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Argentina aplica un impuesto de hasta 15% a las rentas financieras

El Gobierno de Mauricio Macri ha sumado nuevos impuestos. Cuando el año próximo los argentinos presenten sus declaraciones de renta, deberán pagar entre un 5% y un 15% a las ganancias que hayan obtenido de sus inversiones en plazo fijo, títulos públicos y fondos de inversión. Los nuevos gravámenes surgen de una ley aprobada en 2017 a instancias de un sector del peronismo. Macri esperó hasta este jueves, al límite del plazo legal, para reglamentar la norma, paso necesario para su aplicación. En medio, resistió la presión de los mercados, que auguran que un impuesto a la renta financiera acelerará aún más la huida de los inversores y hundirá el valor de los bonos argentinos.

El nuevo impuesto a la renta financiera es retroactivo a enero de 2018 y grava las ganancias por intereses que superen los 66.000 pesos (unos 1.700 dólares). En el caso de los plazos fijos y bonos de inversión en pesos, el impuesto es de 5%. El porcentaje sube hasta el 15% si las inversiones fueron en dólares. Ya rige un impuesto, aplicado por el kirchnerismo, que grava la venta de acciones que no cotizan en Bolsa y las participaciones societarias. Pero seguirán exentos de cualquier gravamen las transferencias bursátiles y las ganancias ínfimas obtenidas por los intereses que los bancos pagan al dinero depositado en cuentas de ahorro. Tampoco pagarán las utilidades obtenidas por la diferencia de cambio de moneda extranjera, ya sean euros o dólares, un gran negocio en Argentina debido a la volatilidad del mercado de cambios.

No es la primera vez que Argentina grava las ganancias que no provienen del trabajo. Hubo un impuesto durante el último peronismo, en 1973, que gravó las rentas de “títulos, cédulas, bonos y letras de tesorería”, pero tuvo vida corta. El gobierno militar lo derogó en 1976 como parte de un amplio programa de reformas ultraliberales. También hubo un impuesto similar durante la presidencia de Fernando de la Rúa, en 2001, limitado a la compra/venta de acciones pero que apenas tuvo vigencia. En medio de la debacle financiera de diciembre de aquel año, el fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá determinó que en 2002 esas operaciones ya no estarían gravadas. El kirchnerismo reflotó parte de aquel impuesto para las acciones que no cotizan. Y ahora el macrismo lo extendió a la mayor parte de las operaciones financieras.

Para los mercados ha sido una sorpresa que haya sido Macri, un presidente amigo de los mercados, el que aplica este nuevo impuesto. Sobre todo, porque el escenario no parece ser el mejor. Cuando se discutió la norma, a finales de 2017, la economía estaba aún en crecimiento, la inflación estaba en baja y el tipo de cambio parecía bajo control. Eran los tiempos en que los inversores apostaban por los títulos argentinos. Pero todo ha ido cuesta abajo desde entonces. El peso se ha depreciado más de 50% desde entonces y el Gobierno se ha visto obligado a pagar hasta 70% de tasa para evitar la huida de las inversiones en pesos hacia el dólar. La inflación, en tanto, será este año estará cerca del 50%

Es justamente la inflación lo que pone en entredicho al nuevo impuesto. Los plazos fijos, por ejemplo, han rendido este año menos que la subida de los precios y, por lo tanto, el gravamen se aplicará sobre una suma de dinero que no ha sido una ganancia real. La reglamentación de la ley no descuenta la desvalorización del dinero extra obtenido por los intereses. Una particularidad argentina, en tiempos de investigaciones judiciales por corrupción: el reglamento firmado por Macri y publicado en el Boletín Oficial aclara que las empresas no podrán computar los pagos de sobornos como pérdida en sus balances.

El País

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