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Impunidad a “Kiko” Vega, entrega de cargos públicos y “sobornos” millonarios, a cambio de la “Ley Bonilla”

La noche del lunes 8, a puerta cerrada, resguardados por elementos de seguridad y con cédulas de votación secreta, 21 diputados del Congreso de Baja California –integrado por 25 legisladores de ocho partidos, y con mayoría panista– aprobaron en sesión extraordinaria una reforma constitucional que amplía de dos a cinco años el periodo de Jaime Bonilla Valdez, el morenista gobernador electo.

En esa sesión, después de aprobar por unanimidad la reforma, Carlos Montejo Oceguera, colaborador y amigo del gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid, fue nombrado auditor superior del estado, permanecerá en el cargo hasta 2026 y será quien audite los tres últimos años de gobierno del panista.

Como parte de la negociación se incluye el “manto de impunidad” para el gobernador Vega de Lamadrid y funcionarios de primer nivel, además de otros cargos públicos, aparte de la Auditoría Superior del Estado, entregada al PAN, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al PRI, dice Víctor Alejandro Espinoza, investigador de El Colegio de la Frontera Norte.

“Las bancadas no votan de manera independiente, salvo alguna excepción, como fue el caso de Miguel Osuna. La bancada del PAN es controlada por Kiko Vega. A renglón seguido de la votación se aprobó al auditor, gente cercana al gobernador”, reflexiona Espinoza para sustentar su afirmación de que los “diputados fueron comprados”.

Un tema tan delicado como el periodo de la nueva gubernatura se consulta con la dirigencia del PAN, dice el sociólogo y analista político, quien considera que “ante el aluvión de críticas locales y nacionales” tanto el gobernador como las dirigencias “se lavan las manos”, pidiendo que se queme en leña verde a unos diputados que no se atreven a dar la cara y a decir lo que pasó.

“Casualmente los únicos culpables son la banda de 21. ¿No parece extraño? Y ahora sus dirigencias los desconocen; son los malos de la película. Pero los beneficiados con esta negociación son Kiko y Bonilla”, observa.

El diputado priista Benjamín Gómez Macías, quien en su carácter de presidente del Congreso del Estado convocó a esta sesión extraordinaria nocturna, es el mismo legislador que el pasado 31 de mayo denunció en conferencia de prensa que funcionarios federales cercanos a Bonilla lo presionaban e intentaron sobornarlo con 1 millón de dólares, justo para que convocara a una sesión con estas características a fin de reformar el Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado, aprobado en decreto 112 con fecha 11 de septiembre de 2014, el cual establecía hasta el pasado lunes 8 que el periodo de la próxima gubernatura, por única ocasión, sería de dos años.

“El Congreso del Estado quedó bajo sospecha”, dijo el senador panista Ernesto Ruffo Appel y conminó a los diputados de su partido a aclarar su situación, “para que no carguen con la sombra de la duda toda la vida”.

Sin argumentos ni debates, silenciosos y con rostros desencajados –como se aprecia en los videos del Congreso–, los diputados del PAN, PRI, Morena, PRD, PT, Transformemos y MC, caminaron la noche del lunes 8, uno a uno, hacia la urna a depositar su voto en pro de la reforma constitucional que favorece al morenista.

Miguel Osuna Millán, del PAN, fue el único que pidió la palabra. Esta reforma, dijo, debió presentarse en la legislatura que se instalará el 1 de agosto con holgada mayoría de Morena y sus aliados. Su protesta no alcanzó para que votara en contra. Anuló el voto.

“No hay espacio para discusiones ni debates estériles, ni motivos para detener la marcha de nuestra historia”, declararía el martes 9 Víctor Manuel Morán Hernández, el diputado de Morena más cercano a Bonilla, que presentó la propuesta de reforma al artículo Ocho Transitorio de la Constitución del Estado, para ampliar de dos a cinco años la nueva gubernatura en el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2024.

La mayoría de los diputados, aseguraron algunos de ellos, fueron convocados a la sesión extraordinaria sin ser informados del orden del día. Creían, incluso, que se preparaba un albazo para designar a quien será el fiscal estatal en la próxima administración: el abogado Juan Guillermo El Titi Ruiz Hernández, toda vez que la procuradora Perla del Socorro Ibarra anunció su decisión de renunciar esta semana.

Ruffo recibió información de que “se pretendería aprobar la reforma constitucional para ampliar el plazo de la próxima gubernatura” y supuso que algunos panistas votarían a favor, pero su sorpresa fue mayúscula cuando se enteró de que votaron 21 de 25 legisladores “en una resolución que a todas luces jurídicamente es improcedente”.

