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Analistas recomiendan a AMLO un plan B para Pemex: el desplome de petroprecios acotará opciones

La caída internacional de los precios del petróleo ennegrece la posibilidad del próximo gobierno para invertir en gasto público y cumplir con sus promesas de campaña, por un lado. Por el otro, podría generar una baja en los precios de algunos petrolíferos a beneficio del consumidor en México, dijeron analistas consultados.

En lo que va de noviembre, la sobreoferta de petróleo y la falta de demanda en los mercados mundiales generó un efecto dominó que tumbó el valor del crudo por barril.

Esta semana, por ejemplo, los indicadores West Texas Intermediate (55.26 dpb) y Brent (65.18 dpb) adelantaron que 2018 cerrará con una caída de siete puntos porcentuales, respecto a los estimados de los últimos meses.

En nuestro país, al 15 de noviembre de este año, el precio estimado por Petróleos Mexicanos (Pemex) de la mezcla mexicana de exportación cayó a 60.58 dólares por barril. Esto es, su valor más bajo desde abril de 2018 (58.99 dpb).

“De acuerdo al comportamiento de los mercados petroleros internacionales, la expectativa para el primer semestre de 2019 es que siga existiendo una sobreoferta de crudo en el mundo, lo que hará que los precios continúen bajando, o por lo menos, que estén más bajos con respecto a lo que se experimentó en los primeros siete u ocho meses de este año”, dijo en entrevista Arturo Carranza, asesor energético de la consultoría Mercury.

“Con expectativas de petróleo bajos para 2019, lo que se podría esperar en México es que la mezcla mexicana cotice aún por debajo de los 60 dólares por barril que están cotizando actualmente”, abundó.

Pese a que el precio promedio anual del crudo mexicano es superior al de los últimos tres años, el desplome internacional, aunado a la incertidumbre en el sistema financiero por una iniciativa del Poder Legislativo para reducir y eliminar cuotas bancarias, cimbraron al tipo de cambio mexicano.

Hasta el 16 de noviembre, la paridad a 48 horas cotizó en 20.44 pesos por dólar, que es la cifra más baja desde junio de este año, según cifras del Banco de México.

Estos dos factores (precio del crudo y tipo de cambio) afectarán, a corto y a mediano plazos, la flexibilidad presupuestaria del Gobierno mexicano.

La paridad a favor del dólar reducirá, por un lado, el impacto positivo que la caída del precio del petróleo pueda generar para un país que depende de la importación de petrolíferos refinados (porque pagamos en dólares, y la conversión monetaria, nos desfavorece).

El precio a la baja del petróleo, por otro lado, tendrá un impacto directo en el diseño y la aprobación del presupuesto para los próximos años, ya que la quinta parte del gasto público está conformada por ingresos petroleros, además que su aporte al presupuesto federal es calculado –por adelantado– según el precio de referencia anual del petróleo.

“Uno no puede tener expectativas de que el gasto público se pueda incrementar […]. Los precios están cayendo y el diseño del presupuesto no te permite tener mayor gasto público. El nuevo gobierno tendrá menos recursos para cumplir con sus promesas de campaña”, explicó Carranza.

Aunque la devaluación del barril del petróleo manche los planes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no todo son malas noticias.

“Una disminución de precios en nuestra condición de país importador neto, es favorable [porque] forzosamente tendrán que reducirse los precios de las gasolinas y del diésel […]. Pero tenemos que estar exigiendo que los precios en nuestro mercado interno […] se ajusten a estas oscilaciones en las cotizaciones internacionales”, aseguró el doctor Fabio Barbisa Cano del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por el contrario, la doctora Miriam Grunstein Dickter, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, indicó que mientras la balanza de oferta y demanda internacionales siga desbalanceada, además de afectar la exportación de crudo mexicano –que también vale menos– los precios de los combustibles “no se volverán más baratos porque somos importadores masivos de gasolina” y hay factores de costo (paridad, transporte, precio por barril, robo de combustible, entre otros) que lo impedirán.

“Si vemos [la gasolina] más barata, es por intervención gubernamental y no por eficiencia, lo que es muy desafortunado”, sentenció.

Subsidiar la gasolina, que es considerado como una mala política económica puesto que favorece más a ricos que a pobres y fomenta el uso excesivo de combustibles fósiles, no es la opción para México.

