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Colombia busca la verdad de la guerra en Arauca

“La verdad es con los líderes”. El mensaje resuena en la plaza central de la fronteriza Arauca, en los llanos orientales de Colombia, una de las regiones más golpeadas por medio siglo de conflicto armado, donde el público completa la frase que lanza desde la tarima el artista de turno en una suerte de catarsis colectiva. “Yo pongo la cara por Magdalena Cocubana”, una líder indígena de 72 años degollada a comienzos de septiembre en la cercana población de Tame, afirma uno de los asistentes en otro emotivo pasaje de ese acto cultural cargado de simbolismo.

El concierto del pasado jueves marcaba el cierre de la jornada del segundo Diálogo por la No Repetición, que la Comisión de la Verdad –surgida de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC– organizó en la capital del departamento del mismo nombre. El evento, al que asistió EL PAÍS por invitación de la Comisión, estuvo dedicado a explorar las causas y los responsables del incesante asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, como Magdalena, a lo largo y ancho del país. Con cerca de 500 crímenes desde la firma de la paz, una veintena de ellos en Arauca, el fenómeno amenaza la implementación de un pacto arduamente negociado y extraordinariamente complejo.}

“Se siguen asesinando los líderes sociales porque es la manera de callar la voz del pueblo”, aseguró previamente, durante la discusión pública, Francisca Aidee Castillo, de la Instancia Especial de Género, que trabaja en proyectos de sustitución de cultivos ilícitos en los que los campesinos y excombatientes cultivan Sacha Inchi –conocido como el maní de los incas– en el departamento. A su lado estaban sentados otros representantes de organizaciones sociales, funcionarios, un líder de las FARC –hoy desarmadas y convertidas en partido político– y un miembro de la Fuerza Pública, entre otros, mientras los comisionados tomaban atenta nota de la discusión. “No somos guerrilleros. El arma de los líderes sociales es la palabra. Hago un llamado para que bajemos la estigmatización”, clamó Castillo.

La Comisión, que comenzó en 2018 sus tres años de mandato con el propósito de entregar un informe final que dignifique a las víctimas y arroje luces sobre la barbarie, ya está desplegada en los territorios de la Colombia profunda. Sin embargo, los comisionados aún no aventuran respuestas, pues con eventos como los Diálogos por la No Repetición o los Encuentros por la Verdad se encuentran todavía en una fase de discusión pública y social alrededor de las preguntas difíciles que el país debe encarar para entender la violencia que ha padecido. Sus interpretaciones sobre un conflicto que ha dejado más de ocho millones de víctimas vendrán más adelante.

“Arauca es un departamento con un nivel muy alto de organizaciones sociales muy sólidas, de mujeres, de campesinos, de indígenas. Tener este diálogo aquí es un reconocimiento a ese nivel organizativo, y a la capacidad de que esas organizaciones continúen aún en medio de condiciones difíciles”, explica el comisionado Saúl Franco, un médico que ha investigado exhaustivamente la violencia y su impacto en la sociedad. “La Comisión tiene consciencia de que en Arauca el conflicto no ha parado”, reconoce.

En un país de regiones diversas, Arauca ha sido históricamente invisible por cuenta del centralismo, reclaman desde el territorio. Es escenario de la extraordinaria complejidad que entraña la búsqueda de la verdad. Aquí confluye la fragilidad del Estado, la persistencia del conflicto armado y, ahora, la crisis migratoria por la llegada masiva de venezolanos. La guerra que Colombia no consigue terminar de extinguir aún arde en este departamento petrolero, atravesado por dos oleoductos, que limita con el estado venezolano de Apure. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa, mantiene una notoria presencia, que todos comentan en voz baja.

Esta semana, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, denunció por enésima ocasión que tanto el ELN como algunas disidencias de las FARC encuentran cobijo del otro lado del río Arauca, la línea limítrofe. “En los últimos tres años, los grupos armados ilegales han pasado de tener una retaguardia estratégica a constituir un enclave criminal en Venezuela, con el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro”, sostuvo ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Arauca ha sentido los embates de todos los actores armados. Con el cambio de siglo sufrió la sangrienta arremetida de los grupos paramilitares, y después un feroz enfrentamiento entre las FARC y el ELN hasta entrada esta década. Por largos años, presidir una junta de acción comunal equivalía a colgarse una lápida, recuerdan los lugareños. Un tercio de los cerca de 300.000 habitantes del departamento forman parte del registro nacional de víctimas.

Después de la firma del acuerdo con las FARC, y mientras se mantenía abierta una ventana de negociación con el ELN –cerrada en enero tras el atentado contra una escuela de la policía en Bogotá–, los araucanos saborearon fugazmente la paz. Pero esa ilusión duró muy poco. Aunque ninguno de los líderes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el departamento han retomado las armas, persisten la violencia sexual, el reclutamiento forzado y la extorsión. En el primer semestre de 2019, Arauca fue la región más impactada al concentrar el 20 por ciento de las acciones de los grupos armados ilegales, especialmente del ELN, de acuerdo con el análisis de la Fundación Ideas para la Paz. En lo que va del año, más de un centenar de civiles han sido asesinados, y de ellos más de 20 con señales de tortura.

Ese deterioro de la seguridad mina la confianza y aumenta el sentido de desesperanza, lo que se convierte en un obstáculo extraordinario para la implementación de los acuerdos. “Por eso estamos empeñados en contribuir a que esto pare definitivamente”, afirma el comisionado Franco. La Comisión, recuerda, se ha propuesto darle voz a quienes no la tienen.

El País

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