Falta de transparencia en contratos de arrendamiento de plataformas petroleras y modificaciones de cláusulas que representan desventajas para Petróleos Mexicanos (Pemex), así como disminución en el monto de las penalizaciones por incumplimiento y demora en el pago de los mismos por parte de las empresas contratadas y la falta de registro de personal son las principales irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la renta de tres equipos que la empresa productiva del Estado hizo durante 2014 para tareas de exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas natural en aguas profundas y ultraprofundas. “Falta transparencia en el proceso de negociación de los contratos”, sentenció el órgano fiscalizador.
En ese año, Pemex Exploración y Producción (PEP) contaba con 63 plataformas (54 autoelevables y 9 sumergibles), contratadas a particulares para incrementar las reservas y niveles de producción de hidrocarburos. El 69.8 por ciento de las plataformas , es decir 44, las consiguió por adjudicación directa y las restantes 19 mediante licitación pública internacional, destacó la ASF.
Refirió que el predominio de la contratación directa obedece a la estrategia que adoptó Pemex para garantizar su contratación y conseguirlas con oportunidad en el mercado exterior ya que son equipos que tienen poca disponibilidad y alta demanda a nivel global.
Sobre el tema, la ASF auditó una muestra de 3 mil 251 millones 805.9 mil pesos, lo que representa 37 por ciento respecto al pago que hace dos años Pemex hizo por tres contratos adjudicados directamente a igual número de arrendarores: “los más representativos en las operaciones vinculadas a 13 contratos de arrendamiento de plataformas en aguas someras (profundidades menores a 500 metros) y ultraprofundas (profundidades mayores a mil 500 metros)”.
El mayor monto, 2 mil 331 millones 915.6 mil pesos que concentra 71.2 por ciento de toda la erogación auditada, fue para la plataforma La Muralla IV, cuyo periodo de arrendamiento inició desde 2012 y concluye en marzo de 2018. Otros 507 millones 460. 9 mil pesos se ejercieron para la plataforma West Intrepid y los restantes 412 millones 429.4 mil pesos para la plataforma West Obero, ambas contratadas desde febrero 2014 y hasta el año 2020.
La ASF puntualizó que “Pemex Exploración y Producción realizó modificaciones al clausulado de los contratos para el arrendamiento de plataformas que representan desventajas, como la disminución en el cobro de penalizaciones de 10 a 1.9 por ciento, sin penalizaciones y plazos para las correcciones de anomalías no impeditivas y sin contar con evidencia de los acuerdos en la dirección general”.
Además de la reducción de penalizaciones, hubo un desfase de 2 a 250 días en la atención de anomalías de riesgo, el PEP demoró hasta 421 días par realizar el cobro de la penalización por 198 días de atraso en el arrendamiento de una de las plataformas y las empresas no informaron a las autoridades competentes ni registraron en sus libretas de mar e identidad marítima a 46 personas que subcontrataron, abundó.
La auditoría terminó el 18 de noviembre de 2015 y la ASF emitió 6 observaciones a Pemex, las cuales a su vez generaron 7 recomendaciones, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y 3 pliegos de observaciones.
Si bien la ASF señaló que “en términos generales, Pemex Exploración y Producción, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”, enlistó cuatro excepciones que involucran en conjunto la aplicación de penalizaciones por 25 millones 250.2 mil pesos, que consideró recuperables.
“No se proporcionaron los acuerdos de la dirección general de PEP para realizar las modificaciones de los contratos de arrendamiento de las plataformas West Intrepid y West Obero, lo que denota falta de transparencia en el proceso de negociación de los contratos”, sentenció. La subsidiaria de Pemex tampoco cuenta con registro de 46 personas subcontratadas y no aplicó las penas convencionales por 23 millones 90.7 mil pesos, ni de otros 2 millones 159.5 mil pesos por la falta de aplicación de penalizaciones por retrasos de las empresas para el arrendamiento de las plataformas y por la recuperación de pernoctas que les fueron pagadas en exceso.
La ASF consideró como “recuperaciones probables” al 96.2 por ciento de los 25 millones 250.2 mil pesos mencionados, ya sólo 3.8 por ciento, equivalente a 934.4 millones, eran recuperaciones ya efectuadas u “operadas”.
Fuente: Jornada