En 2012, el Gobierno federal anunció la eliminación progresiva de los subsidios a los energéticos (gasolinas, gas LP y diésel) para lograr que, paulatinamente, los precios nacionales –que eran más bajos que en el resto del mundo– alcanzaran a los precios internacionales.

Como consecuencia, en 2013 “los subsidios a los combustibles en transporte cayeron a sus menores niveles (en términos reales) en una década y, para 2014, México fue capaz de cruzar la barrera y comenzar a generar impuestos positivos”, se lee en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

LAS OPCIONES DE AMLO

“Se estima que el precio promedio de la mezcla mexicana sea de 51 dólares por barril durante 2019 […]. La estimación se encuentra ligeramente por debajo del precio implícito en las cotizaciones de los mercados de futuros, que con base en las referencias de WTI y Brent muestran un precio promedio para la mezcla mexicana de aproximadamente 53 dólares por barril”, se lee en el documento “Pre-Criterios 2019” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El cálculo de la SHCP es fundamental, pues según la Ley de Ingresos de la Federación, es un parámetro que los presupuestos de ingresos y egresos deberán de tomar en cuenta para establecer la cantidad de fondos que el Gobierno federal podrá utilizar para sus gastos programable y no programable.

Si consideramos también que los ingresos petroleros representan entre el 16 y el 18 por ciento del total de los ingresos que recauda la Federación, “entonces disminuir esta proporción implica reducir el poco espacio que de por sí ya tiene la Secretaría de Hacienda para poder sustentar un gasto”, explicó a SinEmbargo Alejandro Limón Portillo, investigador de Energía y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Con el bolsillo herido, la ecuación se vuelve más compleja.

Si el Gobierno estima un precio menor al valor real internacional del petróleo, el presupuesto tendrá, por así decirlo, un “colchón” fiscal a favor. Por el contrario, si lo estimado es superior al valor real, el Gobierno estaría calculando gastos según ingresos que no estarían respaldados en los hechos, y por tanto, el gasto planeado tendría que cubrirse con la contracción de más deuda pública (como ha sucedido en los últimos años, lo que explica, en parte, los altos niveles de deuda nacional).

AMLO, no obstante, prometió que su administración no contratará más deuda y que la mantendrá en niveles saludables sin aumentar impuestos. Asimismo, el eje de su proyecto en materia energética es el de mejorar la capacidad de refinación nacional para fortalecer y aumentar la seguridad energética del país, así como acabar o reducir la dependencia energética con los Estados Unidos.

¿Qué opciones tiene AMLO? ¿De dónde saldrá el dinero si la deuda es equiparable a la mitad del Producto Interno Bruto (PIB); si sus intereses comprometen, en promedio, el 2.4 por ciento del PIB; y si el espacio de inversiones es menor al seis por ciento del PIB?

En finanzas públicas, espacio fiscal significa la suma de todos los ingresos presupuestales que se tienen, menos los gastos comprometidos que tiene el gobierno (pensiones, participaciones y aportaciones a los estados, salud, educación, entre otros).

“Esta resta entre ingresos presupuestarios recaudados y gastos comprometidos dejan un monto que es bastante acotado. Es equivalente al 3.1 puntos del PIB, que es relativamente poco para poder hacer política pública”, indicó Limón Portillo.

Por ello, el gran reto de López Obrador será “construir un presupuesto público que atienda la volatilidad de los mercados internacionales”, dijo el especialista energético Arturo Carranza. Esto implica apretarse el cinturón y evitar “la tentación” de calcular el presupuesto con expectativas altas de los precios del crudo, cuando su tendencia es a la baja.

Además, AMLO deberá evitar repetir la “más nefasta de las herencias del viejo régimen neoliberal”, que es el uso de recursos fiscales de la venta de materias primas para gasto corriente, señaló el doctor Fabio Barbisa Cano, experto en temas de petróleo.

En ese sentido, advirtió la urgente necesidad de una reforma fiscal a fondo para “reorientar” las fuentes de ingresos hacia inversión productiva (como lo es la transformación industrial). Añadió que el reto es mayúsculo ya que implica regularizar el cobro de impuesto a las empresas productivas, sea porque no pagan o no dan lo que en verdad les corresponde.

Desde el punto de vista de las políticas públicas vinculadas al sector energético, coincidieron los analistas consultados por SinEmbargo, la nueva administración tendrá que instrumentar medidas que impulsen la producción de petróleo (más del millón 900 mil barriles diarios que producimos en la actualidad).

