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Colombia reconoce la incansable búsqueda de los familiares de desaparecidos

“Por nuestros desaparecidos ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha”. Los lemas corales que repiten las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, como si fueran mantras u oraciones, retumbaron en las plazas, teatros y auditorios de Pasto, en el departamento de Nariño, en el sur occidente de Colombia, intercaladas con consignas para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz. Frases desgarradoras como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “insistir, resistir y persistir” o “ustedes cierran los ojos y olvidan, nosotros cerramos los ojos y recordamos a nuestros seres queridos”.

La desaparición es uno de los peores crímenes de cualquier guerra, un duelo suspendido, congelado en el tiempo. Durante esta semana, la Comisión de la Verdad organizó en la capital de Nariño, uno de los departamentos más golpeados por medio siglo de conflicto armado, su segundo Encuentro por la Verdad, un reconocimiento a la persistencia de las mujeres y familiares que buscan personas desaparecidas. Muchas lo han hecho a lo largo y ancho del país durante años, e incluso décadas, metiéndose en la boca del lobo, dejando de lado sus propios proyectos de vida, superando la indiferencia, cruzando ríos, montañas y hasta fronteras.

“Es un dolor incesante, duele el corazón, duele el alma. Es la desesperanza, la incertidumbre al no saber dónde, qué pasó, por qué. Es impotencia, frustración, ante la búsqueda infructuosa, desesperación al ver cómo pasa el tiempo y no se sabe nada. Se sufre un desgaste emocional. Se ve afectada la capacidad del disfrute de la vida”, detalla Martha Oviedo, nieta del líder campesino Faustino López Guerrero, desaparecido en 1984 por grupos paramilitares en Puerto Boyacá, en el centro de Colombia.

“La peor crueldad que se inventaron estos actores es ocultar a las personas, es la peor tortura. Se reseca el alma, usted no puede hacer su duelo, es matar a una familia en vida”, dice Luz Dary Santiesteban, que busca desde 1998, sin pistas sobre los responsables, a su hermano Luis Alberto y a su primo Pedro Manuel. Ella forma parte de Madres por la Vida, una organización que visibiliza la desaparición forzada en el municipio de Buenaventura, un puerto sobre el Pacífico que se hizo tristemente célebre por las ‘casas de pique’, lugares donde torturaban y descuartizaban personas.

Los testimonios dolorosos deberán repetirse a lo largo de los próximos dos años, al cabo de los cuales la Comisión presentará un informe final que dignifique a las víctimas e identifique y comprenda los hechos de violencia más graves.

Con las fotos de sus seres queridos, ya sean impresas o estampadas en sus camisetas, las buscadoras han caminado por cementerios y ríos, por montes y ciénagas, por cárceles y juzgados de Colombia, como recordó la comisiona Marta Ruiz durante el acto solemne que sirvió de cierre a las intensas jornadas con obras de teatro, marchas, conciertos y conversatorios. “Se han revelado contra la dictadura del negacionismo y el olvido, contra el cinismo y las justificaciones, le han dado a Colombia y al mundo una lección de humanidad”, afirmó ante más de 300 víctimas de todo el país. “Que los desaparecidos no sean de los familiares, sino de toda la sociedad colombiana”, la complementó Luz Marina Monzón, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Las dimensiones del fenómeno son estremecedoras. En más de medio siglo de conflicto armado, la democracia en Colombia sumó más desaparecidos que todas las dictaduras del cono sur. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que lleva años apoyando a los familiares, considera la búsqueda de desaparecidos como el reto de más largo aliento para un país que busca pasar la página de la violencia. Aunque no hay cifras precisas, el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene más de 80.000 registros, y tanto desde la Comisión como desde la Unidad de Búsqueda calculan que son en total más de 100.000 casos que involucran a todos los actores armados, guerrillas, paramilitares y agentes del Estado.

Esa larga lucha consiguió que en el acuerdo de paz que sellaron a finales de 2016 el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC se incluyera la creación de un mecanismo dedicado a la búsqueda de los desaparecidos. En medio de algunos tropiezos y formidables obstáculos, Colombia se asoma a una verdad dolorosa y reparadora. El pacto contempla un Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. A pesar de sufrir recortes presupuestales, sus tres componentes están en marcha: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión y la Unidad de Búsqueda.

La Comisión debe navegar en medio del clima de confrontación ideológica que ha caracterizado al país en los últimos tiempos, y las tensiones entre las diferentes organizaciones de víctimas son palpables. En las galerías con las fotos de desaparecidos dispuestas en la céntrica Plaza de Nariño, a pocos pasos de la carpa del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) estaban las de los familiares de militares. “Estos eventos siempre remueven las emociones y el dolor, pero a la vez es fortalecedor ver que hay otras familias que han sufrido ese mismo flagelo”, afirma Luz Helena Galeano, quien lleva 11 años buscando a su esposo desparecido en la Comuna 13 de Medellín por la fuerza pública y grupos paramilitares.

Los dos primeros Encuentros por la Verdad –espacios que buscan comprender los daños del conflicto y las diversas formas de resistencia de las víctimas– han tenido un marcado acento femenino. El primero estuvo dedicado el pasado junio, en Cartagena, a las víctimas de violencias sexuales, que son mayoritariamente mujeres. “Hemos exaltado el papel de lo que significa ser mujer víctima, sobreviviente, buscadora, porque precisamente han sido los roles más invisibilizados”, explica la comisionada Alejandra Miller. Las mujeres han tenido un papel político, insubordinado, y eso vale la pena resaltarlo, señala. Vendrán otros reconocimientos a otras víctimas.

El País

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