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Abbas declara la ruptura de los últimos lazos con Israel tras la demolición de 70 viviendas

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha anunciado su decisión de romper todas las relaciones con Israel tras la demolición de 70 viviendas palestinas en una barriada de Jerusalén Este, bajo ocupación militar desde 1967, el pasado lunes. En una reunión de urgencia de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) mantenida la noche del jueves en Ramala (Cisjordania), Abbas declaró el fin de la aplicación de los acuerdos bilaterales. Esta decisión, que la OLP ya había anunciado en anteriores ocasiones sin llegar a ejecutarla, será llevada a cabo a partir de este viernes por un “comité especial”.

Los pactos y protocolos que completaron los Acuerdos de Oslo, por los que se puso en marcha en 1993 el autogobierno palestino, van desde las cuestiones aduaneras y sanitarias hasta la estratégica coordinación en materia de seguridad. La estrecha cooperación entre la policía palestina y los servicios de inteligencia israelí ha contribuido a desarticular grupos armados que pretendían cometer decenas de atentados en Israel o en los asentamientos de Cisjordania, donde viven más de 400.000 colonos judíos. En medio de la progresiva ruptura de lazos entre ambas partes, la coordinación de seguridad ha seguido activa como uno de sus últimos vínculos.

El rais, que a los 83 años permanece al frente de la Autoridad Palestina desde 2005, ha elevado ahora el tono contra Israel al denunciar como “crimen de guerra” y “limpieza étnica” la destrucción de una docena de edificios en distintas fases de construcción en Wadi Humus, un distrito periférico del barrio de Sur Baher de Jerusalén Oriental.

A pesar de que Wadi Humus se encuentra en el sector bajo control israelí de la barrera de separación –muros, tapias o vallas– erigida a partir de 2002 en torno a Cisjordania, gran parte de su territorio está incluido en la denominada Área A –jurisdicción exclusiva palestina– de los Acuerdos de Oslo. “No nos rendiremos y no aceptamos vivir bajo la ocupación. Palestina no es una parcela inmobiliaria”, advirtió Abbas tras reiterar su rechazo al “acuerdo del siglo”: el modelo de plan de paz que no garantiza la solución de los dos Estados impulsado por el presidente de EE UU, Donald Trump.

La OLP ya acordó en marzo de 2015 romper la cooperación en materia de seguridad con Israel, y desde entonces varios órganos políticos palestinos han refrendado medidas de suspensión de otros acuerdos, pero estas decisiones nunca llegaron a aplicarse. Las relaciones bilaterales ya se encontraban en uno de sus puntos más bajos desde el pasado mes de febrero, cuando el Gobierno de Benjamín Netanyahu comenzó a retener parte de los tributos que recauda en nombre de la Autoridad Palestina de acuerdo con el Protocolo de París de 1994, por el que se regulan los vínculos económicos.

El primer ministro israelí sostiene que el Gobierno de Abbas paga con esos fondos ayudas a las familias de presos palestinos condenados en Israel por atentados o de autores de ataques ya fallecidos. Los 500 millones de shequels (128 millones de euros) bloqueados cada mes por el cobro de IVA o de aranceles aduaneros representan casi las dos terceras partes de los ingresos de la Autoridad Palestina, que se encuentra prácticamente en bancarrota. Sus 160.000 funcionarios solo están percibiendo ahora la mitad de su sueldo, mientras la deuda pública se ha duplicado en cinco meses hasta alcanzar los mil millones de dólares, según el Banco Mundial. El abultado déficit ha obligado además a dejar de remitir a los pacientes palestinos con cáncer o sometidos a tratamiento de diálisis a hospitales concertados en Israel, según acuerdos sanitarios hasta ahora vigentes.

El presidente palestino anunció también un giro en las tensas relaciones con el movimiento islamista Hamás, que gobierna de hecho en Gaza desde 2007 tras haber desalojado por la fuerza a la Administración dirigida por Fatah, el partido nacionalista que lidera de Abbas. El rais se mostró dispuesto a poner en marcha el Gobierno de unidad nacional pactado en El Cairo en 2017 con la mediación del Gobierno egipcio. “Mi mano sigue tendida para la reconciliación”, aseguró Abbas, quien en los dos últimos años ha recortado transferencias económicas a la Franja palestina para intentar forzar el colapso del Ejecutivo islamista, en una medida que agravado la miseria de los dos millones de gazatíes. Siete de cada diez habitantes del aislado enclave costero sobreviven gracias a la ayuda internacional.

El País

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