En cuanto a los planes de construir al menos una refinería durante los primeros tres años de Gobierno de López Obrador, los analistas coincidieron en que sólo es una opción cuando existen recursos. Pero como la prioridad es aumentar la refinación para reducir importaciones y costos, la opción viable sería la modernización y mejora de las seis refinerías existentes.

“Un acierto sería complementar la inversión con inversiones privadas en exploración y producción de crudo. Eso te permitiría producir más y poder exportar más crudo y además tener un volumen adicional para inyectar a las refinerías y aumentar la producción de gasolinas”, dijo Carranza.

Sin embargo, apuntó que el problema será aclarar los planes de la nueva administración en materia de refinación, porque su programa energético incluye muchas inversiones públicas a pesar de que el gobierno no tiene la capacidad de invertir tanto dinero. Mientras no resuelvan eso, habrá incertidumbre.

Grunstein, por su parte, destacó la necesidad de impulsar la inversión de la iniciativa privada y evitar la “estatización” del sector productivo, que independientemente de los problemas de gestión que pueda causar, implica una inversión pública cuando no hay dinero.

Además, mencionó que Pemex tendría que ser dirigida por un hombre de negocios y no por un ingeniero agrónomo (Octavio Romero Oropeza). “No es cábala, es un negocio”, explicó.

¿Y LAS REFINERÍAS?

Construir una nueva refinería, o reconfigurar las seis que existen, “no te resuelve per se el problema [porque] va más allá de eso”, dijeron los expertos. Y según Limón Portillo, existen al menos tres factores indispensables, que hasta ahora, el equipo de trabajo de AMLO no ha tocado.

Primero, la reorientación fiscal del nuevo Gobierno tendrá que considerar que “el presupuesto destinado a Pemex Transformación Industrial ha ido disminuyendo considerablemente”. En los últimos ocho años, en promedio, ha crecido menos de uno por ciento anual, a pesar de que la cantidad de petróleo que Pemex Transformación tiene que refinar ha sido cada vez es mayor (pues existe más demanda por el aumento poblacional y el crecimiento económico).

Segundo, México ha venido aumentando su producción de petróleo crudo pesado, que es más difícil de refinar que el petróleo ligero. Por ello, explicó el analista del CIEP, “se requieren otros procesos, otras plantas y otros químicos para poder transformar el crudo pesado a crudo ligero y que entonces nuestras refinerías lo puedan operar”.

Si la nueva administración sólo construyera o mejorara refinerías, “sería un paso adelante en materia de seguridad energética, pero solamente tendrías un montón de acero […] ineficiente o inutilizado” por la cantidad de crudo pesado que no podría ser refinado.

En ese sentido, Limón aseveró que haría falta un mayor suministro de hidrógeno, mismo que sirve para quitar el sulfuro del crudo pesado, para poder hacerlo ligero y refinarlo. El problema es que la producción de hidrógeno depende del gas natural y su abasto, en México, es insuficiente. Ello nos obligaría a importarlo y a depender de Estados Unidos.

Tercero, el tema del Fondo Mexicano del Petróleo, que desde 2015 recibe, administra y distribuye los ingresos con que contribuyen los contratistas y asignatarios de contratos gubernamentales energéticos (o los ganadores de las licitaciones petroleras que están explorando, perforando y sacando hidrocarburos).

Las cuotas y derechos que pagan a la Federación y que alimentan al Fondo, pese a ser una opción “para hacer más sostenibles las finanzas públicas derivadas del petróleo”, son utilizados para gasto corriente (que no genera crecimiento en la economía).

“Aproximadamente, el 92 ó 93 por ciento de lo que se recauda en este Fondo petrolero se va al Presupuesto de Egresos de la Federación […] y puede terminar en cualquier tipo de gasto público. Tanto en un bache de la calle como en una perforación de un pozo de Pemex”, lamentó el especialista, que observa un área de oportunidad para obtener más recursos de inversión, con una orientación eficiente de este tipo de fondos.

Con un ajuste inteligente de los ingresos petroleros y no petroleros, inyectados con inversión privada, el margen de gasto de la administración lopezobradorista podría tener mejores posibilidades de sacar adelante proyectos como los de las refinerías, el Tren Maya, el pago de la deuda del aeropuerto que se canceló y la construcción de las nuevas pistas, el apoyo de pensiones de adultos mayores y el apoyo a los llamados “ninis”, sin la necesidad de contratar más deuda o subir impuestos.

Sin Embargo

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