogada”
Su madre, cuidadora y jefa de familia, estalló al ver los golpes en el rostro del menor. Antes, tuvo que enfrentar violencia institucional en el Ministerio Público, donde ignoraron el acta de nacimiento que demostraba que Luis es menor de edad.
“Verlo así… no podía llorar. Tenía que sacarlo de ahí vivo”, dice.
Hoy, sin miedo, anuncia que denunciará por tortura ante la Fiscalía.
“Si no levantamos la denuncia, cualquiera puede acercarse. Si lo hacemos, no pueden tocarlo.”
El Protocolo de Estambul toca la puerta
La abogada exige que el caso se investigue como tortura, aplicando el Protocolo de Estambul. Asegura que los dictámenes médicos demostrarán la violencia física y emocional que sufrió el menor.
Además, hace un llamado urgente a los demás detenidos del 15 de noviembre:
“Si no denuncian, este patrón seguirá. Lo único que frena la tortura es documentarla”.
Una ciudad que protesta… y una policía que responde con brutalidad
La marcha de la Generación Z no sólo puso sobre la mesa el hartazgo de los jóvenes ante la inseguridad y la impunidad. También exhibió un aparato policial dispuesto a reprimir, golpear y silenciar.
Luis quería “representar a su novia y a su gente”.
Terminó golpeado, amenazado y convertido en símbolo del abuso policial que las autoridades intentan negar.
Su caso podría ser el primero de muchos en desenmascarar un patrón que huele, cada vez más, a brutalidad sistemática.
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