“Esto te lleva a especular que algo hay atrás”, dijo el primer gobernador de oposición en el país, que ganó en Baja California en 1989.

Cuando Cuauhtémoc Cárdenas hizo el llamado a los bajacalifornianos y a todos los mexicanos a defender el orden republicano y la democracia, protestando contra el intento de Bonilla de prolongar el periodo de su gobierno, aseguró que en Baja California se había dado un “albazo legislativo” en el momento en que 21 diputados locales, “muy probablemente debidamente aceitados”, votaron la prolongación de dos a cinco años del periodo del nuevo mandatario.

“Si hubiese moral y no estuviese detrás de la maniobra”, agregó Cárdenas, “pediría al senador con licencia y gobernador electo Jaime Bonilla que declare públicamente su rechazo a la reforma y su compromiso de cumplir el periodo de dos años para el que fue elegido. Ni un día más”.

En la presentación de la propuesta de reforma, Morán destacó la necesidad de que el nuevo gobierno pueda desarrollar proyectos de largo alcance, atender problemas acuciantes de la sociedad, como la seguridad pública y, en el aspecto económico, ahorrar al estado unos 500 millones de pesos, que de otro modo tendrían que invertirse en la elección de 2021.

“Los diputados que endeudaron al estado con los contratos de Asociaciones Públicas Privadas, con más de 80 mil millones de pesos, son los mismos que nos dicen que para ahorrar hay que cancelar la elección de 2021 y ampliar el periodo de gobierno a cinco, cuando hace más de un mes se produjo la elección donde votamos los bajacalifornianos para un gobernador por un periodo de dos años”, comenta el excandidato perredista a gobernador Jaime Martínez Veloz.

Agrega que la reforma aprobada por el Congreso del Estado “es anticonstitucional, inmoral, absurda y busca consolidar las ambiciones y el saqueo de nuestros recursos naturales, a través de las acciones diseñadas estratégicamente por Bonilla y su banda de pillos trasnacionales”.

Cuando se le pide su opinión sobre la reforma aprobada por el Congreso, Bonilla responde que no es abogado y reitera que extender el plazo de la gubernatura no es ambición ni capricho personal.

Propuesta indecorosa

Gómez Macías, presidente del Congreso del estado, el pasado 31 de mayo en entrevista con este medio acusó a Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación y extitular de la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda, y también a Alejandro Miramontes Armenta, director de la Aduana en Mexicali, de extorsión e intento de soborno al ofrecerle 1 millón de dólares para que convocara a una sesión extraordinaria y convenciera a un grupo de legisladores de abrogar el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 constitucional que ordenaba, por única ocasión, que la gubernatura sería de dos años.

“Los responsabilizo de cualquier circunstancia que me pueda suceder a mí o a mi familia”, advirtió en esa ocasión.

Ahora el diputado priista votó a favor de la reforma bonillista junto con los otros cuatro legisladores de la bancada del PRI.

Daniel Solorio Ramírez, maestro en derecho constitucional, dice en entrevista que la Procuraduría de Justicia del Estado debe emprender una investigación de oficio sobre este caso, y al primero al que debería interrogar es a Gómez Macías, para que diga cómo fue que habiendo dado la voz de alarma unas semanas ante hechos que consideró indebidos, ahora los aprueba votando en bloque con su bancada.

Martínez Veloz coincide en la necesidad de abrir una investigación. “¿Dónde estaba la Fiscalía Especializa en Delitos Electorales? ¿Quién se hizo pato con esta denuncia?”, pregunta.

El fuerte golpe político a la pretensión del gobernador electo de Baja California de prolongar su mandato fue propinado el martes 9 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando en conferencia de prensa durante su gira de trabajo por Tepic, ante el rechazo que la “Ley Bonilla” ha generado en diversos sectores de la sociedad, dijo que él no se mete en nada “chueco.”

Si me lo hubieran consultado, como se hacía antes, habría rechazado la ampliación del periodo de gobierno en Baja California, aseguró el presidente.

El mandatario reiteró que no tiene injerencia en esta reforma. Conminó a todos a esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal. “Yo les aseguro que nada que sea injusto, porque no se permite, va a prosperar”, concluyó.

Son cuatro los partidos que interpondrán acciones de inconstitucionalidad contra la reforma de Bonilla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación: PAN, PRI, PRD y MC.
Ante el alud de reacciones adversas que está desatando en la entidad y en todo el país la reforma impulsada por Morena en el Congreso local, Martínez Veloz dice: “Somos ejemplo nacional de la pendejez”.

Proceso

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