La paciencia del campo mexicano llegó a su límite. En plena ola de protestas carreteras que sacude a varios estados del país, campesinos de Jalisco confrontaron directamente a autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) estatal, denunciando una realidad que —dicen— el gobierno prefiere ignorar: ellos producen el maíz, pero otros se quedan con la riqueza.
Durante un tenso intercambio, Salvador Ruiz, agricultor jalisciense, lanzó un reclamo que sacudió la sala y encendió las redes.
“¿Por qué suben la tortilla a 30 pesos si a nosotros nos pagan el maíz a 4? ¡Con un kilo de maíz se hacen más de kilo y medio de tortilla! ¿A quién protegen?”, cuestionó, poniendo el dedo en la llaga de un modelo económico que —según los manifestantes— exprime al productor y consiente al empresario.
El reclamo no se quedó en números. Ruiz señaló que miles de campesinos viven en condiciones indignas:
“Nosotros no tenemos para comer, ni para medicinas, ni para doctores. Ese es su privilegio, no el nuestro”, lanzó, visiblemente molesto.
Pero lo que realmente cimbró a las autoridades fue el ultimátum que vino después. En declaraciones a medios, Ruiz advirtió que, si el gobierno no sube el precio del maíz, el Mundial 2026 podría convertirse en la mayor víctima colateral del abandono al campo.
“Vamos a cerrar aeropuertos, estadios, centros deportivos. No va a haber Mundial. Para eso sí gastan miles de millones, mientras el pueblo no tiene nada”, amenazó.
La advertencia cayó como bomba. En un país que se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más grandes del planeta, los campesinos recuerdan que sin maíz no hay país… y tampoco fiesta mundialista.
¿Responderá el gobierno antes de que México pase de ser sede del Mundial a sede de un estallido social? La cuenta regresiva ya inició.
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